La energía hidroeléctrica se ha considerado hasta ahora una fuente de energía fiable y flexible. Pero el cambio climático podría significar su fin.
Hasta 2019, más de la mitad de la electricidad renovable del mundo se generaba a partir de la energía hidroeléctrica, según la red Ren21, con sede en París. Pero las sequías están provocando las mayores caídas en la generación de energía hidroeléctrica en décadas.
El sur de Brasil, donde nace el río Paraná, sufre desde hace tres años una grave sequía que afecta también a Paraguay y Argentina. Los niveles de los embalses del centro y el sur de Brasil han descendido más de la mitad y en la actualidad están en cerca de un tercio de su capacidad. Dado que Brasil obtiene casi un 60% de su electricidad de la energía hidroeléctrica, el país podría enfrentarse a un apagón.
El dilema de los combustibles fósiles
Para evitarlo, las autoridades brasileñas están reactivando las centrales eléctricas que funcionan con gas natural, volviendo a hacer crecer las emisiones de gases de efecto invernadero, al igual que los precios de la electricidad. Algo similar está ocurriendo en Estados Unidos. Allí, California permite a la industria y la navegación generar energía con diesel. También se permitirá a las centrales de gas quemar más combustible. En México se reporta la fuerte reducción del nivel de las aguas en 210 represas en marzo de 2021.
Pero no solo la sequía, sino también las lluvias torrenciales y las inundaciones pueden paralizar la generación de energía hidroeléctrica. Recientemente, el ciclón Idai (uno de los peores ciclones tropicales de los que se tiene constancia en África y en todo el hemisferio sur) dañó dos importantes centrales hidroeléctricas en Malaui en marzo de 2019, lo que provocó el colapso del suministro eléctrico.
Su casi homónimo, el huracán Ida, dejó sin luz a un millón de personas en el Sur de EE.UU.
En varios países de África, la energía hidroeléctrica representa más del 80% de la generación de electricidad, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Pero según un estudio de la Universidad de Naciones Unidas, las represas tienen una vida útil de entre 50 a 100 años. El desgaste aumenta el peligro de roturas.
Inundación de las riberas del Altenahr, Alemania. Aquí el 19 de agosto de 2021
Advertencias contra la expansión de la energía hidroeléctrica
Ya a partir de 25 ó 35 años, los costos de mantenimiento encarecen las centrales hidroeléctricas, concluyen los autores. Otro factor que no habla en favor de la expansión de la energía hidroeléctrica en los países de desarrollo.
Las centrales hidroeléctricas no solo suelen interferir masivamente en el ecosistema, sino que también pueden convertirse en un peligro para las personas, dice Thilo Papacek, de la ONG «Gegenströmung”.
Esto se debe a que las represas no solo dificultan la migración de peces, sino el transporte de sedimentos aguas abajo. «Sin la acumulación de sedimentos en las riberas, el cauce de un río se hunde cada vez más en el paisaje detrás de la presa. En caso de lluvias intensas, puede desarrollar una fuerza enorme, sobre todo si los embalses tienen que abrirse para evitar un desbordamiento. Un grave riesgo para la población.
«Es cierto que no podremos prescindir de la energía hidroeléctrica en el futuro», reconoce Klement Tockner, profesor de Ciencias del Ecosistema en la Universidad Goethe de Fráncfort. «Pero las preguntas son: ¿dónde y cómo construiremos y operaremos las centrales hidroeléctricas en el futuro?»
Las represas no deben cambiar la velocidad del flujo natural
Según Tockner, las nuevas centrales tendrían que construirse de forma que los ríos siguieran siendo lo más permeables posible, tanto para las masas de agua durante las crecidas como para los peces y los sedimentos. La gestión de las instalaciones también debe imitar la dinámica natural y no cambiar la velocidad del flujo natural. Stefan Uhlenbrook, hidrólogo del Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI) cree que «si es necesario, hay que devolver los sedimentos mecánicamente al curso del río”.
Las grandes plantas tienden a ser cada vez más ineficaces debido al cambio climático, explica Uhlenbrook. Básicamente, las centrales hidroeléctricas deben ser más pequeñas y el suministro más descentralizado.
Más turbinas flexibles, menos grandes represas
Las denominadas turbinas de flujo, que se cuelgan en medio de un río y generan electricidad a partir de la velocidad del flujo del agua, son especialmente permeables. También funcionan con niveles de agua bajos, no requieren grandes obras y son adecuadas para zonas remotas, pero no pueden abastecer a zonas urbanas.
La central eléctrica de pozo de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), que según sus datos también está autorizada para las reservas naturales, promete un alto grado de continuidad y seguridad ante las inundaciones. Una planta piloto en el estado de Baviera, al sur de Alemania, abastece a unos 800 hogares.
Pero las nuevas tecnologías no ayudarán por sí solas a combatir la amenazante sequía. «Podemos reducir los efectos de las sequías cambiando el uso del suelo. Los bosques naturales almacenan mucha agua, que luego liberan durante los periodos de sequía; tenemos que ver cómo podemos reducir tanto las sequías como las inundaciones con medidas respetuosas con la naturaleza», apunta Tockner. Lo que está claro, sin embargo, es que «en vista del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, la energía hidroeléctrica ya no será más una fuente de energía fiable».
Y el hidrólogo Uhlenbrook nos recuerda un aspecto que, en su opinión, se ignora con demasiada frecuencia: «Por encima de todo, debemos centrarnos en ahorrar la mayor cantidad de energía posible».
Comentario de AgendAR:
Esta nota, original en alemán y traducida para la edición en castellano de Deutsche Welle, refleja con claridad lo que ha sido llamada la «superstición antinuclear» de Alemania (que no es exclusiva de ese país, por cierto).
Pero allí en 2022 se cierran las 3 últimas de las 18 grandes centrales nucleares del país. El lado bizarro es que tanto ambientalismo duplicó la huella de carbono de Alemania: daban generación «de base» (24×7 a plena potencia casi todo el año), cosa que la enorme inversión sustitutiva alemana en parques eólicos y solares no logró jamás porque el viento y el sol son recursos intermitentes y además, en ese país nuboso y de baja insolación, impredecibles.
Eso llevó a Alemania, que no tiene gas en suelo propio, a reabrir sus enormes minas de carbón, el más contaminante y menos eficiente de los combustibles fósiles. Así, en nombre de la ecología, los alemanes pasaron a tener un parque de generación más bien propio del siglo XIX que del XXI.
Pero como las centrales de carbón que sustituyeron a las nucleares no dan abasto, los alemanes deben importar electricidad de base desde Polonia (también producida con carbón). Hace una década, el deterioro medio de calidad de aire resultante de esto ya estaba matando -en general de hipertensión arterial y EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- a 1800 ciudadanos/año por sobre la media esperable.
Hubo otros costos. El precio final de la electricidad al consumidor alemán se duplicó, medida contra la de Francia, donde el 71% de la producción eléctrica es nuclear. Pero como aún así la demanda eléctrica alemana insatisfecha seguía en rampa, se empezó a importar electricidad francesa… que es mayormente nuclear. A este modelo se le da el nombre de «Energiewemde» (transición energética), y Alemania quiere exportarlo con un entusiasmo evangelizador. Sin imitadores, hasta ahora.
Las críticas de los hidrólogos a la hidroelectricidad como panacea libre de emisiones de carbono para la provisión de base son legítimas. Sobre todo, en un país donde el desarrollo de este tipo de centrales cumple siglo y medio y ya no cabe una represa más… salvo que se construyan nuevos ríos (es un chiste malo).
Las centrales «hidro» no se pueden poner en cualquier lugar de cualquier río. Los sitios ideales son las cabeceras de cuenca en zonas montañosas, donde hay orillas de piedra capaces de almacenar agua para capear los años de sequía. Las centrales hidro en terreno abrupto logran buenas combinaciones de caudal y pendiente, y el agua no suele tener sedimentos que puedan acumularse a pie de cierre e ir cegando las turbinas. Pero en Alemania -y en toda Europa Occidental- tales sitios están explotados al 100% desde el siglo XX.
Las turbinas sin cerramiento ancladas en los fondos fluviales, incluso en ríos de llanura, son el único frente donde Alemania todavía se puede permitir nueva construcción. Pero estas máquinas «de alta permeabilidad», o «no obstructivas», no dan la potencia concentrada de las de cierre. Y además no se las puede construir en las baguadas (cauces profundos) de los ríos de llanura, porque interferirían la navegación, que en Alemania es el espinazo del transporte pesado. Relegadas a los márgenes de los cauces, no es mucho lo que se puede construir ni la potencia que pueden generar.
La verdad es que Alemania se metió en un brete cuya única salida es la lenta reapertura de las centrales nucleares, la mayor parte de las cuales, a partir de 2011, año del accidente nuclear de Fukushima, se cerraron con premura, cuando todavía tenían bastante vida útil planificada. Pero según viene la política en Alemania, eso por ahora sólo lo proponen los partidos xenofóbicos de ultraderecha.
A los expertos en energía de los partidos de la industria, el centro cristiano y la socialdemocracia, ya les cayó la ficha hace una década, sobre todo cuando les llega la cuenta de gas ruso, que viene con exigencias geopolíticas respecto de la OTAN y de Ucrania. Pero no se atreven a abrir la boca por no ser llamados nazis. Y los verdes, contradictoriamente, viven felices quemando carbón ajeno y propio como en tiempos del Káiser Guillermo.
La estrategia hidroeléctrica argentina hasta tiempos de Alfonsín se había trazado durante los gobiernos anteriores, mayormente durante el gobierno de Arturo Illia y luego cuando el ciclo militar Onganía-Levingston-Lanusse. Tenía su lógica: la de no poner todos los huevos en la misma canasta climática.
Los ríos represables originados en los oasis andinos, el Juramento, el Salí, el Diamante, el Dulce y el Atuel, dependen de nieves lejanas que los climatólogos hasta bien entrados los años ’70 consideraban eternas. Pero ahora saben que la nieve permanente ya no lo es: las precipitaciones están a la baja, y por las mayores temperaturas de la atmósfera, se están fundiendo en primavera más rápido de lo que se reponen en invierno.
La hidroelectricidad que requería de mayores inversiones, sin embargo, era la de los grandes ríos de llanura de la cuenca del Plata. Se planificaron y terminaron construyendo centrales enormes sólo donde antes había saltos: Yacyretá sobre el Paraná, con 3200 MW instalados, y Salto Grande en el Uruguay, con 1800 MW.
El problema es que la electricidad hay que comprársela a los copropietarios, o compartirla. Son respectivamente Paraguay y Uruguay. Inicialmente, nos vendían buena parte de su mitad del producto eléctrico. Pero su demanda propia ha ido creciendo, son dos países que no tienen otros recursos energéticos baratos, y a los cuales cada vez les es menos negocio venderle los MW/hora a la Argentina.
Los mejores «sitings» hidroeléctricos de ambos ríos, donde estos corren entre paredes de piedra y con alto desnivel, están en territorio brasileño, y explotados «al mango»: suman más de 50 cerramientos. Y aún así, tras dos años seguidos de sequía en estas dos cuencas más extensas que Europa Occidental, Brasil, el país más hidroeléctrico del mundo, enfrenta un futuro de apagones.
Nuevamente, el cambio climático, que alarga y empeora tanto las épocas de sequía como las de inundación, está desbaratando inversiones que se pensaban aseguradas por estadísticas climáticas. Y el problema fueron justamente esas estadísticas: recogían datos pluviométricos entre comienzos del siglo XX y las décadas del ’60 y ’70, el último momento de los 6000 años de estabilidad climática en que se desarrolló la civilización tecnológica de nuestra especie.
Ese período terminó. Nosotros lo terminamos, al llenar la atmósfera de gases invernadero salidos de la combustión de combustibles fósiles. El mundo debería estar empezando muy lentamente un nuevo ciclo glaciario, no enfrentando un recalentamiento.
Los embalses brasileños sobre el Alto Paraná y el Alto Uruguay están hechos en zonas de gran declive de la Serra Geral. En general, el relieve les da capacidad de almacenamiento. Turbinando reservas el primer año de esta última y devastadora megasequía, los primos brasucas lograron zafar un año entero de la emergencia hidroeléctrica, que en el caso de ellos, con una matriz eléctrica fluvial entre un 80% y un 90%, viene con tintes trágicos. Pero este segundo año ya los agarra con los embalses secos.
Nuestros dos embalses sobre la cuenca del Plata no dan ese «changüí». Yacyretá es un represamiento «de pasada», o «de pelo de agua». Falto de dos buenas orillas de piedra, el lago resultante es inmenso, pese a que hubo que construirle 80 km. de terraplén muy alto para que no inundara un quinto de Paraguay. Pero lo que no tiene Yacyretá, por estar en una geografía tan chata, es capacidad alguna de almacenamiento. Así como los años demasiado lluviosos hay que soltar agua sin turbinar por el aliviadero, los años secos y de bajo caudal «la planchan» en producción eléctrica. Salto Grande, con dos orillas de piedra, es un poco mejor, pero no mucho.
Como dato de lo mal que estamos en esta megasequía, el caudal en Yacyretá bajó de los algo más de 14.000 m3/segundo esperables para este invierno a algo más de 4000 m3/seg. Hay que ir clausurando las tomas de las 20 turbinas tipo Kaplan, una tras otra. El Paraná se ha vuelto caminable.
Hasta tiempos de Alfonsín, el criterio entre climatólogos era que la Argentina tenía sus apuestas hidroeléctricas bien repartidas sobre tres sistemas hídricos que parecían climáticamente desconectados entre sí.
Por un lado, la apuesta más vieja fue a las nieves «eternas» (valen las comillas, puestas con el diario del lunes) en los Andes Centrales, por otro, las lluvias «confiables y regulares» de la Alta Cuenca del Plata, en un segundo sistema climático bien alejado del cuyano.
Pero la tercera apuesta, la joya del la red eléctrica nacional, eran los ríos Limay y Neuquén, la Alta Cuenca del Negro. «Joya» porque el Limay, por dar un ejemplo, nace a casi 800 metros de altura, cae 500 metros en los 480 kilómetros subsiguientes y tiene doble apalancamiento: las nieves que alimentan el lago natural Nahuel Huapi, y el propio lago, que como reserva de agua ante inviernos secos y sin nieve, es colosal.
Así las cosas, los represamientos de Alicurá, Piedra del Águila,Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito se construyeron con la seguridad de que ese sistema hidroeléctrico era a prueba de fallas climáticas locales. Pero además, para tranquilidad del país, parecía estadísticamente imposible que sobrevinieran sequías prolongadas simultáneas en tres lugares tan distantes y distintos como la Alta Cuenca del Plata, la Alta Cuenca del Negro, y los ríos mendocinos de deshielo.
Sorpresa: en épocas de Raúl Alfonsín, sucedió exactamente eso. Aquel presidente, confiado en su Secretario de Energía, Jorge Lapeña, y ahogado por la deuda externa, interrumpió la terminación y entrada en línea de la Central Nuclear de Atucha II, que debió haber sucedido en 1987. En cambio, ante el estado ruinoso del parque termoeléctrico, se confió mucho en la hidro: a Yacyretá le faltaba mucha obra, pero Salto Grande estaba terminada desde 1979, y para la demanda eléctrica de los ’80, era enorme. Y El Chocón, la mayor central del sistema Limay-Negro, venía «con doble paracaídas», según las estadísticas. Que eran erróneas, porque se basaban en números que excluían lo que empezó a pasar desde los 70 en adelante, cuando entramos -sin saberlo- a otro mundo.
Los 6000 años de estabilidad climática se habían terminado. Aquí en Sudamérica los climatólogos empezaron a hablar de «años de Niño», que exageran las lluvias donde las hay y recrudecen la sequía en zonas secas, alternadas por «años de Niña», donde sucede lo contrario. Sin ser tan terrible como la de este año, la sequía de 1987 permitía cruzar el Limay caminando, a la altura de La Lipela.
Pero Alfonsín no tenía idea de que estas cosas fueran posibles. Los tremendos apagones de 1987 y 1988 contribuyeron al síndrome de «¿Dónde está el piloto»? causado por la hiperinflación. Ambos fenómenos, de una ferocidad sin antecedentes y de yapa, simultáneos, le echaron la clase media en contra y le costaron el gobierno.
¿Lo habría salvado la entrada en línea de Atucha II en 1987? Es la pregunta del millón, y las respuestas son conjeturales. Aquel año, Atucha II activa habría sido la mayor máquina de base del país y en el lugar justo, sin pérdidas de potencia por la longitud que penaliza las líneas de alta tensión. Pero la decisión de no terminarla, mantenida a rajatabla entre 1983 y 1987, había generado atrasos de obra. No eran subsanables entre 1988 y 1989, cuando «la Niña» secó simultáneamente las altas cuencas del Plata y del Negro.
Ya sustituido por Carlos Menem, Alfonsín jamás hizo ese balance, al menos públicamente. Su entonces secretario de energía sigue siendo un activo lobbista antinuclear. Le debemos la decisión de no construir el prototipo de la mini-central nuclear CAREM, ya en tiempos de la Alianza, pese a que tenía financiación asegurada por ley votada en el parlamento.
Los desastres que le causaron Menem y luego De la Rúa al Programa Nuclear Argentino y al país se pagaron importando más de U$ 5000 millones/año de gas boliviano y emiratí cuando se fueron y el PBI argentino volvió a crecer, especialmente entre 2010 y 2015. Y no es que después de 2010 se creciera como entre 2003 y 2009. Pero aún así había que echar mano a cortes programados en la industria sin contrato firme, y con apagones en las ciudades. La capacidad de generación sencillamente no alcanzaba.
Esos costos, agravados por la política antinuclear del gobierno de Macri, se siguen pagando todavía hoy. 1000 megavatios nucleares sustituyen la quema de 1600 millones de m3/año de gas natural. Por ahora (en AgendAR tocamos madera), los megavatios nucleares argentinos tienen disponibilidad de entre el 81 y el 93%, llueva, truene o brille el sol. Al menos, mientras el Paraná de las Palmas mantenga suficiente caudal como para garantizar el enfriamiento de los circuitos secundarios de las centrales Atucha I y II.
Pero tantos años sumados de política antinuclear nos han dado una matriz eléctrica carbodependiente: el 71% de nuestra electricidad viene de quemar gas natural, y toda vez que el PBI crece, el gas que podemos producir no alcanza.
Nuestra última gran apuesta a la hidroelectricidad, las 2 represas sucesivas sobre el distante río Santa Cruz, fueron primero paralizadas «para un reexamen técnico». Luego fueron rediseñadas para una menor capacidad instalada, y finalmente interrumpidas en inicio de obra por el gobierno de Mauricio Macri, cuyo ministro de energía, el Ing. Juan J. Aranguren, venía de ser el presidente histórico de la Shell.
Como en 2016 debía entrar en obra una central argentina CANDU, a terminarse en 2022 con financiación asegurada por China. Aranguren la paró «para reexaminar el proyecto», le fue sacando componentes nacionales (los generadores de vapor, por ejemplo) y cediéndolos a China «para bajarle el precio», con lo cual logró atrasar el arranque de obra dos años, hasta que en 2018 la canceló «definitivamente».
A este funcionario el año que viene le deberemos entonces la falta de 1310 MW hidro (iban a ser 1800) instalados en un río apalancado por nieves y lluvias que en Santa Cruz no están a la baja, y regulado por 2 lagos gigantescos: el Argentino y el Viedma. Como enclave hidroeléctrico, el del Santa Cruz promete ser el más resistente a los altibajos del cambio climático. Si se construye, claro está.
Pero a Aranguren también le deberemos la falta de 700 MW nucleares CANDÚ que NA-SA debía inaugurar en el predio de las Atuchas en 2022, si se seguía con los planes de 2014. En suma, Aranguren mató en el huevo entre 2010 y 2510 MW de base, de alta disponibilidad, casi independientes del clima y libres de emisiones de gases invernadero.
Por ahora, habrá que reemplazarlos quemando más de 3200 millones de m3/año de gas, que se sacarán por «fracking» y/o deberemos importar. No parece que esto vaya a empobrecer a la Shell.
Lo que sería bueno que la Argentina entienda es que si con esta sequía el Sistema Argentino de Interconexión no se viene abajo en apagones, es porque está colgado de sus 3 centrales nucleares, una máquina chica y dos medianas. Hacen la diferencia.
Lo de Menem y Macri no fue «superstición antinuclear» alemana. No tuvo nada de ideológico. Aquí fue una movida contra la electricidad de base libre de carbono: un negocio gasífero.
Pero ahora que el PBI empieza a repuntar, Argentina también tiene que enfrentar, en parte por esa megasequía al norte de la cuenca del Plata que se menciona en la nota, y un problema de escasez de energía de base que no desapareció nunca.
Hay dos centrales hidro a construir sobre el Santa Cruz y dos nucleares, una sobre el Paraná de las Palmas y otra todavía sin sitio asegurado. Todas tienen financiación asegurada por China. Pero según viene de números la oposición, no están a salvo de interferencias.Y nuestra espalda financiera es mucho menor que la de Alemania.
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, firmó un acuerdo con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) para avanzar en la generación de energía nuclear.
El convenio además permitirá la realización de actividades de cooperación: formación profesional de los recursos humanos y el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras y sustentables, incorporando la dimensión socio ambiental.
El acuerdo acompaña la proyección de la nueva central nuclear Atucha III, con financiación china, como parte de los objetivos estratégicos definidos por Nucleoeléctrica Argentina en su plan de acción.
Fabián Ruocco, director ejecutivo del CEDyAT, expresó que «en el plano de los recursos, la producción, la inversión y el empleo del espacio nuclear argentino interno tiene un peso importantísimo a nivel internacional», y destacó que «la complejidad creciente de la actividad económica internacional amplió y multiplico la demanda de expertos».
«La conclusión de Atucha II y la Extensión de Vida de la Central de Embalse, que fueron atendidas en gran medida por la propia oferta argentina de bienes complejos y conocimientos de entidades nacionales, marcan un hito histórico para un país latinoamericano, donde destacan algunas Unidades de Vinculación Tecnológica de larga trayectoria», afirmó Ruocco..
La generación de energía nuclear resulta una fuente sustentable que garantiza el abastecimiento eléctrico, frena las emisiones contaminantes, reduce la dependencia energética exterior y produce electricidad de forma constante.
El Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Nucleoléctrica retomó el proyecto de construcción de la cuarta y quinta central.
La de más próxima iniciación se construirá con tecnología de uranio enriquecido y financiamiento chino a partir de 2022 en la localidad bonaerense de Lima, a la par de las centrales Atucho I y Atucha II.
La segunda es conocida como el «Proyecto Nacional» ya que sigue la línea de las centrales preexistentes de uranio natural y agua pesada, en una locación aún no definida y con planes de construcción para no antes de 2024.
A la par, Nucleoeléctrica comenzó las tareas preliminares para la extensión de la vida útil de Atucha I, lo que demandará una inversión de US$ 300 millones.
Ni el barro ni el agua que se necesita para extraer el hidrocarburo de Vaca Muerta pueden reutilizarse. El descarte se hace en plantas de tratamiento y pozos sumideros.
Vaca Muerta es una roca generadora gas y petróleo. Son 30 mil kilómetros cuadrados, unas tres millones de hectáreas, de hidrocarburos de excelente calidad.
La que no es de calidad es la roca: en un yacimiento convencional, sería muy porosa y los hidrocarburos líquidos y gaseosos la ocuparían como el agua a una esponja, o como las aguas subterráneas a un acuífero. La roca de un yacimiento convencional es receptora. Era lo suficientemente porosa, por empezar, como para que los hidrocarburos, originados en una formación madre, o generadora, geográficamente contigua o comunicada, la fueran llenando.
Pero la roca generadora es otra cosa. A simple vista parece roca sólida. Su porosidad sólo se ve al microscopio, y los hidrocarburos contenidos en estos microporos son imposibles de explotar por inmóviles: no hay diferencia de presión que logre que se desplacen horizontalmente hasta el caño de un pozo. Salvo que se triture esa formación de roca con tremendas ondas de choque hidráulicas generadas por equipos ubicados en la superficie, se incrusten granos de arena mecánicamente resistentes en las fisuras así generadas para que no se vuelvan a cerrar, y se inyecten surfactantes (no muy distintos de los detergentes industriales) que ayuden a despegar los hidrocarburos líquidos más bituminosos y obstructivos de la roca.
Entonces sí, en esa roca ahora transformada en una esponja a martillazos hidráulicos y sometida a un lavado químico, el peso de los miles de rocas sedimentarias amontonadas encima y que la aplastan, empieza a hacer lo suyo. Impelidos por las diferencias de presión estática, el gas y el petróleo fluyen hacia la red de caños horizontales perforados que se abren desde la perforación vertical, como los rayos de una rueda de bicicleta. Una rueda colocada en horizontal, entiéndase: hablamos de roca sedimentaria.
Finalmente, los hidrocarburos ascienden con enorme energía por la perforación vertical hasta la superficie, donde si no hay cabezales que atajen, el torrente de lodos, roca triturada, agua, arena e hidrocarburos brota explosivamente. Este proceso es súbito y a veces, sorpresivo y desparrama contaminantes en superficie. Como dicen en Vaca Muerta: «los pozos de fracking se vienen, se vienen de repente».
La fractura hidráulica, o «fracking», nació en los yacimientos convencionales como una forma de prolongar la vida útil de pozos verticales hechos en roca receptora, cuya producción empezaba a declinar. Como no hay nada más caro o económicamente riesgoso que buscar nuevos yacimientos convencionales, la Argentina está llena de pozos sobremaduros.
En esos típicos acuerdos magistrales y a veces secretos que firma el estado argentino con las petroleras privadas, la exploración la suele hacer YPF a pérdida. Pero cuando aparece petróleo o gas, se concede el área a las privadas durante décadas. Para ello, basta bautizar como «zonas a explorar» a las ya exploradas con éxito, operación de baja tecnología que se hace en superficie y con contratos raros.
Pero la Argentina, y particularmente Neuquén, están llenas de campos «sobremaduros», es decir poco productivos. Es la consecuencia de décadas en que sólo YPF exploraba en serio. Repsol, cuando la sustituyó, jamás lo hizo. Sí lo hicieron algunas pequeñas petroleras canadienses privadas, llamadas en tiempos de Menem y De la Rúa a remediar el agotamiento de la producción, hasta que las echaron debido a su éxito.
De modo que el fracking no es nuevo en el país: es el único modo de mantener en producción los pozos en declinación. Y es que perder un pozo convencional de 1800 metros de profundidad (el promedio nacional de entonces) es dar de baja una obra que en los 90 había costado al menos U$ 20 millones de dólares.
Pero simultáneamente, en los ’90 apareció en EEUU (y también en la Argentina, un desarrollo de INVAP pagado por San Antonio Pride) la novedad de los cabezales de perforación dirigibles desde la superficie. El asunto implicaba electrónica de control muy robusta, capaz de empezar verticalmente un pozo y al llegar a una formación interesante, empezar a perforar en horizontal, en lo posible sin salir de la misma, e ir tendiendo a la zaga del trépano una red de caños perforados colectores. Un pozo de fracking no es un simple agujero encamisado de cemento: es toda una construcción subterránea, laboriosa y cara.
Esto transformó los pozos de producción y también la geopolítica mundial del petróleo. Permitió que los pozos se hicieran directamente sobre roca generadora, muy abundante, en lugar de roca productora, muy escasa. Y le dió a los pozos petroleros esa curiosa morfología subterránea de rueda de bicicleta, con decenas de rayos que se abren horizontalmente desde un eje vertical.
En superficie, equipos enormes, camiones de doble acoplado que cargan con motores navales, inyectan agua, arena y surfactantes a presión y destruyen la roca sólida, en las profundidades, hasta volverla porosa y productiva. Brevemente productiva, en general, porque los pozos que son puramente de «fracking» son impredecibles en materia de duración. Se agotan de pronto.
EEUU, hasta los ’90 el primer consumidor mundial y deficitario crónico en hidrocarburos, pasó a ser autosuficiente en gas, e incluso exportador de petróleo en la formación llamada Permian, porque se sedimentó durante el Pérmico. Atraviesa zonas enormes de las Grandes Llanuras donde durante más de un siglo la única población eran «farmers» blancos que producían cereales y vivían como la familia de Lassie e incluso como los Ingalls. De pronto esos sitios se llenaron de trabajadores petroleros de todos los colores y con plata, y los precios de todo (alquileres, comida) se fueron a las nubes.
Y como las formaciones «frackeadas» no siempre están geológicamente aisladas de otras rocas más superficiales, como las del acuífero de Ogallalla, el mayor de los EEUU, en algunos pueblos empezó a salir gas natural por las canillas. Uno abría la canilla y la encendía con un fósforo, y la llama ardía hasta cerrarla. Podía mandar las fotos a los amigos. Lo que no se podía tomar era el agua. Y no sólo por el gas, sino por los surfactantes, amén de los ácidos y metales pesados lixiviados desde la roca generadora. Regar cultivos con ese agua tampoco era una gran idea. No se puede tener todo. Algunos «farmers» cerraron y se fueron.
Arabia Saudita y otros grandes productores convencionales perdieron parte de su importancia estratégica y mucho lucro potencial. Algunos príncipes saudíes wahhabis se enojaron, y algunas Torres Gemelas se derrumbaron.
En Argentina, esa formación de roca generadora e inútil durante décadas llamada «Vaca Muerta», descubierta por YPF en tiempos del Proceso, se empezó a conceder a las petroleras multinacionales. Generalmente con el argumento, más falso que dólar rojo, de que sólo éstas tenían la tecnología de perforación guiada, de motores de superficie para fractura hidráulica, y de construcción de redes de caños horizontales colectores a 3000 metros de la superficie, la profundidad media de la formación Vaca Muerta.
Que a todo esto, tiene la superficie de Bélgica: ocupa los subsuelos muy profundos de Neuquén y parte de provincias aledañas, como Río Negro y algo de La Pampa, aunque su espesor es de unos pocos centenares de metros. La producción será impredecible, pero por puro volumen, hay para rato. Y en Neuquén permite la continuidad del estado benefactor, tan desaparecido en el resto de la Argentina.
Pero a un costo. Aquí todavía no hay pintorescas fotos de canillas escupiendo fuego. Pero ese método, y ahora nos metemos en materia, genera residuos, lodos y líquidos contaminados con químicos que no pueden ser reutilizados. Esa es otra cara (algunos dicen “un controversial lado b”) de la extracción de gas y shale oil en la Cuenca Neuquina.
Las empresas petroleras que operan en la zona juntan los barros, que pueden ser sólidos, semi sólidos o líquidos y no deberían tener más de 9% de hidrocarburos. Las empresas de tratamiento transportan ese material y los arrojan en predios, tierras fiscales cedidas por el Estado provincial. Un triángulo cuyos dos vértices son privados y el otro, público. Son tres las compañías que tratan lodos: Treater, Indarsa y Comarsa.
Dos de ellas, Comarsa y Treater, han sido denunciadas en la Justicia por organizaciones civiles preocupadas por el impactoambiental. En mayo del año pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó en la Cámara de Senadores que los residuos de Vaca Muerta son “alarmantes” y que las empresas “se manejan con impunidad”.
Los líquidos terminan en pozos sumideros hechos para ese fin por las empresas petroleras. También hay pozos adaptados, es decir, que ya han sido explotados o que quedaron abandonados y fueron reconvertidos. A medida que se van llenando, más pozos se necesitan. Entre 2012 y 2020, en ocho años, se habían inyectado doce millones de metros cúbicos en los sumideros, lo que equivale a llenar de agua 18 Bomboneras. El 80 % de esas inyecciones corresponden al periodo 2018-2020.
Hay pozos sumideros muy cerca de lagos de donde se extrae agua potable para consumo humano. Y hay sismos justo donde están esos grandes recipientes subterráneos llenos de líquido tóxico. Hay basureros petroleros inmediatamente al lado de barrios que se levantaron a fuerza de tomas en la capital neuquina, personas que llegaron con la esperanza de conseguir un trabajo, una changa o una casa en una provincia que depende exclusivamente del extractivismo. El agua mala se barre debajo de la alfombra. Y las montañas de tierra empetrolada desbordan en piletones dentro del ejido urbano. El problema es ambiental, pero también social.
Vivir al lado de una montaña de tierra empetrolada
“El viento trae el olor y la nariz, la garganta, la boca se secan. Ahora ya no hay hornos, ahí quemaban la tierra. Eso es lo peor, porque el humo… ¿vio? Ahora que siguen removiendo la tierra igual hay olor. Y con el calor se siente más. ¿Erupciones en la piel? No. ¿Casos de cáncer? No sabemos. Pero con el olor no se puede estar”. Habla Gladys Wilka, jujeña, diez hijos, en pareja. Gladys llegó hace apenas un año y medio y vive en la toma de Casimiro Gómez.
Detrás suyo, a unos 200 metros, está el tapial que divide la planta de tratamiento de Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.) de la barriada que habita. Desde aquí se ven los picos de esa tierra demasiado negra y la pala mecánica de una retroexcavadora que se hunde y asoma, con un ritmo programado, removiendo barro. El aire es agrio.
Algunas familias fueron reubicadas. Ahora el asentamiento de Casimiro Gómez está dividido en cuatro sectores, cada uno con un referente, y ocupado por unas 200 familias que deben ser mudadas porque la zona industrial no es apta para vivienda. La toma y la planta de tratamiento están una al lado de la otra y ambas a sólo doce kilómetros de la ciudad de Neuquén. Comarsa donó un generador eléctrico para sus nuevos vecinos. También ha dispuesto una guardia armada las 24 horas para custodiar su predio.
En 2015, en Neuquén promulgaron una ley que prohíbe las plantas de tratamiento de descarte de hidrocarburos dentro de los diez kilómetros del ejido urbano. Como la norma es posterior a la habilitación de la planta, le comunicaron a la empresa que debía trasladarse y que no podía seguir usando las tecnologías instaladas para dar tratamiento al stock en planta. El plazo es hasta 2022.
La bio-remediación es un proceso natural, según explicaron, por el cual las mismas bacterias que conviven con los hidrocarburos y el suelo degradan el hidrocarburo rompiendo el enlace entre la molécula de carbono e hidrógeno. “Dicho proceso, si bien eficiente y ambientalmente seguro, requiere grandes extensiones de espacio y condiciones ambientales”, agregaron.
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) denunció penalmente a dos empresas tratantes de los descartes que generan las empresas que operan en el yacimiento de Vaca Muerta en diciembre pasado. La Fiscalía Especializada en Derecho Ambiental del Ministerio Público Fiscal de Neuquén lleva las causas contra Treater y Comarsa, en ambos casos por irregularidades en el tratamiento de los residuos petroleros. La AAdeAA pide que se investigue la responsabilidad de las compañías, de las petroleras y de las autoridades estatales. Y denuncia un negocio millonario: “No forman parte de la estrategia sólo un grupo de empresas, sino muchos actores del establishment político de la provincia y la Nación”, dice el abogado ambientalista Rafael Colombo, miembro de la Asociación.
Entre la radicación de la denuncia en la Justicia en diciembre pasado y abril hubo algunos avances. Luego de un pedido de acceso a información pública, vino un “escopetazo de información”: 1.182 páginas provistas por el Estado provincial con información surgida de las actas de inspección.
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur), el Taller Ecologista y la Izquierda Diario los analizaron y recogieron datos para ampliar la denuncia. Los y las abogadas ambientalistas nucleadas en la asociación creen que los residuos no son tratados, sino que simplemente se trata de lugares de acopio que ponen en peligro a las personas y el entorno que habitan: suelo, agua, atmósfera y ambiente.
Sigue Colombo: “Los basureros petroleros son la cara más visible del fracking. El hecho de que pongan en riesgo el ambiente y la salud de los habitantes configura el tipo penal. Vamos por la comprobación efectiva de los daños”. Que Comarsa se apropió de tierras con las complicidad del Estado, que declaran tratar una cantidad de descartes mucho mayor a la real, que acumulan más basura de la que deberían y que no suspendieron las tareas a pesar del mal funcionamiento de los hornos “poniendo en peligro a la población con emisiones de dioxinas y material particulado” son parte de la la denuncia ampliada.
“El riesgo a la salud pública es inmenso, porque las personas no están viviendo a pocos metros de residuos peligrosos de altísima toxicidad con los cuales si las personas entraran en contacto directo y/o continuo probablemente morirían al poco tiempo, más allá de los potenciales y gravísimos riesgos a la salud que implica el hecho de vivir inhalando los gases que emanan estos residuos peligrosos”, dice la denuncia en la que no se detallan cuáles son las consecuencias de vivir al lado de una planta de tratamiento a corto o mediano plazo. “Estamos a disposición de la Justicia y de todos los organismos de control”, dijeron desde Comarsa.
A los pozos sumideros van los líquidos que se usan en el fracking y que ya no se pueden tratar. Es agua totalmente inutilizable, irrecuperable. De hecho, sólo pueden reutilizar hasta un 10% del agua de retorno y por única vez. Las empresas petroleras toman el agua del río Neuquén y pagan 90 pesos cada mil litros. Esa “sopa química” no se ve: está alojada a 80, mil, mil quinientos metros bajo tierra.Sismos, pozos sumideros y plantas de tratamiento.
Javier Grosso es geógrafo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto de Formación Docente de Villa Regina, y advierte sobre la propagación de los pozos sumideros: “Hay una normativa específica para que los líquidos no entren en contacto con las napas, pero hoy es el riesgo es que los sismos que se están dando en esta zona pueden romper los sumideros y generar filtraciones de agua contaminada a las napas. Pero además, el tiempo que llevan acumulando liquido residual puede generar efectos adversos”. Sauzal Bonito volvió a temblar el domingo.
De acuerdo a sus datos, hay cerca de 160 pozos sumideros en la provincia de Neuquén. Unos 60 están activos. Allí van a parar los descartes de aguas, al que llaman flowback o fluidos de retorno. Alrededor de 40 de esos pozos fueron perforados desde 2017, un año caliente para la industria del petróleo. A más actividad, más necesidad de pozos.
“La empresa Pan American Energy tiene un pozo sumidero a 2.900 metros de distancia del lago Mari Menuco. Y la distancia entre el sumidero y la boca de toma de donde sale el 70% del agua para consumo de Neuquén está a 3.300 metros”, agrega Grosso. Ante la consulta, desde Pan American Energy informaron que no tienen pozos sumideros a esa distancia.
Con el lanzamiento del segundo satélite con tecnología radar de la CONAE, Argentina completó su misión espacial más ambiciosa. Para celebrar el aniversario realizaron un cortometraje, un documental de 14 minutos.En él los hombres y mujeres de la agencia espacial argentina recuerdan cómo trabajaron en cada instancia de la Misión y, particularmente, durante la campaña de lanzamiento.
El Gobierno argentino rechazó un decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que amplió la plataforma continental del país trasandino en los mares australes de modo tal que se superpone con la delimitación territorial argentina votada por el Congreso de la Nación en 2020. El presidente Piñera respondió públicamente “Lo que está haciendo Chile es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental”.
La Cancillería argentina declaró que la resolución de Piñera –instrumentada a través de dos decretos del 23 de agosto- “claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, que clausuró el conflicto por el Canal de Beagle. El rechazo del gobierno argentino a la resolución de Piñera no busca desatar un conflicto diplomático sino sentar una postura oficial, afirmaron fuentes oficiales.
Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Alberto Fernández que fijó directivas militares contenía un error -se dijo- sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Pero la disputa sobre la plataforma continental tiene raíces más profundas.
El canciller chileno Andrés Allamand había objetado en su momento la presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas. Para el funcionario chileno, esa comisión “no tenía competencia” para avalar la demanda argentina. Que fue aprobada por unanimidad por la CLPC el 11 de marzo de 2016.
La Cancillería chilena había remitido al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, dos notas de protesta a raíz de la nueva demarcación argentina. Nuestra cancillería replicó este fin de semana que “la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona” ante la CLPC “se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad” firmado en 1984, cuando se dio por cerrado el conflicto por el Canal de Beagle.
La postura argentina es que la presentación nacional “fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”. “Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, aseguró el ministerio que encabeza Felipe Solá.
Justamente ese punto es el que abrió una disputa interna en Chile, donde sectores patagónicos y vinculados a las Fuerzas Armadas reclamaban a Piñera que subsane el olvido de la diplomacia chilena ante la “nueva avanzada argentina”.
El origen del conflicto, ahora potenciado por la decisión de Piñera, data de 2009, cuando Argentina extendió la plataforma continental a las 350 millas náuticas, con aval de la CONVEMAR. Ante el silencio chileno, los que presentaron su propia demarcación fueron los británicos, a partir de las Islas Malvinas, con lo que se desató una carrera estratégica por “la puerta de entrada a la Antártida”.
La alianza entre chilenos y británicos se mantiene a través del puente aéreo entre las Malvinas y Punta Arenas y del “libre tránsito” de los espacios marítimos que también abarcan a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Chile, a su vez, pelea por su propio acceso al territorio antártico. La ampliación de la plataforma continental que decretó Piñera persigue ese objetivo, más allá del mar territorial.
La Cancillería afirmó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, aseguró la Cancillería. (Chile votó su propia ley de demarcación de la plataforma continental el año pasado).
En la misma línea, sostuvo que “la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
La transgresión de Piñera al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Uso el mapa de Chile para mostrar en rojo el avance inusitado que pretende el gobierno chileno hacia el Este. pic.twitter.com/wscHhl0QWJ
Consideramos que para entender este conflicto en su justa dimensión es necesario separar un elemento de coyuntura -el proceso electoral en marcha en ambos países- y otro, de gran importancia estratégica -los nuevos territorios submarinos que Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas reconoció a nuestro país- pero que no es el punto central de este desafío. Un desafío que quedará en pie mucho después de las próximas elecciones.
Lo que reclama ahora Chile es una plataforma sobre el Atlántico Sur, no aguas profundas. Este reclamo sobrepasa el límite fijado por el tratado de 1984, en que Argentina abandonaba su reclamo por los islotes de Picton, Lennox y Nueva tras su ocupación de facto por las FFAA chilenas.
Para que Argentina firmara esa concesión, Chile tenía a su favor el desconocimiento por Argentina de un fallo arbitral de Gran Bretaña en favor de Chile.
El error de la diplomacia argentina era anterior a la situación de guerra inminente de 1978. Fue cuando aceptó semejante árbitro, no su obvio fallo en favor de Chile.
Así, en 1978 habríamos ido a la guerra como transgresores. Pero el tratado de paz de 1984 fijaba el meridiano 67° 16 Oeste como límite oriental de todo reclamo chileno, y el espolón submarino que ahora Chile llama propio rompe ese acuerdo. Y lo que reclaman tiene un alto valor económico: son aguas someras, biológicamente muy productivas por ser enteramente eufóticas: hay fotosíntesis desde la superficie hasta el fondo.
Por otra parte, la punta oriental del nuevo territorio submarino que Chile ahora llama propio llega muy cerca de las Orcadas del Sur, que están en la cartografía argentina desde el siglo XIX.
Lo que permite reclamos de hecho como este, por parte de Chile o de otras naciones más fuertes, es nuestra falta de política pesquera, marítima y de industria naval, y nuestra indefensión técnica aeronaval. Más allá de cómo termine esto, era inevitable que sucediera, y no será lo último en suceder.
Argentina participa en Beijing, China, de la Feria de Servicios más importante del mundo, con un stand propio y la presencia de siete ministerios y más de 120 empresas públicas y privadas, en especial del sector tecnológico.
Se trata de una participación inédita en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (Ciftis) 2021, que se desarrollará formalmente del 2 al 7 de septiembre. «Por primera vez, el país cuenta con un stand físico propio y con la presencia de más de 120 empresas en las que se destaca el sector tecnológico (cinco veces más que en la edición anterior)», afirma un comunicado de la embajada argentina en la capital china.
Entre las compañías públicas y privadas sobresalen Impsa, Veng SA, Y-Tec, Globant, Conae, Terragene SA, entre otras que se dedican a servicios digitales y cognitivos, ingeniería, biotecnología, industria satelital y energía.
Además participa un amplio espectro de empresas del sector de servicios, empresas de turismo, la Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos, la Cámara Argentina de Diseño y la participación de Universidades, agencias y organismos provinciales.
Siete Ministerios son parte de la feria con mensajes especiales enfocados en la potencialidad del Mercado de Servicios entre la Argentina y China, y son Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Productivo; Turismo y Deportes; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Educación; Cultura; Agricultura, Pesca y Alimentación; así como la Secretaría de Innovación pública de Jefatura de Gabinete.
Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en Beijing, quien estuvo a cargo de la inauguración del Stand Nacional, junto con autoridades del Ministerio de Comercio chino, dijo: «Estamos trabajando fuertemente en la participación de la Argentina en las ferias comerciales de China que, por su volumen de negocios, se van convirtiendo en las más importantes del mundo».
«Dentro del sector privado, existen numerosas experiencias exitosas de cooperación con inversiones de empresas chinas de reconocimiento mundial, como DIDI, C-TRIP, Huawei, Alibaba, Xiaomi, Tencent, en compañías argentinas con gran potencial como proveedores de servicios tecnológicos».
«Ciftis constituye una plataforma de promoción del comercio en las áreas de servicios empresariales y finanzas, comunicaciones, construcción e ingeniería, distribución, educación, medio ambiente, salud y sociedad, turismo, cultura y deportes, transporte, y otros servicios».
Durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, la Unidad Coronavirus (MINCyT-CONICET-Agencia I+D+i) puso en marcha numerosas iniciativas. Entre ellas, el grupo “Detección de coronavirus en el ambiente, con foco inicial en aguas residuales», que reúne a equipos de investigación de todas las jurisdicciones del país bajo la coordinación del MINCyT.
La provincia de Córdoba fue una de las que comenzó a trabajar de manera inmediata para comprender cómo era la circulación del virus en la comunidad local. Con muestreos que iniciaron en mayo de 2020 en la capital provincial, en colaboración con el municipio local, instituciones de salud provinciales y cooperativas locales lograron predecir las dos olas que atravesó la provincia más un brote que se registró durante el verano pasado.
“Nuestro grupo de trabajo ya poseía una trayectoria amplia en el estudio de virus que se excretan por vía entérica y que pueden ser detectados en efluentes cloacales, reflejando la circulación del virus en la comunidad”, explicó Gisela Masachessi, Dra. en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET en el Instituto de Virología José María Vanella de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
A partir de la lectura de trabajos de investigación internacionales en donde se describía que quienes se infectaban con SARS-CoV-2 no solo transmitían el virus por vías respiratorias, sino que también lo excretaban en la materia fecal, Masachessi y el grupo que participa en el estudio comprendieron que el genoma del virus podía ser detectado en las aguas residuales, lo que posibilitaría monitorear la circulación del virus en las localidades seleccionadas.
En este escenario, la investigadora aportó un dato importante: “La ciudad de Córdoba tiene el 50% de la población conectada a la red cloacal; por tanto, la detección del virus en esta matriz podría ser un reflejo de lo que sucedía en la población”.
El muestro se inició en mayo de 2020. Desde esa fecha, los lunes de cada semana se toman dos muestras de medio litro cada una en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande, en el conducto principal de entrada a las plantas. Cabe mencionar que en todo el proceso intervienen el Instituto de Virología José María Vanella, el Laboratorio Central dependiente del Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad de la Defensa Nacional/Instituto de Medicina Aeronáutica Espacial (IMNAE). Y por medio de acuerdos de cooperación se cuenta además con el apoyo del municipio de la ciudad de Córdoba para la colecta de las muestras de aguas cloacales crudas, así como también de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (COOPI), que se encuentra a cargo de las plantas de Valle de Punilla, que abarca las ciudades de Carlos Paz, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino.
El proyecto fue declarado de importancia y prioridad sanitaria para la provincia por los ministerios de Salud y de Ciencia y Técnica.
La COOPI es la encargada del muestreo en Valle de Punilla, y todas las semanas remiten el material al Instituto Vanella. “Ahí se realiza un pre análisis, concentrando 100 veces los virus que se encuentran en la muestra recolectada. Una vez concentrada, la muestra es llevada al Laboratorio Central, donde en el área de Biología molecular realizamos los estudios de biología molecular y tipificación viral para analizar las variantes de SARS-CoV-2 que están circulando en cada comunidad”, relató Masachessi.
En relación a esto último, Gonzalo Castro, bioquímico especialista en Virología y responsable del área de Biología molecular del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, explicó que incluir diferentes barrios de la capital provincial, conectados a la red cloacal “nos permitió comenzar a tener una idea más fina y acabada de lo que estaba ocurriendo en las diferentes regiones sanitarias en las cuales se encuentra dividida la ciudad de Córdoba”. Asimismo, “se seleccionaron las ciudades de Carlos Paz, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, con las cuales ya se venían realizando también estudios en aguas residuales”.
Con los resultados obtenidos se logró detectar el genoma del virus en las aguas residuales, dividiendo este proceso en tres momentos: “el primero reflejó la ola epidémica inicial en la ciudad de Córdoba, siendo esta primera detección de genoma viral en cloacas predictiva del aumento exponencial posterior de casos clínicos de COVID-19. Un segundo momento se evidenció con la detección del genoma al inicio del mes de enero, predictivo del brote del verano pasado. El tercer momento se registró a partir de mediados del mes de marzo de 2021 teniendo valor predictivo, dos semanas antes del inicio de la segunda ola epidémica en la capital”, comentó Masachessi.
“De esta manera pudimos ir monitoreando la dinámica de circulación y adelantarnos entre una y dos semanas al incremento de casos en la clínica, lo cual permitió la toma de decisiones sanitarias para evitar una escalada brusca de casos. El resultado final fue la generación de conocimiento de calidad, que posibilitó comprender mejor la dinámica de este virus a nivel local”, sintetizó Castro.
“Nuestra experiencia en la detección del virus en aguas residuales crudas ha demostrado que la vigilancia del SARS-CoV-2 y sus posibles variantes en efluentes cloacales puede ser una fuente de información de bajo costo, rápida y fiable sobre la propagación del SARS-CoV-2 en la población. Así, esta vigilancia proporciona información complementaria para el proceso de toma de decisiones en materia de salud pública en el contexto de la pandemia”, concluyó la investigadora.
La Secretaria de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, selló un acuerdo con las autoridades de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) para promocionar la edición, impresión y comercialización de libros en Argentina, para el mercado local y la exportación.
El acuerdo determina el compromiso de garantizar el acceso al libro a todos los argentinos, fortalecer el mercado interno y priorizar la producción nacional de pequeñas, medianas y grandes empresas editoriales y gráficas, a través de estándares de producción y mejoras en la competitividad para los productos que se fabrican y comercializan en el país.
Al mismo tiempo, se oficializó la continuidad de la obligatoriedad de la certificación de productos gráficos impresos (resolución 253/2020), previo a su comercialización en el mercado interno, y se incorpora de manera permanente a los libros, álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear.
La certificación de productos gráficos impresos garantiza que los ejemplares no excedan los límites establecidos para la migración de metales pesados determinados por la Norma IRAM NM 300-3 y establece el análisis de la tinta de los productos gráficos que ingresen al país con el fin de detectar sustancias tóxicas. Al igual que otros reglamentos técnicos que dependen de la Secretaría de Comercio Interior, la certificación implica ensayos locales en organismos técnicos y laboratorios reconocidos del país. Asimismo, se exceptúan de la certificación las publicaciones académicas y de pequeñas tiradas, menores a 500 ejemplares por mes. Participaron del encuentro el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg y el director Nacional de Reglamentos Técnicos, Nicolás Bonofiglio.
“Este año el sector revirtió positivamente la balanza comercial, recuperó los niveles de producción pre pandemia y generó casi cuatro mil puestos de trabajo”, manifestó la Secretaria Español.
Por su parte, Juan Carlos Sacco de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines afirmó que “estamos muy contentos porque a partir de que nos juntamos con la secretaria Español, hoy podemos decir que se cumple un año de gran éxito para el sector. Esto es que todas las gráficas que hacen libros en el país están a full y que el gobierno en vez de salir a comprar en el exterior compro todo acá adentro y eso es fundamental para que nuestro desarrollo”.
Rodolfo Reyna, de la Cámara Argentina de Publicaciones expresó: “Esta línea de trabajo en conjunto con toda la cadena de valor del libro desde el papel hasta la librería era algo que antes no pasaba porque estábamos todos segmentados, y hoy podemos decir que trajo muy buenos resultados. Logramos una gran comunicación con la Secretaría y hemos establecido una muy buena relación con el Ministerio de Educación con programas como el Plan Nacional de Lectura. Este tipo de acuerdos son muy importantes para la industria, porque el resultado final del libro que uno lee, tiene previamente muchos pasos y políticas que han generado mucho trabajo”.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, obtenía ayer domingo un triunfo que de confirmarse la tendencia -dice la agencia oficial Télam- le permitirá su reelección con cerca del 75% de los votos, según indican los primeros datos oficiales.
El Frente Corrientes de Todos se ubicaba segundo con poco más del 24% de los sufragios, también según la tendencia de los primeros cómputos, correspondientes al 10% de las mesas escrutadas.
La jornada electoral estuvo empañada por episodios de violencia en el interior de la provincia y el fresco recuerdo del ataque al diputado provincia Miguel Arias.
La cúpula nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) había viajado a Corrientes para acompañar al gobernador Valdés, en lo que consideran una victoria casi segura. Se hicieron presentes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; el candidato legislativo bonaerense Facundo Manes, el diputado nacional José Cano y los dirigentes Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz, entre otros.
Sebastián De Toma ha hecho para Infotechnology una recopilación de lo que llama «NewSpace», la intervención privada en el acceso a órbita y su utilización para fines prácticos. En especial, lo que se está haciendo en y desde Argentina.
Consideramos que algunas de las afirmaciones de los entrevistados son discutibles -es inevitable- pero es un valioso y exhaustivo esfuerzo. Lo sintetizamos y reproducimos:
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«La Argentina es un electrocardiograma siempre cerca del infarto; que se debate entre cifras terribles de pobreza infantil (63% cuando finalizó 2020, según datos del Indec) y la capacidad de poner en órbita satélites de telecomunicaciones (el primero en América latina, en 2014) y de investigación que destacan al país por sobre sus vecinos.
Hoy, además del hito que significó la exitosa misión Saocom que involucró al sistema científico espacial, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) e INVAP, el país es parte de la movida Newspace – la incursión privada en el espacio, cuyo exponente más conocido es el volátil multimillonario Elon Musk.
Cohete de SpaceX llevando el Saocom 1b al espacio. Gentilleza Conae..Ya no son solo satélites, cuya industria local sigue avanzando. Ahora, empresas argentinas, tanto estatales como privadas, apuestan a desarrollar un lanzador propio de una vez por todas, tras años de frustraciones.Y no solo eso: también se proponen generar productos y servicios a la industria espacial global. Lo que empezó con la industria espacial estatal y una serie de proveedores privados, ahora se convirtió lentamente en un ecosistema local que, sin embargo, tiene que mirar sí o sí al exterior para poder continuar con su crecimiento.
EL NEWSPACE
Este nuevo fenómeno tiene su epicentro en los Estados Unidos, donde aparecieron SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic (del millonario Richard Branson, que hace pocos días hizo su primer vuelo).
También marcan un movimiento hacia lo comercial la Agencia Espacial Europea, jugadores dentro de China con fuertes ligaduras con el gobierno central y la India, además de Rusia, que viene comercializando sus vuelos desde hace años, paradójicamente con los Estados Unidos como su mejor cliente.
Las fuentes de financiamiento de esta industria de capital intensivo incluyen bancos y también fondos de inversión específicos, como el Space Fund, del que ya participa la empresa argentina Novo Space.
La industria no deja de crecer: si bien se suponía que la pandemia iba a afectar fuertemente a la industria espacial, el 2020 se llegó a la friolera suma de US$ 8.900 millones y 24 «exits» en empresas de infraestructura y tecnología espacial, de acuerdo a datos publicados por Dylan Taylor, CEO de Voyager Space Holdings.
«Hay un montón de jugadores nuevos que se están incorporando a una industria que era tradicionalmente estatal. Son empresas nuevas que hacen cosas que la NASA no puede hacer y que contribuyeron a disminuir los costos de lanzamientos y de puesta en órbita», afirma Pablo de León.
«Lo que las agencias gubernamentales tardaron décadas, ahora las empresas newspace hacen en pocos años. El cohete SLS con el que la NASA quiere llegar a la Luna parece de hace 50 años, mientras SpaceX reutiliza el mismo cohete una y otra vez».
«Hay ingenieros que trabajaron 25 años en el mismo proyecto, eso se ve cada vez menos. Hoy, en el Centro Espacial Kennedy el 30% de las camionetas que ves en el estacionamiento son de SpaceX, el 20% de Blue Origin (la empresa de transporte espacial fundada por Jeff Bezos), 30% de otras y el resto de la NASA.. le dio los fondos a SpaceX. Es cierto que la NASA transfirió tecnología como el sistema de paracaídas o el escudo térmico que hoy usa la cápsula Crew Dragon».
La idea detrás es que los privados hagan los vehículos y que la NASA piense en el largo plazo, en volver a la Luna y en llegar a Marte. Volviendo al SLS, su lanzamiento costará US$ 2.000 millones y llevará la misma carga útil que un SpaceX. Si bien la matriz de inversión estatal tardará en cambiar porque los congresistas votan el presupuesto con una lógica electoral (es decir, tienen en cuenta donde se construyen las partes del cohete para llevar agua para el molino de sus estados), esto eventualmente va a cambiar.
«No se puede frenar el progreso, lo que pasó en NASA es claro. Lo que seguro no va a suceder es que los Estados Unidos dejen de lado su lugar como potencia espacial. Si un candidato dice que va a cerrar la NASA, no lo vota ni su mamá».
«Newspace es toda una revolución», marca el astrónomo Cesar Bertucci, que en 2004 fue parte del equipo que analizó los datos obtenidos por la sonda Cassini de la NASA al pasar el satélite Titán de Saturno. «Son empresas que se pueden sumar rápidamente al desarrollo de componentes de bajo costo e integrarse con otras empresas de características similares.»
LAS INICIATIVAS ESTATALES ARGENTINAS
El desarrollo espacial argentino está regido por el Plan Espacial Nacional, cuyos principales objetivos son la exploración del espacio y la creación de vectores para lanzar satélites fabricados en el país.
El primer Plan Espacial fue aprobado en 1994, fecha que se declaró a la actividad espacial como política de Estado, con foco en generar un alto impacto y beneficio para el desarrollo social, ambiental, económico-productivo, científico, tecnológico y académico.
La primera versión cubrió el período 1995-2006 y contó con dos revisiones posteriores, en 1997 y en 2004, con una actualización en 2010, que le dieron continuidad a las cuatro misiones de la serie SAC, la constelación Saocom, el desarrollo de estaciones terrenas y centros espaciales para seguir estas misiones, los lugares para construir, probar y ensamblar satélites, y la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la actividad espacial en el país.
En estos meses, además, la Conae se embarcó en la actualización del plan espacial argentino.
En el marco de ese plan, y luego de la exitosa construcción y puesta en órbita de la constelación Saocom 1a (lanzado el 7 de octubre de 2018) y 1b (lanzado 30 de agosto de 2020), vía cohetes Falcon 9 de SpaceX, el futuro está en los satélites SABIA-Mar.
Se trata de una futura constelación de dos satélites argentina-brasileña que, tras una serie de «ruidos políticos», cada país emprenderá por separado (originalmente la Argentina construiría la carga útil mientras que Brasil iba a proveer el segmento de vuelo, pero finalmente cada país fabricará todo por su lado).
El objetivo de la misión es el estudio de la biósfera oceánica, sus cambios en el tiempo y cómo reacciona y afecta a la actividad humana.
Se centrará especialmente en el monitoreo de los océanos, los estudios de su ecosistema, el ciclo del carbono, los hábitats marinos y el mapeo. «Son todos temas relacionados al cambio climático», explica el ingeniero Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Conae tras el retiro de Conrado Varotto, que mantuvo su cargo entre 1994 (cuando la comisión fue creada) y mayo de 2018, y que ahora es un asesor.
Raúl Kulichevsky. Foto: Conae.
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«Además, vamos a dar soporte a la industria pesquera y al control del Mar Argentino», agrega. El lanzamiento se espera entre el último cuatrimestre de 2023 y el primero de 2024.
«Se demoraron las compras durante el Gobierno anterior pero se avanzó en la ingeniería, hoy hay más energía», comenta Fernando Hisas, ex gerente de Proyectos de Conae, que hace poco le dejó su lugar a Josefina Peres y ahora es asesor de la comisión.
«Los proyectos estatales se central en el cambio climático y controlar el mar argentino», Raúl Kulichevsky, presidente de la CONAE.
Por otro lado, la agencia argentina ya está trabajando en la siguiente generación de Saocom para adaptarlos a las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos. Y también con un proyecto que tienen en carpeta desde hace un tiempo: satélites de arquitectura segmentada que no pudieron desarrollar en los últimos años por restricciones presupuestarias.
«No es una constelación de satélites iguales sino que estos van a generar mayor revisita (la periodicidad con que un satélite capta imágenes de una misma zona) y nos va a permitir combinar instrumentos para conseguir lo mismo que con un Saocom de varias toneladas. Se trata de una plataforma de multiservicios multipropósito y ágil que está relacionada con el diseño de nuestros propios vehículos lanzadores», desarrolla Kulichevsky, un ingeniero aeronáutico recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Serán, explica, satélites pequeños de hasta 750 kilos para órbitas bajas de observación de la Tierra que podrán ser llevados al espacio por los vehículos Tronador.
Justamente este proyecto, el Tronador, viene desde la primera revisión del plan espacial en 1995, pero cobró vida real en 2007, cuando Conae y la empresa estatal VENG firmaron el contrato para que se encargue de la construcción del vector, llamado Tronador II, y luego reemplazado por el Tronador III.
«Si bien nunca detuvimos el desarrollo del Tronador, también pasó por una etapa presupuestaria difícil. Ahora estamos reevaluando los tiempos, y con una buena financiación podemos volver a acelerar el desarrollo de lanzadores que puede tomar cuatro años. En el medio tendremos varios vuelos con vehículos experimentales», marca José Luis Randazzo, gerente general de VENG.
El gerente entiende que el parate presupuestario de los últimos años significaron también un costo altísimo en capital humano, no solo en la Conae o en VENG, sino en todo el ecosistema.
«El primer vehículo esperamos tenerlo en cuatro años y el segundo, en ocho», reitera. Randazzo cuenta que VENG participó en el Saocom, primero haciendo la ingeniería para integrar la antena radar a los satélites, lo que necesito de unas 100 personas y además sumar el trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y otras empresas nacionales e internacionales. VENG también comercializa las imágenes del Saocom 1a (el 1b aún no llegó a su etapa operativa) y opera la estación terrena en Córdoba que sigue a todos los satélites nacionales.
La empresa también ofrece servicios al sector privado, gracias a sus capacidades técnicas y tecnológicas, como ser, los distintos laboratorios de los que dispone: de integración y ensayos electrónicos, de compatibilidad electromagnética, de ensayos mecánicos, de termovacío y de integración mecánica, entre otros.
En 2020 y a comienzos de la pandemia, las fabricantes de respiradores artificiales Tecme y Leistung (las más importantes del país) se apoyaron en los servicios de VENG para buscar el reemplazo de componentes de origen importados que son utilizados en la fabricación de estos equipos, explica Juan Pedro Riva, gerente de Gestión Integrada en VENG.
Cámara Anecoide, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE (provincia de Córdoba). Crédito: VENG..El tercer actor central en la pata estatal del ecosistema espacial argentino es la empresa de alta tecnología INVAP. Nacida en 1976 como un proyecto de egresados del Instituto Balseiro en Bariloche, hoy se dedica al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.
El área espacial en la empresa nació en la década de 1990 tras la formación de la Conae y venía con una serie de capacidades conseguidas a la luz de la industria nuclear que tenían aplicación en desarrollos espaciales.
La compañía rionegrina ha construido todos los satélites lanzados por Conae así como los dos Arsat de telecomunicaciones. «Más allá de los skills técnicos que fuimos obteniendo, tuvimos que desarrollar tecnologías como las cámaras ópticas para los satélites y para las antenas de radar de los Saocom», explica Gabriel Absi, gerente del sector espacial de la empresa.
Estos desarrollos luego se utilizaron para fabricar los radares que vigilan el espacio aéreo argentino. Hoy, y gracias al impulso científico y tecnológico que le dio el Plan Espacial Argentino, el país es uno los 20 que tienen la capacidad para fabricar radares de distintos tipos.
En marzo de este año, el Gobierno nacional firmó con INVAP un contrato por $ 9.200 millones para producir e instalar cinco nuevos radares primarios tridimensionales de largo alcance de empleo militar. Y el mismo mes la empresa anunció la primera exportación de radares, con destino final Nigeria.
Absi cuenta además que INVAP utilizó lo aprendido junto a Conae para desarrollar los satélites de telecomunicaciones Arsat 1 y 2 y firmaron contrato para fabricar un tercero, llamado ahora SG-1.
«Somos el contratista principal, estamos a cargo del diseño, la producción y la puesta en órbita. Trabajan junto a nosotros entre 60 y 65 empresas, de las cuales INVAP es la punta del iceberg», explicita el vocero, un ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia.
«INVAP, si bien es una empresa del Estado, opera como privada. No estamos en ningún presupuesto y vivimos de lo que vendemos; nuestra facturación es de US$ 200 millones al año y la mitad es por ventas al exterior», enfatiza.
El último jugador que falta mencionar es Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y que en 2007 le encargó a INVAP la construcción de dos satélites de comunicaciones que fueron lanzados en 2014 y 2015, respectivamente.
Ahora comenzó el proceso para construir el ya mencionado Arsat SG-1, que insumirá alrededor de US$ 250 millones, según lo anunciado en 2020. Los planes son localizarlo en 2023 en el slot geoestacionario en la longitud 81° Oeste.
«El proyecto puede sufrir alguna demora porque aún no entendemos el impacto del Covid, algo que sabremos a fin de año cuando se revisa el cronograma», explica Martín Fabris, gerente de Servicios Espaciales de la compañía.
Hay voces críticas de lo realizado hasta aquí por el Estado. El principal problema sería «las altas y bajas permanentes en la inversión» en lo que al espacio se refiere en la Argentina, lo que hace que muchas veces haya que volver a empezar.
Sandra Torussio, gerente de Vinculación Tecnológica de la Conae
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Pablo de León es un crítico del proyecto Tronadro «Soy un defensor del lanzador nacional y regional, dado que no hay salvo en Guayana Francesa, pero ya no podés competir con los cohetes reutilizables. Nos quedamos atrás en tecnología de propulsión, en los años sesenta teníamos un cohete propio que llegaba más alto que la Estación Espacial Internacional. Ahora la única razón para tener un lanzador es la independencia para lanzar satélites y la cuestión de la soberanía. No tiene que ver tanto con una cuestión comercial».
«De hecho, la Argentina lo debería tener hace rato, se pusieron millones de dólares, y ahora el panorama es incierto, con la distancia que hay entre el dólar y el peso y la inflación que ha licuado el presupuesto de la Conae. Además, no veo la decisión política de llevarlo adelante, lo que tiene sentido en un país con tantas necesidades. Y después de más de 10 años, la solución es comprar motores rusos, lo que te genera dependencia. Ha habido tantas desinteligencias, tantos cambios de opinión, que ahora necesitamos un ‘arquitecto espacial’ que nos diga hacia dónde tenemos que ir«.
Su última crítica es también un reconocimiento: «Todos estos proyectos que se están llevando a cabo ya les quedan chicos para la capacidad científica y tecnológica de los ingenieros de Conae, VENG e INVAP.
Por su parte, la ingeniera Anabel Cisneros, directora de Arsat y Conae, sostiene que «el sector satelital argentino ha sido pionero y está dentro de un grupo de países que disponen de ‘billeteras más abultadas’, a veces con el apoyo de la NASA [como sucedió con el programa SAC], otras veces solos».
EL NEWSPACE ARGENTINO
Para remendar una frase de la política, hay que decir que en lo que a industria espacial privada se refiere, sin la Argentina no se puede pero con la Argentina no alcanza.
Esto quiere decir que todas las startups del sector necesitaron para arrancar de ideas y mano de obra local pero que, de una u otra manera, en algún momento alcanzaron un techo que les requirió salir al exterior: en algún caso fue estratégico y en otros fue por necesidad.
El caso privado más paradigmático de la movida Newspace nacional es, claro, el de Satellogic. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman tras su paso por Singularity University junto a Gustavo Richarte, es especialista en microsatélites y a la fecha ya puede decirse que es una compañía multinacional dado que tiene más de 200 empleados distribuidos en la Argentina, Uruguay (donde hoy fabrica sus satélites), España, los Estados Unidos y China.
Arrancó con un aporte de $ 10 millones del Ministerio de Ciencia de la Nación, fue incubada por INVAP, pero eventualmente necesitó salir del cascarón para seguir creciendo.
Lo que comenzó en 2013 con el «Capitán Beto», el primer nanosatélite nacional en llegar a órbita, se convirtió en una constelación de 17 satélites con el lanzamiento de «Hipatia», el año pasado, y los cuatro que puso en órbita a fines de junio de la mano de SpaceX, los primeros fabricados en serie por la compañía.
«El objetivo de la primera etapa (de la constelación) es llegar a tener suficientes satélites en órbita como para hacer un remapeo semanal de toda la superficie de la Tierra, por debajo de un metro de resolución, a 70 centímetros. Es algo que hoy no existe, la humanidad no cuenta con la capacidad de ver cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra cada semana», indicó Kargierman a Télam el año pasado, con motivo del décimo aniversario de la empresa.
Emiliano Kargierman y Gustavo Richarte, de Satellogic.
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El crecimiento de la compañía no deja de sorprender. En 2019, la startup cerró un acuerdo con Abdas, una empresa china dedicada a la ciencia de datos, para proveer servicios a través de una constelación dedicada de 90 satélites en la provincia de Henan, por US$ 38 millones. Diez de estos microsatélites fueron lanzados en noviembre del año pasado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan.
Y el último gran golpe fue el anuncio, los primeros días de julio, de su fusión con CF Acquisition Corp. V, con la intención de cotizar en bolsa, algo que sucederá en el 4° trimestre de este año.
«Esperamos continuar nuestra misión de democratizar el acceso a los datos geoespaciales con esta asociación», marcaron desde la compañía. Con esta movida, esperan alcanzar más de 300 satélites para 2025, para ofrecer capacidades analíticas mejoradas para aplicaciones comerciales, de sostenibilidad y gubernamentales. La empresa hoy vale US$ 850 millones, cerca del status de unicornio.
Otro emprendimiento local relacionado con satélites, aunque incipiente, es Innova Space, una startup marplatense creada por Alejandro Cordero, docente en varias instituciones locales, junto a dos exalumnos, Luca Uriarte (20) e Iván Mellina (20).
Esta fue impulsada por la inversión inicial de la aceleradora Neutrón del Grupo Núcleo en 2019 y en el mismo año recibió el primer premio de Innovación del entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, entre muchos otros premios como el Sadosky y la competencia Naves.
Ya en 2020, se hizo acreedor al financiamiento de un ANR (Aporte No Reembolsable) del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional por $ 14.500.000.
El pasado 11 de junio, este proyecto logró que su prototipo MDQube SAT-1 fuera lanzado en la cofia del Aventura I-e2 de la compañía argentina TLON, con el que efectuó un vuelo suborbital en Santa Fe.
«Estamos orgullosos de este hito histórico Por primera vez se lanzó un picosatélite en un lanzador, ambos diseñados y desarrollados en nuestro país», destacó Alejandro Cordero, CEO de Innova Space.
«En los últimos 10 años se fundaron alrededor de 500 compañías en el mundo que están desarrollando satélites», dice Dan Etenberg, cofundador y CEO de LIA Aerospace, una de las dos startups argentinas que está trabajando en la fabricación de un cohete para llevar carga útil al espacio, otra de las nuevas tendencias del Newspace, esta emparentada con los objetivos de la Conae.
La compañía, que nació de manera oficial hace poco más de dos años, comenzó a gestarse hace seis, cuando Dan y Federico Brito se conocieron. El primero cuenta que su primer trabajo lo hizo en el ITBA, donde desarrolló un propulsor para uno de los satélites de Satellogic.
Para desarrollar la primera versión del cohete -el Zonda 1.0 – , poder probar todo y mantener un equipo estable realizaron una pequeña ronda de inversión de US$ 200.000. Destacan que el combustible es biodiesel, lo que reduce la huella de carbono en un 60 por ciento. Y, si todo sale bien, esperan llegar con una versión más grande de este mismo cohete al espacio en 2024 con una carga útil de 250 kg.
Tras la exitosa prueba del vehículo reutilizable, impulsado por biocombustible – ahora están a punto de arrancar la campaña de prueba de motores de nueva generación.
El problema, reconoce, es conseguir los fondos para completar todos los planes que tiene. Y pone como ejemplo el caso de la estadounidense Ad Astra Rocket Company: en tres años, con 200 personas, US$ 90 millones y el apoyo del Departamento de Defensa, hizo exactamente lo mismo.
La otra startup que quiere llegar a la órbita es TLON Space, que desarrolló el Aventura-I, un vehículo lanzador ultraliviano, con el que quiere al final del camino brindar el servicio de puesta en órbita baja (LEO) de minisatélites de bajo costo para dar servicios de procesamiento, voz, datos e internet.
«El primer lanzador NLV con vuelo activo en América latina supone un quiebre tecnológico para la región. Este sistema de lanzamiento permite proveer un acceso al espacio flexible, dinámico, recurrente y ecológico fundamental para posicionar a la región en servicios de nanosatélites. El acceso al espacio ultraterrestre ha sido esquivo a los latinoamericanos. La conquista de este recurso es fundamental para la expansión económica en el nuevo milenio», comenta Pablo Vic, CEO y cofundador de la empresa, cuya idea nació en 2003 pero recién tomó velocidad hace tres años.
«Este año estamos haciendo vuelos de prueba, ya hicimos uno en diciembre del 2020, y prácticamente no hemos tenido fallas. Además, hicimos un vuelo exitoso con Innova Space. Esperamos dentro de poco realizar un vuelo hasta la estratósfera, luego seguirá la prueba del motor para la primera etapa y a fin de año esperamos realizar un vuelo orbital», cuenta Luis Monsegur, COO de la compañía.
Los objetivos son grandes. Grandísimos. «Apuntamos a la Luna», dice Monsegur. «No queremos quedarnos en la órbita baja. En el Newspace se va a empezar a sumar toda una nueva actividad económica, la de la minería espacial y queremos ser uno de los primeros jugadores», afirma.
Actis marca que el Estado no tiene que competir con los privados sino que debe complementarse con ellos porque «no es una pavada llegar al espacio». Cuenta que habló con varios de los integrantes de TLON y LIA y les aconsejó «apuntar los cañones al exterior porque se les va a hacer muy difícil conseguir la inversión necesaria en la Argentina; además se complica por el tema del dólar».
Absi remarca la participación de INVAP en el crecimiento de algunas de estas empresas, como Satellogic. «Mucha gente que salió de nuestra compañía trabaja con ellos ahora», dice, para luego recordar que Skyloom, una startup creada por dos ex empleados de INVAP-Santiago Tempone y Marcos Franceschini -, busca desplegar una red de satélites geoestacionarios con enlaces láser a Tierra. Esta empresa, fundada en los Estados Unidos, tiene gran parte de su personal en la Argentina.
Federico Jack fue COO de Satellogic hasta abril y hoy habla como inversor en el sector aeroespacial, tanto en Skyloom como en SpaceX. Reafirma que con la Argentina no alcanza porque hoy «no es un buen lugar para emprender» aunque «sobra la capacidad». Y comparte la visión ya esbozada por Actis: «Hoy es el momento de apostar por el sector pero el contexto nacional complica, con el acceso a las divisas prácticamente cerrado, importar lo que hace falta es difícil».
«En todo el mundo es difícil conseguir financiamiento, ‘para hacer una pequeña fortuna en industria aeroespacial tenes que arrancar con una grande'», dice Sonia Botta, coordinadora del satélite universitario de la UNLP, parafraseando a Elon Musk.
OTRAS APUESTAS
Una empresa fuera de lo común en el panorama argentino es Novo Space, que sin embargo aplica el modelo Newspace en un lugar poco transitado. Esta startup fue fundada en 2017 en los Estados Unidos por Rodrigo Diez (hoy CEO) y Facundo Jorge (CTO), dos argentinos que trabajaron anteriormente en el área satelital de INVAP junto a socios locales.
«La idea arrancó cuando yo vivía en los EE.UU., mientras hacía el doctorado en el MIT, y con Facundo trabajando en la compañía inglesa de satélites comerciales SSTL. Los dos estábamos frustrados por cómo funciona la industria espacial, que cuando se fabrica un nuevo satélite se diseña la computadora desde cero, queríamos crear soluciones que les sirvan a distintos clientes y distintos tipos de satélites. Ganamos un concurso en el MIT que nos permitió prototipar los primeros productos y fuimos aceptados en la primera aceleradora de empresas espaciales en 2019. Y ya en 2020 comenzamos a crecer en cantidad de personas, somos 12 full time más asesores, contadores e inversores», relata Diez, ingeniero electrónico que estuvo a cargo de desarrollar subsistemas para el Saocom.
Hoy la mayor parte de Novo Space está trabajando en Buenos Aires, pandemia mediante, pero Diez sabe que el foco tiene que estar en los Estados Unidos, dado que el 70% del mercado global está allí.
Ya terminaron los test funcionales y ahora están comenzando los ensayos ambientales para comprobar que los distintos componentes van a sobrevivir a un ambiente espacial.
«Estamos cerca de cerrar con el segundo cliente, tuvimos muchas conversaciones con la NASA y con privados, tanto Newspace como gigantes que le venden a los Estados». Los próximos pasos tienen que ver con desarrollar algoritmos inteligentes para detectar fallas y tomar correcciones preventivas en constelaciones de satélites que ya, por su propia complejidad, no pueden ser controlados totalmente desde la Tierra.
Al igual que su contraparte en TLON, Diez habla de la revolución espacial industrial que no solo incluirá la minería espacial sino también el space manufacturing y las comunicaciones en el espacio. Y todo esto va a necesitar algoritmos inteligentes o software especializado para ser operado con pocos seres humanos on-site.
«Estamos a punto de cerrar una ronda seed que incluye inversores como Draper Cygnus, Space Fund y varios otros. El siguiente paso será ir a una serie A», detalla el ingeniero.
Otras dos empresas del sector privado que hay que mencionar son Ascentio y Space Sur. Ambas nacieron como proveedores de Conae pero con los recortes de 2016-2019, tuvieron que buscar otros negocios.
Esteban Carranza, cofundador y CEO de Ascentio, cuenta que la compañía nació como una investigación universitaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto sucedió en 2004 y en 2008 se convirtieron en una empresa privada trabajando en proyectos satelitales para la Conae.
«Nosotros hacemos los sistemas que permiten operar el satélite en vuelo. Somos una compañía proveedora de soluciones: el cliente viene con un problema, nos dicen que necesitan y armamos una solución tecnológica», detalla. La experiencia en el Saocom les dio el know-how necesario para extrapolarlo a otras industrias como EDEC, la empresa de energía de Córdoba, para quien armaron un sistema de medición inteligente.
Mientras tanto, Space Sur se dedica a lo que se conoce como el downstream, de observación de la Tierra. La primera etapa de la empresa arrancó en 2007 y en 2018 hicieron un relanzamiento para vender sus servicios a escala internacional.
«Al principio hacíamos proyectos de ingeniería de software con orientación al sector espacial, ahora somos una compañía de análisis de grandes datos con una impronta global», detalla Alberto Perez Cassinelli, su CEO.
El cambio estuvo motivado por dos factores: uno, el surgimiento del Newspace («antes de eso el capital privado en el sector privado era marginal», dice el entrevistado), y el segundo, la baja de la inversión de la Conae («tuvimos que pivotear con la base de negocios golpeada, que nunca es lo ideal», comenta).
Entre sus últimos trabajos más destacados puede mencionarse el que realizaron para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la toma de terrenos en Guernica. Con un análisis de imágenes satélites de la zona, que incluye algoritmos propios, pudieron dar datos detallados de la cantidad de construcciones precarias en el lugar sin necesidad de tener personal.
REFUNDACIÓN
La industria espacial argentina, coinciden todos, necesita recorrer una suerte de transformación. El primer paso ya está dado y tiene que ver con la actualización del Plan Espacial para la década 2021-2030, que incluye el llamado a todas las empresas del sector privado. Para Federico Jack hay que llamar a los mejores, pero son los privados los que tienen que tomar la posta.
Dan Eternberg, de LIA Aerospace.
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En este sentido, Hisas habla del cambio generacional que se ve hoy mismo en la Conae. «Hoy en la parte técnica hay un grupo que ingresó hace 10 años como juniors y hoy ocupan posiciones senior y que tienen años por delante. Y lo mismo ocurrió en INVAP. Con ese cambio se modificaron las formas de trabajar. Si bien Varotto estuvo muchos años, deberíamos adaptarnos a un cambio más habitual», expresa.
«En los Estados Unidos tienen una política espacial abierta y los europeos hace unos años la volvieron a abrir. Es una estructura que amplifica desde lo público hacia lo privado: el Estado invierte en ‘los fierros’ y esa información luego llega al público y al privado con beneficios. Nosotros queremos hacer lo mismo en nuestro país», argumenta Sandra Torrusio, gerenta de Vinculación tecnológica de Conae.
«La Comisión tiene que pensar el objetivo científico y mirar al sector privado y al académico para resolver el tecnológico», marca Cesar Bertucci.
«El sector estatal tiene que aprovechar el boom del Newspace para transferir tecnología al sector privado, tenemos que llegar a las distintas industrias a partir de lo que se desarrolla en la universidad y el Estado», dice Botta. El espacio es, después de todo, nuestra frontera final.
«Les voy a pedir que apaguen la luz que no usan en sus casas, vamos a ahorrar entre todos», dijo el presidente. Argumentó que la crisis hídrica, la peor en 91 años, golpea a la capacidad de las centrales hidroeléctricas y es el principal motivo detrás del aumento de las tarifas.
Bolsonaro dijo que su país, principal potencia industrial latinoamericana, «está al límite de su capacidad energética» debido a una sequía histórica que golpea la capacidad de las centrales hidroeléctricas.
El presidente brasileño anticipó que habrá aumentos de tarifas de luz y pidió a la población reducir el consumo en sus hogares.
«Les voy a pedir que apaguen la luz que no usan en sus casas, vamos a ahorrar entre todos energía», dijo Bolsonaro ante sus seguidores en el Palacio de la Alvorada este viernes, ocasión en la culpó a los gobernadores de no reducir los impuestos provinciales a la energía.
La crisis provocó que el órgano regulador recomendara prepararse para comprar energía a países vecinos antes de fin de año.
Bolsonaro argumentó que la crisis hídrica, la peor en 91 años, con una sequía que golpea a las nacientes de la Cuenca del Paraná y que también afecta a Argentina, es el principal motivo detrás del aumento del costo de la energía eléctrica.
«Estamos en el límite de la capacidad energética. Algunas centrales hidroeléctricas pueden dejar de funcionar si esta crisis hidrológica sigue existiendo», dijo Bolsonaro el jueves por la noche, durante una transmisión en vivo por la plataforma Facebook.
El mandatario comentó así el plan de racionamiento de energía que emprendió la administración pública federal hasta abril de 2022 para enfrentar los problemas del abastecimiento de los reservorios de las centrales hidroeléctricas.
En ese marco, dijo que «gran parte de las centrales hidroeléctricas están trabajando al 10 y 15% de almacenamiento».
El presidente explicó que la tarifa de luz tendrá aumentos para industrias y hogares ya que se necesitan acudir a las fuentes termoeléctricas, que usan diésel, con costos mayores, para suplir la falta de agua en las hidroeléctricas.
Los invitamos a leer esta nota que publicamos hace dos años. Explica cómo Brasil llegó a esta situación de crisis energética «Brasil: átomos, represas y deforestación. El camino a Bolsonaro«.
También pueden ver este video de su exposición:
Son los resultados de una encuesta promovida por organizaciones que respaldan la legalización de este consumo. Probablemente, la intención entonces era mostrar que que su uso recreativo está naturalizado en un amplio sector de la población.Pero también puede usarse para mostrar que el uso de cannabis en medicina, que se usa como argumento, justifica sólo una pequeña parte del consumo.
«La Primer Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis relevó 64.646 respuestas de todas las provincias del país, provenientes de personas de entre 16 y 92 años que usaron cannabis al menos una vez en el último año.
El 17,6% de las personas que usan cannabis en la Argentina lo hacen principalmente con fines medicinales ya sea para tratamiento de afecciones propias, de un tercero o de una mascota, mientras 82,4% lo usa prioritariamente de manera recreativa, según los datos preliminares que arroja la Primer Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis.
Realizada por la Revista THC y el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca) con el acompañamiento de la Licenciatura de Historia de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), este estudio se realizó a partir de una encuesta online que relevó 64.646 respuestas de todas las provincias del país provenientes de personas de entre 16 y 92 años que usaron cannabis al menos una vez en el último año.
En el caso del 82,4% que lo utilizó de manera recreativa, hay importantes diferencias por provincias: desde el 86,5% en Ciudad de Buenos Aires al 74,3% en Formosa.
«Al agrupar por regiones, vimos que fundamentalmente en la Patagonia, y en las provincias del centro del país es más fuerte el uso recreativo, pero en las dos puntas –Patagonia y Norte- van creciendo los usos medicinales», dijo el director de la encuesta e investigador de Cecca, Emiliano Flores.
Para este sociólogo, «es muy probable» que la mayor incidencia del uso medicinal en la Patagonia «esté ligado al trabajo de las organizaciones cannábicas o de grupos tipo mamá Cultiva» asociado a «cierta apertura hasta oficial al cannabis medicinal».
«El cannabis es usado en la Argentina, pero saber cómo se usa y como cambia según región, provincia, edad, nivel educativo y género nos puede hacer entender mejor el fenómeno y demostrar que no todo el uso es uso problemático»
El sociólogo explicó que la encuesta realizada entre el 11 de noviembre y 11 de diciembre del año pasado, se planteó con el objetivo de producir un estudio exploratorio y de vocación comprensiva que empiece a subsanar en algo «la falta de datos empíricos».
«Cuando queríamos abordar de forma comprensiva el fenómeno del cannabis en la Argentina, nos encontrábamos con que los datos son muy pocos, tienen un enfoque epidemiológico que hace hincapié en el daño o el riesgo de tomar contacto con la sustancia y no están actualizados», señaló.
En ese sentido, puntualizó que «el último estudio de la Sedronar que aborda el cannanbis es de 2017 y todavía no contempla su uso terapéutico, que es un fenómeno que viene creciendo desde 2016″ con el fortalecimiento de los activismos y la sanción de la ley de cannabis medicinal.
En segundo lugar, el investigador destacó como resultado preliminar la constatación de que «las cuatro categorías que armamos como tipo de uso principal también están presentes en todo el país», no sólo el uso recreativo, lo que «sorprendió un poco».
En particular llamó la atención que la utilización con fines medicinales en mascotas se registre «en todas las provincias excepto Tierra del Fuego y La Rioja», lo que pone en evidencia que «existen redes de veterinarios que vienen trabajando con aceites y este tipo de terapias».
«Incluso se están dando casos de personas que empezaron a usar aceite para el gato, por ejemplo, y después lo empezaron a utilizar para su propio dolor de espalda y hasta se lo recomendaron a una amiga, con lo cual el circuito es a veces al revés de lo que uno supondría siempre, que el acceso es por el uso recreativo y después vas probando para otros usos», contó Flores.
En tercer lugar, el estudio demostró que la transversalidad del uso del cannabis no es sólo geográfica sino también demográfica.
«Obviamente la mayor parte de los usuarios son jóvenes varones de sectores medios, pero también vemos que hay mujeres, adultos mayores, desocupados, jubilados, personas de todos los niveles de ingresos y con todo tipo de cobertura de salud», detalló el director de la encuesta.
Los resultados finales del trabajo -que incluirán datos sobre formas de acceso, problemas legales, prácticas de cultivo, motivos del uso medicinal y razones que motivaron el acercamiento en los usuarios recreativos, entre otros- se darán a conocer en el marco de la II Expo Cannabis que se realizará entre el 15 y el 17 de octubre en La Rural.
«Creo que teniendo esos datos se puede pensar dónde están los problemas que genera el uso de cannabis porque según estadísticas oficiales el 7,8% de la población en la Argentina usa cannabis, lo que equivale a cerca de 1,5 millones de personas a pesar de una regulación que prohíbe absolutamente todo», indicó.
Al mismo tiempo, aseguró que «por otro lado, no hay casos de sobredosis ni tenemos un gran quilombo porque existen mecanismos sociales de regulación que funcionan más allá de los mecanismos legales».
«Esto demuestra que no solo había necesidad de tener datos sino también ganas de contar de cómo viven como personas que usan cannabis».»
El gobierno nacional informa que en este último fin de semana de agosto se distribuyen 1.077.000 dosis de los componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V, tanto en su variante producida por el laboratorio argentino Richmond como las procedentes de la Federación Rusa. También llegarán a todas las provincias argentinas 1.500.000 vacunas Sinopharm.
Del componente 1 de Sputnik V se entregará a los distritos un total de 584.500 dosis, mientras que se distribuirán 492.500 del 2.
El esquema de distribución de la vacuna de origen ruso, según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud en base a la población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 225.600 dosis de componente 1 y 190.125 de componente 2; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 38.750 y 32.125; a Catamarca, 5.400 y 4.500; a Chaco, 15.600 y 13.500; a Chubut, 8.000 y 6.800; a Córdoba, 48.400 y 40.800; a Corrientes, 14.400 y 12.000; a Entre Ríos, 18.000 y 15.000; a Formosa, 7.800 y 6.600; a Jujuy, 10.000 y 8.400; a La Pampa, 4.800 y 3.800; a La Rioja, 5.125 y 4.200; a Mendoza, 25.800 y 21.600; a Misiones, 16.200 y 13.800; a Neuquén, 8.750 y 7.200; a Río Negro, 9.750 y 8.200; a Salta, 18.375 y 15.600; a San Juan, 10.125 y 8.400; a San Luis, 6.750 y 5.600; a Santa Cruz, 4.875 y 4.200; a Santa Fe, 45.250 y 38.400; a Santiago del Estero, 12.625 y 10.800; a Tierra del Fuego, 2.250 y 2.250; y a Tucumán, 21.875 y 18.600.
La distribución de las vacunas Sinopharm, también desde los parámetros establecidos por la cartera sanitaria en función de la población de cada provincia, se realizará de la siguiente forma: 580.800 dosis corresponderán a la provincia de Buenos Aires; 100.800 a la Ciudad de Buenos Aires; 13.600 a Catamarca; 40.000 a Chaco; 20.800 a Chubut; 124.800 a Córdoba; 36.800 a Corrientes; 45.600 a Entre Ríos; 20.000 a Formosa; 25.600 a Jujuy; 12.000 a La Pampa; 12.800 a La Rioja; 65.600 a Mendoza; 41.600 a Misiones; 22.400 a Neuquén; 24.800 a Río Negro; 47.200 a Salta; 25.600 a San Juan; 16.800 a San Luis; 12.000 a Santa Cruz; 116.800 a Santa Fe; 32.000 a Santiago del Estero; 5.600 a Tierra del Fuego; y 56.000 a Tucumán.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta tarde se distribuyeron 46.987.574 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 41.625.410. De ese total, hay 27.750.181 personas inoculadas con la primera dosis, y 13.875.229 cuentan con el esquema completo de inmunización.
El jueves se viralizó en twitter un video que muestra la enorme labor de los operarios de la interconexión 500 KV que une San Juan y Rodeo, provincia de San Juan, trabajando en medio del fuerte viento zonda para reestablecer el servicio.
Son sólo dos minutos, filmados en un celular, pero vale la pena verlos.
Desde la llegada de Internet, el avance de la tecnología y el la adopción masiva de dispositivos móviles, el consumo de medios de comunicación se modificó en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, las redes sociales han desplazado en un extenso sector de nuestra sociedad a los medios tradicionales: radio, televisión y medios gráficos.Según un nuevo sondeo de Taquion,el 32% de los argentinos se informa a través de las redes sociales. El uso de estas como medio informativo atrajo al público joven, que son los principales consumidores de este medio, y generó una armonía entre información y el entretenimiento.En esa línea, si se compara con la TV que es el segundo medio más consumido por los argentinos, se observa que en este caso, el tipo de consumidor pertenece mayoritariamente al grupo de los mayores de 56 años. Si se profundiza entre este grupo, 6 de cada 10 consumidores de televisión pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Ambas condiciones, detalla el informe, explican que la principal preocupación de este grupo sea el acceso al trabajo.
Por el lado de los portales digitales de noticias, solo el 23% de los encuestados indicó que los usa para informarse. El público de los sitios web es mayoritariamente masculino y son adultos mayores de 39 años de un nivel socioeconómico medio/alto.
De los medios de comunicación tradicionales, junto con la televisión, la radio es el único que aún no se da por caducado. Si bien el consumo de radio disminuyó en los últimos años (solo el 12,3 % de los encuestados para el informe de Taquion dijo que la consume), 8 de cada 10 consumidores superan los 39 años.
Corrientes elegirá gobernador este domingo en la primera elección del año que definirá cargos ejecutivos.
La definición se hará entre dos coaliciones electorales: el oficialista Ecos + Vamos Corrientes que va por la reelección del gobernador radical Gustavo Valdés y el Frente Corrientes de Todos que lleva como candidato al peronista Fabián Ríos.
La elección decisiva, se afirma, será en la ciudad de Corrientes, donde el oficialismo provincial lleva a Eduardo Tassano para la reelección como intendente. Enfrente tendrá al actual vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, quien abandonó la alianza oficialista para convertirse en candidato opositor con apoyo de todo el peronismo, en un municipio que concentra el 34% del padrón provincial.
Más de 860 mil correntinos están habilitados para elegir gobernador y vice, en unos comicios en donde también estarán en juego 5 senadores y 15 diputados provinciales, así como intendentes y concejales en 57 municipios.
Pero el comicio, y la puja política en la provincia -y fuera de ella- ha quedado bajo una sombra luego que el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias fuera baleado en el estómago en un acto de campaña.
Arias fue trasladado a un hospital en la capital provincial y está estable, pero en terapia intensiva. El fiscal a cargo de la investigación, Facundo Sotelo, dijo que la hipótesis principal es que «el disparo habría sido efectuado a corta distancia, o sea que vino desde el público que estuvo presente». Se habría usado un arma de bajo calibre.
La familia del diputado estimó que «el tiro no era para él» y una de las candidatas supuso que le apuntaban a ella. Desde el gobierno de Corrientes intentaron desvincular el hecho de la campaña electoral y el gobernador radical Gustavo Valdés condenó el disparo y dijo que la elección del domingo se hará igual.
El test se llama CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG y ofrece resultados cualitativos en 10 minutos. El kit consta de dos tiras con bio y nanotecnología adheridas a una tarjeta de cartón biodegradable.
La infección con el virus SARS-CoV-2 puede desencadenar COVID-19 o no hacerlo. En cualquiera de los dos casos, el sistema inmunológico de las personas expuestas podría producir anticuerpos contra el virus invasor. La empresa bionanotecnológica CHEMTEST, que ya había desarrollado el kit de diagnóstico molecular rápido de COVID-19 Ela Chemstrip, lanzó ahora un test rápido de anticuerpos en formato cardtest.
El kit distingue anticuerpos dirigidos contra el virus SARS-CoV-2 de aparición temprana (IgM) y tardía (IgG), de manera cualitativa. Requiere una gota de sangre, suero o plasma para cada tira y da el resultado en 10 minutos. Una línea indica un resultado negativo; dos líneas, un resultado positivo, es decir, la presencia de anticuerpos anti-SARS-Cov2.El test sirve para diagnosticar casos sintomáticos, convalecientes o vacunados. También puede detectar la presencia de anticuerpos anti-SARS-Cov2 en personas asintomáticas
El kit CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG, ya fue aprobado por ANMAT y puede ser adquirido por Centros de Salud en todo el territorio nacional
Biotecnologías locales
Para el desarrollo de este kit, CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG, CHEMTEST incorporó antígenos recombinantes desarrollados por el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (IIB-UNSAM), y dos facultades de la Universidad de Buenos Aires: Farmacia y Bioquímica (FFyB) y Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN).
El comienzo de este nuevo desarrollo había sido anunciado hace dos meses en AgendAR aquí.
“Este kit es un nuevo ejemplo del circuito virtuoso que promovemos entre empresas tecnológicas nacionales, centros de investigación y desarrollo universitarios y pymes proveedoras locales. Dos universidades públicas desarrollaron las biomoléculas que son el corazón del test. Este es el primer kit que hacemos en formato cardtest y para lograrlo fue necesario incorporar un adhesivo especialmente desarrollado por una pyme local”, dijo el director científico de CHEMTEST Diego Comerci.
La presentación de este producto tiene como contexto el éxito del kit Ela Chemstrip, que permitió realizar más de 600 mil determinaciones rápidas de COVID19 por PCR de amplificación isotérmica en todo el país y fue desarrollado por CHEMTEST en conjunto con la UNSAM, la Universidad Nacional de Quilmes y la empresa PB-L, en junio de 2020. Además, CHEMTEST avanza en el desarrollo del primer test de antígenos contra COVID19 de Argentina, con financiamiento de la Agencia de I+D+i.
(Puede ser que publiquemos esto impulsados por viejas lecturas de Bradbury, o más recientes imágenes de «The martian» (Misión rescate), de Ridley Scott. Pero esta hipótesis pertenece a un respetado científico español, y fue publicada en el serio New Scientist).
La mayor parte de Marte es extremadamente inhóspita para la vida como la conocemos, pero puede haber nichos propicios. Las áreas cercanas a las entradas a las cuevas deberían, en teoría, estar protegidas de algunas de las radiaciones dañinas que bombardean la superficie del planeta.
Debido a que Marte no tiene un campo magnético global o una atmósfera espesa como la Tierra, su superficie está expuesta a radiación ultravioleta (UV) peligrosa y también a radiación ionizante desde ek espacio, lo que representa un problema tanto para una hipotética vida nativa como para los exploradores humanos.
Cualquier ser vivo en la superficie marciana estaría expuesto a dosis de radiación que son 900 veces más altas en promedio que las que experimentaría en la Tierra.
Sin embargo, las imágenes del planeta desde la órbita han mostrado lo que parecen ser entradas a cuevas, y el interior de estas cavernas podría protegerse de esos rayos dañinos. Daniel Viúdez-Moreiras, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, ha calculado cuánta radiación ultraviolet todavía llegaría a diferentes tipos de cuevas en varios lugares de Marte.
D. V. M. descubrió que en muchos casos los niveles de radiación ultravioleta dentro de las cuevas rondarían el 2% de los niveles en la superficie. Esos niveles de radiación son lo suficientemente bajos como para ser relativamente inocuos, pero aún lo suficientemente altos como para sostener organismos que requieren luz para producir energía a través de la fotosíntesis.
No está claro si la radiación ionizante, que es potencialmente incluso más peligrosa que los rayos UV, se bloquearía de la misma manera, pero es probable, según Viúdez-Moreiras. «La radiación ionizante no presenta exactamente el mismo comportamiento que la radiación ultravioleta. Sin embargo, se espera que la radiación ionizante también se atenúe fuertemente en los cráteres de los pozos y los tragaluces de las cuevas».
Las consecuencias de esto son dobles: las cuevas pueden ser lugares seguros para que los exploradores humanos se protejan de las condiciones extremas en la superficie marciana, y también pueden ser algunos de los mejores lugares para buscar signos de vida en el Planeta Rojo. Ningún módulo de aterrizaje o rover ha visitado nunca una cueva en Marte, pero hacerlo sería la mejor manera de averiguar si realmente son habitables, señala Viúdez-Moreiras.
Un hueco en la superficie podría indicar cuevas. Foto del Mars Reconnaissance Orbiter’s HiRISE camera NASA/JPL/UArizona
? Este martes 31/08 a las 18:30hs cerramos el seminario "Cambio climático y geopolítica de la transición energética" con @IsidroBaschar (Director en @Nucleoelectrica ).
El ministro de Economía habló en el Consejo de las Américas. Dijo que la Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica.
El ministro Martín Guzmán, aseguró que la Argentina vive un “proceso sólido de recuperación económica” que llevó a la cartera que conduce a modificar al alza sus proyecciones de crecimiento para este año. También celebró que en los primeros siete meses del año el resultado fiscal estuvo en línea con los lineamientos del Presupuesto y defendió laa “política fiscal contracíclica” que lleva adelante para intentar impulsar la actividad.
Guzmán fue el último orador de la 18º edición del Latin American Cities Conference de Buenos Aires, el encuentro organizado por Americas Society Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el que ya había hablado el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
A través de un mensaje grabado, el ministro repasó números macroeconómicos que indican una recuperación luego de la caída de 2020 y dijo que esas variaciones “no vienen de la nada, sino que es el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo”.
“La situación macroeconómica en la Argentina se está tornando mes a mes más robusta. La Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021″.
“Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%. Junto a ello, lo que vemos es un crecimiento de la inversión. La inversión creció en el primer trimestre del corriente año 6,1% sin estacionalidad con respecto al último trimestre del año 2020 y 38,4% fue la variación interanual en términos reales”.
El titular de Economía pasó a enumerar una serie de cifras que muestran repuntes en los últimos meses en comparación con 2020. Habló de una recuperación de USD 7.500 millones de las reservas internacionales, en parte gracias a los USD 4.300 millones en derechos especiales de giro que inyectó el FMI.
También remarcó que la dinámica comercial es positiva, con exportaciones que alcanzaron USD 7.250 millones, su mayor nivel desde junio del año 2013, y un saldo comercial del mes de julio que fue superavitario en USD 1.537 millones y en los primeros siete meses del año un resultado positivo de la balanza comercial en el monto de USD 8.310 millones.
“Hay una política de protección social muy activa para lidiar con lo que ha sido una situación muy dura de la crisis macroeconómica”
“Estamos viendo una creación de empleo. El empleo total registrado creció en 19.800 puestos en el mes de mayo, último mes para el cual contamos con datos. El empleo en términos interanuales registrado creció 1,6% en el mismo mes con respecto al mismo mes del año anterior”.
En cuanto a la política fiscal, dijo estar “observando una dinámica que consideramos consistente con lo que fue el planeamiento sobre la base de nuestra Ley de Presupuesto para el año 2021″.
“La política fiscal tiene como primer precepto que el Estado juega un rol central en propiciar la recuperación económica. Tanto vía una política fiscal contracíclica, como vía una reasignación de los gastos hacia aquellos componentes que más impacto tienen para la recuperación económica a corto plazo y generan mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Yendo a los números, lo que hemos observado en los primeros siete meses del año es un resultado primario del 0,7% del Producto en cuanto al déficit fiscal primario”, remarcó.
Por último, en cuanto a las negociaciones con el Fondo dijo que continúa e diálogo. “Hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento récord con el FMI y se busca resolver este problema sobre la base de una negociación y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener”.
Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Alberto Fernández que fijó directivas militares contenía un error -se dijo- sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Pero la disputa sobre la plataforma continental tiene raíces más profundas.
El canciller chileno Andrés Allamand había objetado en su momento la presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas. Para el funcionario chileno, esa comisión “no tenía competencia” para avalar la demanda argentina. Que fue aprobada por unanimidad por la CLPC el 11 de marzo de 2016.
La Cancillería chilena había remitido al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, dos notas de protesta a raíz de la nueva demarcación argentina. Nuestra cancillería replicó este fin de semana que “la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona” ante la CLPC “se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad” firmado en 1984, cuando se dio por cerrado el conflicto por el Canal de Beagle.
La postura argentina es que la presentación nacional “fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”. “Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, aseguró el ministerio que encabeza Felipe Solá.
Justamente ese punto es el que abrió una disputa interna en Chile, donde sectores patagónicos y vinculados a las Fuerzas Armadas reclamaban a Piñera que subsane el olvido de la diplomacia chilena ante la “nueva avanzada argentina”.
El origen del conflicto, ahora potenciado por la decisión de Piñera, data de 2009, cuando Argentina extendió la plataforma continental a las 350 millas náuticas, con aval de la CONVEMAR. Ante el silencio chileno, los que presentaron su propia demarcación fueron los británicos, a partir de las Islas Malvinas, con lo que se desató una carrera estratégica por “la puerta de entrada a la Antártida”.
La alianza entre chilenos y británicos se mantiene a través del puente aéreo entre las Malvinas y Punta Arenas y del “libre tránsito” de los espacios marítimos que también abarcan a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Chile, a su vez, pelea por su propio acceso al territorio antártico. La ampliación de la plataforma continental que decretó Piñera persigue ese objetivo, más allá del mar territorial.
La Cancillería afirmó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, aseguró la Cancillería. (Chile votó su propia ley de demarcación de la plataforma continental el año pasado).
En la misma línea, sostuvo que “la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
En esa línea, si se compara con la TV que es el segundo medio más consumido por los argentinos, se observa que en este caso, el tipo de consumidor pertenece mayoritariamente al grupo de los mayores de 56 años. Si se profundiza entre este grupo, 6 de cada 10 consumidores de televisión pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Ambas condiciones, detalla el informe, explican que la principal preocupación de este grupo sea el acceso al trabajo.
Por el lado de los portales digitales de noticias, solo el 23% de los encuestados indicó que los usa para informarse. El público de los sitios web es mayoritariamente masculino y son adultos mayores de 39 años de un nivel socioeconómico medio/alto.
De los medios de comunicación tradicionales, junto con la televisión, la radio es el único que aún no se da por caducado. Si bien el consumo de radio disminuyó en los últimos años (solo el 12,3 % de los encuestados para el informe de Taquion dijo que la consume), 8 de cada 10 consumidores superan los 39 años.
La presentación de este producto tiene como contexto el éxito del kit Ela Chemstrip, que permitió realizar más de 600 mil determinaciones rápidas de COVID19 por PCR de amplificación isotérmica en todo el país y fue desarrollado por CHEMTEST en conjunto con la UNSAM, la Universidad Nacional de Quilmes y la empresa PB-L, en junio de 2020. Además, CHEMTEST avanza en el desarrollo del primer test de antígenos contra COVID19 de Argentina, con financiamiento de la Agencia de I+D+i. 
