El presidente Alberto Fernández había propuesto en la Cumbre Climática de Líderes mundiales, convocada en el pasado mes de abril por el presidente Biden, “renovar la arquitectura financiera global”, sugiriendo un “canje de deuda por acción climática y nuevas asignaciones de derechos especiales de giro sin discriminar a los países de renta media, para así mejorar nuestro medio ambiente”.
Allí también señaló que Argentina había asumido compromisos en el marco del Acuerdo de París, que apuntan a disminuir la huella de carbono y el uso de combustibles fósiles.
Al repasar las acciones del Gobierno para conmemorar el Día de la Tierra y generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta el planeta, Fernández recordó que se elevó la Contribución Determinada Nacional un 27,7% respecto a la de 2016, algo que calificó como “pasos consistentes con la meta de 1,5° grados centígrados, y con la neutralidad de carbono al 2050″.
“Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. Diseñamos un plan de medidas de eficiencia para la industria, el transporte y la construcción. Promoveremos la adopción de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta”.
Es en este contexto que deben leerse sus afirmaciones en el cierre del Foro «Hacia una Estrategia Nacional Hidrógeno 2030», una jornada de debates y propuestas que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, organizada por el Consejo Económico y Social (CES).
El presidente Alberto Fernández afirmó que «en medio de una emergencia climática global, en el país se está definiendo una auténtica política de mediano y largo plazo, en la cual la Argentina una vez más tiene que estar unida”. Y añadió que «desde el Gobierno se impulsa a una estrategia nacional Hidrógeno 2030”.
Muchos lectores de AgendAR apreciarán en particular una de sus frases «La larga y enorme tradición de Argentina en energía nuclear nos abre la puerta a producir hidrógeno rosa».
(«Hidrógeno verde»: a partir de energía solar y energía eólica; «hidrógeno azul», producido desde el gas natural; e «hidrógeno rosa», a partir de la utilización de la energía nuclear).
La apertura del Foro estuvo a cargo del Secretario de Asuntos Estratégicos y Presidente del Consejo, Gustavo Beliz. Los expertos debatieron en paneles como “Articulaciones público-privadas y potencialidades de los encadenamientos productivos”; “Capacidades del sistema científico-tecnológico para apoyar la agenda del hidrógeno y la descarbonización de la economía” y “Cambio climático y transición hacia energías limpias”.
Entre los expositores estuvieron Javier Papa, subsecretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Economía; Joerg Husar, manager del Programa de América Latina en la Agencia Internacional de Energía; Alejandro Gesino, Instituto Fraunhofer IEE; Adriana Serquis, INN-CNEA-CONICET-Bariloche; Santiago Sacerdote, gerente general de Y-TEC / Consorcio H2.Ar; Ariel Pérez, gerente de Energías Renovables de Hychico; y Santiago Sajaroff, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables.
También participaron Carolina Vera, jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología; Daniel Pasquevich, director del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la CNEA; Norma Amadeo, directora del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energía; Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Carola Ramón, subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la Cancillería; y los embajadores de Alemania, Ulrich Sante; de Japón, Takahiro Nakamae; y de Corea del Sur, Jang Myung-soo.
Del debate final -“Diálogo y consensos para el desarrollo de la economía del Hidrógeno como políticas de Estado”- participaron la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba; y los diputados nacionales Omar Chafi Félix (titular de la Comisión de Energía y Combustibles), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Menna (Chubut).
Para acceder a la totalidad de las exposiciones, a partir del minuto 17 de un video preparado por el Consejo Económico y Social, cliquear aquí.
El Gobierno nacional suspendió por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses, según informó anoche el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La decisión fue comunicada este lunes por el presidente Alberto Fernández a representantes del sector nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, a quienes aclaró que la misma podría levantarse antes si se observan «resultados positivos» por la aplicación de esas y otras medidas que se dispondrán.
De esa reunión participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y los representantes del sector exportador de carnes Mario Ravettino, Carlos Alberto Rusech, Gustavo Kahal y Martín Costantini.
También se informó que se habilitarán mecanismos de excepción para operaciones de comercio exterior en curso.
La semana pasada, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva) había informado que los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3% durante abril, con respecto a un año atrás, unos 20 puntos por encima de la inflación minorista anualizada hasta el primer cuatrimestre.
De la misma manera, en abril la carne de cerdo aumentó su valor minorista en 58,7% respecto a igual mes de 2020 y la de pollo del 44,2%.
La suspensión temporal de las exportaciones se da a conocer apenas un día después de que el presidente Fernández expresara su preocupación por el aumento «inexplicable» de los precios en los últimos dos meses.
«Celebro que la Argentina exporte carne», dijo el mandatario «pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8.000 toneladas de carne cuando acá se consumen 200.000».
La referencia del presidente fue respecto al acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Consorcio de Exportadores y otras cámaras del sector frigorífico para sostener hasta fin de año un programa de 11 cortes de alta demanda local, a precios por debajo del promedio de mercado.
Ese acuerdo anunciado hace 10 días preveía llegar a 3.000 bocas de expendió en todo el país con un volumen de 8.000 toneladas mensuales, un 25% más de lo que se venía abasteciendo en los últimos meses desde la puesta en marcha de este acuerdo.
Según datos relevados por el INDEC, la capacidad instalada de la industria local fue empleada en marzo en un 64,5%. Todas las ramas de actividad incrementaron su potencial productivo y hay cinco sectores por encima del 70%.
La utilización de la capacidad instalada (UCII) en el sector manufacturero alcanzó en marzo el 64,5%, superando ampliamente el nivel al que había tocado en marzo de 2020 (51,6%) y también en marzo de 2019, cuando llegó a 58,8%.
Así lo reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según el cual las doce ramas de actividad analizadas registraron una mejora en términos interanuales.
En el desagregado por sectores se destacan Industrias metálicas básicas con un utilización de la capacidad de producción de 79,8%, seguida por Minerales no metálicos (77,4%), Refinación de petróleo (73,8%), Papel y cartón (71,7%) y Sustancias y productos químicos (70,3%).
Estos cinco sectores con niveles superiores al 70% de la capacidad instalada son indicativos de una recuperación cada vez más consistente y extendida de la actividad económica.
Un ejemplo es la industria automotriz, que registró una UCII de 54,8%, mientras que hace doce meses, al decretarse la dura cuarentena por el Covid, se ubicaba en niveles de 25,9%. Así, se observó en esta industria la mayor expansión de marzo, con 29 puntos porcentuales.
Otros sectores destacados fueron la Industria de alimentos y bebidas (63,9%), Edición e impresión (57,7%) y la Industria textil, que anotó una utilización de la capacidad instalada de 50,7%, cuando hace un año el registro había alcanzado el 28,7%.
El buen desempeño de la actividad industrial se refleja también en el incremento del porcentaje de uso de la capacidad de producción respecto de febrero 2021. En todos los casos se observa un crecimiento en ese sentido, salvo en Refinación de Petróleo, que terminó con 73,8% en marzo, versus 77,3%, en marzo.
SANTIAGO, Chile.- Conocidos los resultados de la megaelección chilena que definió, además de autoridades locales, a los miembros encargados de darle forma a la nueva Constitución, el mapa político del país se reconfiguró de una manera drástica y ofreció diversos hitos, pero una lectura central: nunca le había ido tan mal al bipartidismo chileno: a la centroderecha, y al bloque de centroizquierda, que sumados llegaron a poco más de un 40% y representaron el declive de las fuerzas tradicionales.
Por el lado del oficialismo, además, el desplome fue catastrófico. Pese a evidenciar organización y coordinar una lista única, y aliándose incluso la derecha más radical, el bloque no alcanzó el tercio de escaños necesarios para tener poder de negociación en la Convención Constituyente. La coalición de gobierno obtuvo 37 asientos, lejos de los 52 que requería para poder vetar cambios y así influir en la nueva ley fundamental chilena. Empieza a quedar atrás la política de vetos que predominó durante toda la transición posterior a la dictadura de Augusto Pinochet.
El impacto de la protesta social
El otro aspecto trascendente tuvo que ver con la exitosa performance de la izquierda antiliberal, que totalizó 31 puestos en la Convención constituyente. La alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio emergió con fuerza y terminó por superar a los partidos de la antigua Concertación, el último bastión de la socialdemocracia de Chile, y que también asomó en la foto de los derrotados.
La victoria de la comunista Irací Hassler en la comuna de Santiago por sobre el conservador Felipe Alessandri, fue probablemente la gesta más icónica de la jornada y elevó la efervescencia en las huestes de la izquierda. A ello se sumaron a otras victorias simbólicas como la gobernación de Valparaíso, que consiguió Rodrigo Mundaca, y la elección de Macarena Ripamonti en la alcaldía de Viña del Mar.
En Recoleta, en tanto, el posible candidato presidencial comunista Daniel Jadue aseguró su reelección con una votación importante y todavía se perfila como el representante de la oposición mejor aspectado para los comicios de noviembre de este año.
Sin embargo, y como elemento más destacado, la incursión de los independientes en los comicios fue la gran sorpresa del fin de semana, con un marcado origen en los movimientos sociales que surgieron tras la revuelta de octubre 2019.
Con 45 escaños, este grupo se transformó -en su sumatoria- en el bloque con mayor representación de constituyentes y reflejó la distancia entre los electores y el centro político.
Golpe para el oficialismo
En contraste, se vio la postal del presidente Sebastián Piñera cabizbajo flanqueado por todos sus ministros y reconociendo el golpe.
“No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía”, dijo Piñera, en una declaración que sonó extemporánea y que, incluso, puede poner a prueba la fuerza de la lealtad de los partidos de gobierno antes que deba entregar el poder en marzo del próximo año.
La bajísima popularidad del mandatario se convirtió en un lastre que fue reconocido por sus representantes de su propio sector y terminó por minimizar su figura, ya condicionada por su manejo en el tema del retiro de los fondos de pensiones para sortear la crisis económica.
En todo caso, la centroderecha se desvaneció en una zona que durante años dominó. En la elección de alcaldes, por ejemplo, el bloque oficialista perdió 62 ediles de sus actuales 145, lo que podría significar una señal que va más allá de esta votación puntual y que se puede extrapolar a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Con todo, la Convención Constitucional comenzará a trabajar en los próximos meses y en 2021 se debería votar un plebiscito que la ratifique. En esa oportunidad el sufragio será obligatorio, pero esta elección estimuló un clamor que desde todos los sectores políticos se repitió: que el voto pase a ser obligatorio y así no repetir el 41% de participación que se alcanzó en estos comicios.
Desde el punto de vista distributivo, los impuestos a la exportación perjudican a los propietarios rurales, y benefician a los destinatarios del gasto público y a los consumidores de alimentos, sostiene Francisco Eggers, secretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires en el ministerio de Jorge Sarghini y miembro del Grupo Fénix de economistas.
Reproducimos su artículo en AgendAR para contribuir a un debate en el que el ruido político ahoga muchas veces los argumentos.
ooooo
«En general, no se discute la necesidad de que haya Estado, y que sus gastos sean financiados con impuestos. Algunos tienen buena aceptación por parte de los tributaristas, como el IVA, siempre que la alícuota no sea demasiado alta. Y otros son fuertemente criticados, como los que gravan a las exportaciones (los que se suelen llamar “retenciones”). El Banco Mundial da cuenta de sólo 10 países en los cuales este tipo de impuestos representa más del 2% de la recaudación impositiva; entre ellos, junto con Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Níger, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, está nuestro país. El entonces presidente Macri dijo en julio de 2019 que “las retenciones a la exportación son un mal impuesto que tiene que desaparecer”; pocas semanas después, lejos de ese propósito, las aumentó.
Toda acción del Estado debería tratar de lograr el mayor bienestar posible para la población. Para eso, debe contribuir a que la utilización de los recursos productivos disponibles logre la máxima capacidad de satisfacción de las necesidades económicas (eficiencia) y que esa capacidad de satisfacer necesidades se distribuya entre los miembros de la sociedad de la forma más justa posible (equidad). Entonces, para analizar un impuesto, nos preguntamos: ¿cómo afecta a la eficiencia y a la equidad?
Eficiencia en la recaudación
Podemos descomponer el análisis sobre la eficiencia, diferenciando la eficiencia interna al proceso de recaudación y la «eficiencia asignativa». La primera es la relación entre eficacia y costos de la recaudación, y constituye el mayor atractivo de los impuestos a las exportaciones, en particular cuando gravan “commodities” con precios internacionales conocidos (soja, maíz, trigo, petróleo, etc.). Son capaces de recaudar en poco tiempo sumas muy importantes y, en relación con la recaudación, los costos de calcular el impuesto, pagarlo y cobrarlo no representan un monto significativo ni para el contribuyente ni para el fisco. Probablemente sean algo mayores los costos vinculados con los esfuerzos de los contribuyentes para pagar lo menos posible, a través de subfacturación y contrabando, y del fisco para impedirlo. Pero podemos suponer que no son demasiado altos, en comparación con la recaudación.
Efectos sobre la eficiencia
La mayor crítica que se hace a los impuestos a las exportaciones es que causan ineficiencia asignativa: al resultar en un menor precio percibido por los exportadores, desalientan la producción de bienes exportables. Todo país necesita exportar para poder comprar en el exterior lo que no produce internamente; pero para Argentina la necesidad de exportar es especialmente importante, ya que cuando crece la actividad económica aumenta la necesidad de divisas y, sin suficientes exportaciones, se desemboca en una crisis externa que frena el crecimiento. Se ha puesto como ejemplo (de lo que no se debe hacer) a los impuestos a las exportaciones de combustibles que formaron parte de una política energética que condujo a un fuerte retroceso de la producción desde 2002 hasta 2014, cuando pasamos de ser exportador neto a importador neto de energía; aunque sería muy injusto atribuirles ese resultado a esos impuestos exclusivamente. Pero no quiero concentrarme en el análisis de la política energética sino en las “retenciones” a las exportaciones del complejo sojero, que han sido este siglo la mayor fuente de recaudación fiscal proveniente del comercio exterior.
Estos impuestos fueron establecidos a principios de 2002, y se han mantenido hasta hoy, con tendencia creciente hasta 2008; se redujeron recién a fines de 2015. Ante eso, se podría esperar que hubiera ocurrido lo mismo que con el petróleo: caída de la producción. Lejos de eso, la cosecha 2014/2015 duplicó a la de 2001/2002; con lo, cual el peso del complejo sojero en la economía, a pesar de la presión impositiva, creció. Las variaciones en la producción parecen más asociadas a cuestiones climáticas que a la presión tributaria.
.
Hay al menos cinco variables que hacen a la rentabilidad de la soja: precio internacional, impuestos que gravan su producción (como las “retenciones”), tipo de cambio real, productividad física y precios de los insumos. Los tres primeros factores deberían reflejarse en el precio interno del producto, una vez que se corrigen los valores en pesos con un índice de precios, para tener una unidad de medida de valor más estable. Aquí utilicé el Índice de Precios al Consumidor; de haber utilizado un índice de costos de la producción de soja, probablemente las variaciones serían menores, dado que parte de los costos están vinculados con el precio del producto. Pero seguramente las tendencias serían las mismas y, por lo tanto, también las conclusiones.
.
La lógica económica nos dice que la producción de cualquier bien debería variar en el mismo sentido que la rentabilidad ex ante (la estimada antes de tomar la decisión de producción); porque cuando baja la rentabilidad, se hace menos atractivo producir. Entonces, deberíamos ver que, más allá de los vaivenes climáticos, las variaciones en la producción deberían seguir los movimientos de los precios. Pero cuando comparamos ambas variables, no se ve una clara relación. Los precios más altos se registraron en los años 2002, 2003 y 2008 y no fueron seguidos inmediatamente por las cosechas más importantes. La cosecha récord fue la de 2014/2015; y fue precedida por precios con tendencia decreciente y bien por debajo del promedio de las últimas dos décadas.
Este resultado, en principio, nos estaría diciendo que la elasticidad-precio de la producción de soja es baja en el mejor de los casos; si es así, no podemos afirmar con seguridad que la imposición de impuestos a la exportación de soja en Argentina ha tenido un impacto significativo en la producción. Con lo cual, el argumento principal contra estos impuestos (que implican un sesgo anti-exportador significativo) no se ve confirmado por los datos.
¿Cómo se explica esto? Mi hipótesis es que, siendo fijo el principal factor productivo (la tierra cultivable), a partir de un cierto umbral de rentabilidad, un mayor precio no conduce a un incremento importante de la producción. Desde ya, debe haber un precio por debajo del cual se reduce la siembra, ya que, si la perspectiva es una rentabilidad muy baja, no valdría la pena apostar a la producción. En 2015 confluyó el retraso cambiario, las “retenciones” en su máximo y precios internacionales relativamente bajos, para que los precios internos fueran más de 40% inferiores, en valores reales, al promedio de los últimos 20 años. Entonces, se decía que se había llegado a ese umbral de rentabilidad. Pero, de ser así, la producción debería haberse derrumbado. No ocurrió. La tierra se siguió cultivando: señal de que la rentabilidad seguía siendo suficiente para hacerlo.
Pero la lógica económica nos dice que, en ausencia de retenciones, algo más de producción pudo haber habido. ¿Cómo? A partir de un uso más intensivo de agroquímicos, y ampliando el área sembrada con soja, desplazando a otros usos del suelo. Pero ¿eso sería socialmente conveniente? No estamos seguros.
La extensión del cultivo de soja ha sido acusada de provocar externalidades negativas: consecuencias sobre terceros, que no son tenidas en cuenta por los productores. Son bastante conocidas las denuncias acerca de la toxicidad de agroquímicos usados en el cultivo extensivo de soja. Pero, además, la expansión de ese cultivo se hizo en buena medida a expensas de reemplazar pastizales y montes nativos, vegetación con menor valor de explotación económica, pero con rica biodiversidad; su reemplazo por un monocultivo como la soja no es ambientalmente neutral. Además de su impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero, se señala que la vegetación nativa cumple funciones de regulación hídrica. Según decía un guía de Sierra de la Ventana, el pastizal nativo es como una esponja, que retiene el agua de lluvia. Eso implica que, al llover, aguas abajo la velocidad del agua se amortigua y, al irse escurriendo con más lentitud, los cursos fluviales tienen un régimen más estable. Si se reemplaza la vegetación nativa por un monocultivo como la soja, la absorción pluvial disminuye y la velocidad de escurrimiento aumenta, lo que intensifica la erosión y hace más probables las inundaciones, alternadas con períodos de bajo caudal de los ríos en épocas de sequía, cuando más se los necesita.
El cultivo de soja en Argentina tiene una competitividad internacional mayor que otras actividades; los impuestos a las exportaciones ayudan a nivelar esa diferencia. Sin ellos, y suponiendo que la mayor rentabilidad condujera a que se asignen mayores recursos a la soja, habría sido en detrimento de otros bienes, perdiéndose diversificación productiva. Esto haría al país más dependiente de su principal producto de exportación (“enfermedad holandesa”). ¿Qué tiene de malo? La economía sufriría más las fluctuaciones producto de avatares climáticos o del precio internacional. Y cuando los ingresos por el producto “estrella” menguan, no se los puede reemplazar rápidamente con otros bienes que han sido desplazados, si requieren un período de maduración para su desarrollo. Es el caso de Venezuela: dada la alta competitividad del petróleo, prácticamente no exportaba otro bien. Cuando el precio se derrumbó, Venezuela entró en crisis.
Además, la concentración de la producción en un bien como la soja, que emplea relativamente poca mano de obra, puede repercutir también en la riqueza y diversidad de los avances tecnológicos internos: no habría mayor interés en desarrollos que involucren a bienes que no son competitivos, por quedar opacados por el producto de exportación dominante.
Un dato poco conocido es que Argentina, en el primer trimestre de 2021, importó más soja en grano de lo que exportó. Esto fue porque los impuestos a las exportaciones de soja procesada (aceite, subproductos para alimentación animal, biodiesel) han sido en general inferiores a los de la soja en grano. Debido a esta diferenciación, se instaló en el país una moderna industria de procesamiento de la soja, con gran capacidad instalada, que cuando la cosecha local no alcanza para abastecerla de la materia prima, importa soja desde Paraguay.
En definitiva, en cuanto a la asignación de recursos productivos, no estamos seguros de que los impuestos a las exportaciones de soja hayan causado una disminución significativa de su producción; y, si lo hubieran hecho, no está claro que ese resultado fuera opuesto a los intereses del conjunto de la sociedad.
Efectos sobre la distribución del ingreso
¿Quiénes se perjudican con los impuestos a las exportaciones? Principalmente, los propietarios de las tierras productoras. Estos tributos reducen el precio recibido por el productor y, por ende, su rentabilidad. Si se perciben como habituales, harán que el valor de la tierra disminuya. Los cambios repentinos pueden afectar a arrendatarios y exportadores; pero, normalmente, los exportadores trasladarán el impuesto a los productores, y los arrendatarios a los dueños de los campos.
¿A qué estrato de ingresos pertenecen los dueños de los campos dedicados al cultivo de soja? Gran parte de ellos son de medianos ingresos; pero es posible estimar, en base a información del Censo Agropecuario y a estimaciones de precio de los campos, que el grueso de la producción se obtiene en explotaciones cuyo valor supera el millón de dólares; aun sin datos precisos, parece lógico suponer que la mayor parte de la recaudación incide sobre propietarios cuyo patrimonio supera al que tiene, en promedio, el resto de la población.
¿Quién se beneficia con los impuestos a las exportaciones? En su ausencia, podría ocurrir una combinación de tres cosas: que se recaude más de otros impuestos, que se reduzca el gasto público, o que aumente el déficit fiscal nacional. Podría plantearse, como hipótesis, que sin impuestos a las exportaciones habría habido menos gasto público: menos jubilaciones (al menos por moratoria), menos planes sociales, menos empleados públicos, menos inversión pública. Lo más probable es que el ingreso promedio de los beneficiarios de este gasto público sea inferior al promedio nacional.
Por otra parte, los impuestos a las exportaciones, al tener el efecto de bajar el precio interno, benefician a los consumidores internos de los bienes gravados. En el caso de la soja, el consumo interno no es muy grande, pero existe: no tanto en forma de grano –excluyendo el que se usa para siembra– sino procesado en forma de aceite comestible, alimentos balanceados y biodiesel. Pero, como sería poco probable que la soja no tenga “retenciones” y otros productos agropecuarios sí, podemos pensar que la ausencia de impuestos a las exportaciones sobre materias primas alimenticias habría resultado en mayores precios de los alimentos, y por lo tanto en menor poder adquisitivo del salario.
Sobre esta base, se podría afirmar que, desde el punto de vista distributivo, los impuestos a la exportación perjudicaron a los propietarios agrícolas, y beneficiaron a los destinatarios del gasto público y a los consumidores de alimentos. Y parece lógico suponer que los primeros tienen un ingreso promedio superior a los últimos, con lo que la distribución del ingreso habría sido menos desigual que si no hubieran existido estos tributos. Pero si eso es justo o injusto, depende de lo que piense cada uno, lo que excede al análisis económico.
En conclusión, mientras que no hay elementos suficientes para afirmar que las “retenciones” a la exportación de soja hicieron que la asignación de recursos sociales productivos sea más ineficiente, hay indicios de que habrían hecho que la distribución del ingreso sea menos desigual. Pero si eso hace que esa distribución sea más o menos equitativa, es una cuestión opinable.
Así que, si usted empezó a leer mi nota porque creyó que iba a dar una respuesta a la pregunta, pido disculpas: sólo le he podido dar elementos para pensarla.»
Son declaraciones del presidente del Instituto Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni, que se refirió a algunas de las problemáticas de Argentina hoy: la desertificación, la pérdida de nutrientes de la tierra, agroquímicos, la expansión de la frontera agropecuaria y la bajante del río Paraná.
Bertoni, quien es ingeniero en recursos hídricos por la Universidad del Litoral y doctorando en recursos hídricos en Francia, se refirió a la realidad general del país, que hoy día tiene dos tercios de tierras consideradas áridas o semi-áridas.
«No se vivía una bajante del Paraná hace más de 50 años», dijo Bertoni, en referencia a la bajante histórica del río que hoy impacta a la navegación de buques, incluso, y al acceso a Rosario, uno de los principales puertos exportadores de la Argentina.
«Este año vamos a tener una situación más compleja, con un impacto en la navegación muy importante con una limitación en el calado de los buques, fundamentalmente en el sector oceánico», dijo Bertoni, y agregó que «la bajante que ocurre en el río Paraná tiene que ver con un déficit de precipitaciones en una gran región como es la cuenca del Plata, no tiene que ver con operación de compuertas de represas de Brasil».
«Desde la gestión pública nos preparamos para una situación crítica», dijo Bertoni, y asoció el fenómeno de las precipitaciones «con el cambio en el uso del suelo», y manifestó que «estábamos acostumbrados a grandes cantidades de precipitaciones, por lo que no tenemos preparados hoy los planes de contingencia para afrontarlo».
«Los incendios los tocamos porque tienen afectación hidrológica, por la falta de cobertura vegetal», explicó Bertoni sobre los incendios producidos en 2020 en 14 provincias del país, y sostuvo que «las primeras lluvias, arrastran las cenizas y lo depositan en los cursos de agua o en los embalses, y si son pequeños los embalses la afectación en la calidad del agua es tremendamente importante, y hay un impacto económico para el tratamiento del agua».
«Hubo localidades en Córdoba que tuvieron que suspender el servicio del agua», dijo Bertoni, y sostuvo que «el 90% de los incendios son causados por el hombre».
El agua potable, en pandemia
El INA pertenece al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y posee uno de los laboratorios de hidráulica más importantes de América Latina, donde se realizaron simulaciones físicas y computacionales, como por ejemplo el estudio del Canal de Panamá.
El Instituto Nacional del Agua posee, además, cuatro centros: uno en Santa Fe, uno en Córdoba, uno en Mendoza y otro en la provincia de San Juan y trabaja, además, con el sector privado con las empresas constructoras de grandes represas hidroeléctricas.
«Originalmente había muchos ingenieros en el INA pero hoy es un crisol de especialidades, pero en general se tiene profesionales con gran nivel de capacitación en doctorado y másters», sostuvo Bertoni, sobre el organismo en el que trabajan trescientas personas.
«En pandemia una de las cuestiones más importantes es la disponibilidad de agua potable», dijo Bertoni al referirse a la seguridad hídrica en situaciones de contingencia sanitaria, como la actual, y agregó que para ello hay que hablar del manejo de las cuencas hidrográficas, de contar con volumen y cantidades de agua, y para eso hay que controlar el buen manejo de agua en las zonas urbanas, en las zonas rurales, de las sequías, las inundaciones y los planes de contingencia».
Por último, Bertoni aseguró que «América Latina ha hecho grandes avances en materia de agua potable y seguridad hídrica».
La propuesta de trabajo con la CONAE
El INA se encuentra en proceso de trazar un acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para el control de los cursos de agua, a través de imágenes de los satélites SAOCOM. Bertoni se refirió a la relación con otros organismos e instituciones, y sostuvo que «la relación entre los organismos de ciencia y técnica están en un momento óptimo».
Bertoni aseguró que «hay un apoyo muy fuerte al trabajo interinstitucional desde el Ministerio de Ciencia a los 16 organismos de ciencia y tecnología del país» y particularizó en la relación con ACUMAR, el organismo encargado del control y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo: «El INA trabaja en la temática del Matanza-Riachuelo y en la calidad del agua allí».
El presidente del INA habló del acuerdo con la CONAE y explicó que el organismo tiene un trabajo previsto combinando imágenes satelitales con la aparición de floraciones algales en cuerpos de agua de la Argentina. «Esto tiene que ver con la seguridad hídrica porque las floraciones algales tienen que ver con las cianobacterias».
«Le estamos haciendo una propuesta a la CONAE para ligar las imágenes del SAOCOM, para detectar problemáticas de distintos cuerpos de agua, y con el tiempo prever las problemáticas que se generan en esos cuerpos de agua para abastecimiento, y eso tiene que ver, también, con la seguridad hídrica», dijo Bertoni.
Argentina, un país árido en dos tercios de su territorio
Bertoni habló de la situación que atraviesa el país, en el cual dos tercios de su territorio están considerados tierras áridas o semiáridas. «Cuando se piensa en la Argentina se piensa en la pampa húmeda pero somos el país latinoamericano con más áreas áridas y semiáridas en su territorio, inclusive mucho más que Chile, que tiene Atacama», dijo Bertoni.
Por último el presidente del INA se refirió al impacto ambiental en el uso del agua que existe en la actividad agropecuaria, con el uso de agroquímicos, por ejemplo. «Hoy en día es inconcebible que en un país agroexportador un Instituto Nacional del Agua no se relacione con el INTA y con la problemática de la producción, la huella hídrica y la economía circular», dijo Bertoni, quien explicó que «en el futuro la huella hídrica de cada producto va a ser importante en el futuro para la exportación de nuestros productos, Europa va a analizar la huella hídrica de nuestros productos antes de comprarnos para estudiar el uso óptimo del agua».
Científicos de 12 países hacen un llamamiento a establecer normas en la construcción de viviendas y locales para la prevención de la transmisión aérea de infecciones respiratorias.
Un grupo internacional de 40 especialistas en virología, medicina, aerosoles, calidad del aire y ventilación de 14 países publicó un artículo en la prestigiosa revista Science en el que llaman a mejorar la regulación de la ventilación para combatir las enfermedades de transmisión aérea, como el covid-19.
Los firmantes piden que se cambien o elaboren normas para regular la ventilación, como en los siglos XIX y XX se aplicaron otras para eliminar los patógenos del agua potable y para evitar las infecciones en los alimentos.
El trabajo fue encabezado por la científica Lidia Morawska de la Queensland University of Technology de Australia, y contó con la participación de dos investigadores españoles, Xavier Querol, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC (IDAEA-CSIC), y José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado (EEUU).
(Para acceder al artículo original «A paradigm shift to combat indoor respiratory infection», cliquear aquí)
Los firmantes exhortan a lograr «un cambio de paradigma» en la lucha contra patógenos transmitidos por el aire, exigiendo el reconocimiento universal de que las infecciones se pueden prevenir mejorando los sistemas de ventilación interior.
En marzo y junio del 2020, este equipo científico internacional pidió a la Organización Mundial de la Salud que reconociese la necesidad de controlar el riesgo de la transmisión aérea de infecciones respiratorias. También en 2020 el mismo grupo publicó un artículo en Environment International con recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión aérea del covid-19.
Mejorar los estándares de ventilación
El equipo pide que los estándares obligatorios de ventilación de los edificios incluyan un mayor flujo de aire, tasas de filtración y monitores que permitan al público observar la calidad del aire en los espacios interiores compartidos.
Según los investigadores, dadas las pruebas de que la transmisión por el aire propaga infecciones, debería haber estándares nacionales e internacionales de ventilación para controlar los patógenos.
La mayoría de los estándares mínimos de ventilación fuera de las instalaciones de investigación y atención médica especializadas solo controlan el olor, los niveles de CO2, la temperatura y la humedad.
Morawska manifiesta que los sistemas de ventilación “también deben controlarse según la demanda para adaptarse a las diferentes ocupaciones de los espacios interiores y las diferentes actividades y ritmos respiratorios, como hacer ejercicio en un gimnasio o sentarse en una sala de cine”.
“Esto no significa que cada espacio interior debe convertirse en una instalación de bioseguridad, pero un edificio debe diseñarse y operarse de acuerdo con su propósito y las actividades que se llevan a cabo allí, de modo que el riesgo de infecciones transmitidas por el aire se mantenga por debajo de un nivel aceptable”, aclara la investigadora.
Por su parte, José Luis Jiménez recuerda que un llamamiento similar sobre la importancia de la ventilación ya fue publicado en Scienceen 1945 por el profesor de Harvad William Wells: “Dos décadas más tarde, Wells consiguió demostrar que la tuberculosis se transmitía por el aire, rompiendo el dogma de que ninguna enfermedad se contagiaba así. Pero no fue escuchado, y las normas y sistemas de ventilación en casi todos los países siguen siendo insuficientes para prevenir infecciones, lo que ha ayudado mucho a propagar la pandemia de covid-19”.
Si bien aún no se ha realizado un análisis económico detallado, Morawska señala que las estimaciones “sugieren que las inversiones necesarias en sistemas de construcción podrían ser menos del 1 % del costo de construcción de un edificio estándar, y se puede obtener un ahorro mucho mayor al reducir los costes sociales de las infecciones”.
El informe «Estado del Clima en Argentina 2020», se elabora anualmente y presenta una evaluación de las condiciones climáticas que afectaron a la Argentina el año pasado.
El Estado del Clima de Argentina(cliquear para acceder) es uno de los informes más amplios, detallados y profundos que se realizan en el país en materia climática. Tiene por objetivo resumir y documentar los principales indicadores del comportamiento del clima durante el año y se publica coordinadamente con el informe mundial Estado del clima global (ver State of the Global Climate 2020, OMM 2021), de tal manera de aprovechar sus resultados y, al mismo tiempo, tener una visión a nivel país y mundial.
El contenido de este reporte se concentra en aquella información que pueda ser de interés para quienes deseen conocer cómo la evolución de factores meteorológicos pudo haber impactado las diferentes actividades durante el 2020. Además, este año se suma al informe, una mirada sobre las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los gases de efecto invernadero y el ambiente.
Este informe final actualiza los datos preliminares emitidos en enero de 2021 y es el documento oficial que registra algunos indicadores del sistema climático, entre los que se incluyen las concentraciones de gases de efecto invernadero, el incremento de las temperaturas, las variaciones de las lluvias, los incendios, el impacto de La Niña y los fenómenos meteorológicos extremos entre otros.
Clima de Argentina 2020
El 2020 resultó uno de los tres años más calientes nunca antes registrados en Argentina, además de ser 2011-2020 la década con mayor temperatura media registrada, evidenciando así la tendencia del incremento de la temperatura media global atribuida a las emisiones de gases de efecto invernadero.
También se destacaron eventos puntuales de calor extremo, como los récords en las bases argentinas de Antártida durante febrero y los 39.6°C registrados en Formosa durante agosto.
La tendencia ascendente de la temperatura anual no excluye que se sigan experimentando inusuales períodos fríos de manera esporádica, como sucedió durante este invierno en Perito Moreno, con -20°C registrados, y en la Antártida, que presentó desvíos negativos de temperatura.
Con respecto a las precipitaciones, el 2020 estuvo marcado por una sostenida y amplia sequía que lo convirtió en el quinto año más seco de los últimos 50. El último cuatrimestre del 2020 estuvo modulado por el desarrollo del fenómeno La Niña que continuó durante los primeros meses de 2021 y, posiblemente, haya favorecido las pocas lluvias de algunos sectores del país.
Los efectos de la pandemia
La pandemia también tuvo efectos en el medioambiente, a través de las restricciones a actividades y movimientos de la población. Las mediciones de ciertas variables, especialmente de aquellas relacionadas con la contaminación provocada por el tránsito de vehículos, muestran la huella de la pandemia a través de una baja significativa, pero temporaria, de algunos gases. Aún así, el efecto fue poco marcado en lo que respecta a la acumulacion de dióxido de carbono en la atmósfera, que continuó creciendo.
Con respecto a la radiación ultravioleta, el año resultó con características muy cercanas al promedio, aunque se vivieron días donde la extensión del agujero de ozono llegó a mínimos históricos en Ushuaia y la península Antártica.
Lo que hoy es un desierto, en el pasado era un paisaje agrícola. En territorios que siguen siendo hostiles para la subsistencia, las sociedades de hace miles de años habían desarrollado tecnologías para hacer sustentable la vida en la Puna.
El sistema hidráulico descubierto por el equipo de arqueología del proyecto Miriguaca demuestra la existencia de diversas redes de riego con diferentes escalas de uso y magnitudes.
El descubrimiento fue posible a través del estudio de imágenes satelitales que revelaron trazados que llamó la atención al equipo dirigido actualmente por la arqueóloga Lorena Grana. Ya en el terreno, los trazados resultaron ser canales de riego, y en una zona donde los trazos convergían, la excavación reveló una represa.
El estanque se enclava en la mitad de la red de riego, a 5 kilómetros del río Miriguaca, de un recorrido total de 10 kilómetros hasta el fin de los campos de cultivo. Para Lorena Grana, esto significa que el propósito con que acumulaban el agua, era para recuperar el caudal. “Posiblemente iban perdiendo el caudal por filtración o evaporación, entonces lo que hicieron fue poner el estanque para poder recuperar el caudal. Claramente lo que están mostrando es un conocimiento muy acabado del manejo del agua y del manejo de las pendientes, porque los canales son simplemente cavados en la tierra. Y lo que nos sorprende es cómo con simples tecnologías los agricultores del pasado pudieron dar soluciones a las limitaciones como es la escasez de agua en una zona tan desértica, y el manejo de las pendientes”, detalló la arqueóloga.
La represa consiste en una construcción muy sencilla, un semicírculo de tierra. Las excavaciones permitieron entender que se compone de un estanque de al menos 370 metros cúbicos y un ducto de salida construido con piedras lajas. El marco de salida tiene una forma trapezoidal y el extremo final del ducto está construido como una pequeña cámara de aquietamiento, para controlar la velocidad de la salida del agua. La función de la cámara es frenar el agua cuando sale de la represa para evitar la erosión de los canales.
Las técnicas de construcción se basaron en aprovechar la pendiente natural del terreno para acumular el agua, luego hicieron un montículo de tierra para contener el agua, y el ducto de salida lo hicieron con piedras talladas y acomodadas.
Según Grana, uno de los análisis más complejos en este tipo de estructura es conocer en qué momento se construyó. La datación se realiza a través de un análisis por radiocarbono, con el cual se puede determinar la edad de materiales hasta 50.000 años de antigüedad. Pero en el país no se realiza. Por lo que una datación con este sistema se ha hecho insostenible entre la pandemia y la crisis económica.
Grana explicó que otro recurso que tienen los arqueólogos para fechar, es tener en cuenta el contexto en que se encuentra el hallazgo y los materiales del entorno. A partir de esto se estima que la red de riego y la represa fue usada en los últimos 1000 años, incluso podría ser anterior al periodo incaico. Además, las vasijas encontradas en la excavación, permiten determinar que la población tenía contacto con otras poblaciones de Belén.
Para Grana, una de las importancias del hallazgo es que muestra “los fuertes conocimientos que tenían estos campesinos del pasado para el manejo del paisaje. Lo sorprendente no es tanto la represa en sí, sino estos conocimientos acabados que le permitieron generar oasis agrícolas en una zona tan desértica. El momento de uso, era igual de árido a los actuales, y pudieron, con tecnologías muy sencillas, generar grandes extensiones de cultivo”, concluyó.
El equipo que viene trabajando en la zona desde 2006, ha revelado 21 sitios arqueológicos hasta el momento que datan de los últimos 4000 años.
La semana pasada Colonial Pipeline, la empresa estadounidense que opera la red de oleoductos más grande de EE.UU., pagó un rescate de 5 millones de dólares a los piratas informáticos que la atacaron.
Ante eso, y recordando que en el ciberespacio no hay fronteras, especialmente para el delito, nos parece oportuno reproducir esta nota de The Economist, traducida por La Vanguardia, de Barcelona:
«A nadie le gusta que lo llamen de la AFIP, o sus equivalentes en otro país. Si Donald Rumsfeld, que como secretario de Defensa de Estados Unidos supervisó un presupuesto superior al de la economía de un país normal, las normas fiscales le parecían tan confusas que todos los años escribe a la agencia estadounidense para quejarse de que no tiene «ni idea» de si ha cumplimentado bien su declaración. No es de extrañar, pues, que cualquier ciudadano corriente se eche a temblar si suena el teléfono y una voz que suena a oficial le dice que ha pagado menos impuestos de los que le corresponden y que le pasarán con un asesor para que regularice su situación.
Sin embargo, se trata siempre de una estafa. Pocas autoridades fiscales llaman a los particulares en relación con sus impuestos; si uno tiene suerte, le enviarán una carta un año después… a la dirección equivocada. No amenazan, como suelen hacer las llamadas falsas, con detener al interlocutor en el caso de que no deposite el dinero en el acto.
Esas estafas son cada vez más frecuentes. Según UK Finance, una asociación de bancos, el año pasado casi se duplicaron en Gran Bretaña las llamadas telefónicas de estafadores que decían ser inspectores fiscales. En otros países, se registran unos aumentos al menos igual de espectaculares.
Aunque las tasas de delincuencia suelen ser generalmente bajas en los países ricos, se destaca el espectacular crecimiento de la ciberdelincuencia, cometida toda o casi toda ella a través de Internet. Según la Encuesta sobre Delincuencia en Inglaterra y Gales, el mejor indicador de las tendencias a largo plazo en Gran Bretaña, en 2019 se produjeron 3,8 millones de incidentes de fraude, la mayoría online, lo que representa un tercio de todos los delitos cometidos.
Los incidentes de fraude online representan cerca de un tercio de todos los delitos cometidos.
Esa cifra no dejado de aumentar desde 2017, año en el que el gobierno comenzó a recopilar datos. En torno al 7% de todos los adultos ha sido víctima de ese tipo de delito. Tres cuartas partes ha perdido dinero, y un 15% ha perdido más de 1.000 libras.
En Estados Unidos, el número de casos denunciados de fraude por Internet aumentó en un 69% el año pasado. Las pérdidas declaradas en ese país (excluyendo las estafas bancarias o con tarjetas de crédito) alcanzaron los 4.200 millones de dólares, tres veces más que en 2017.
También crecen otros tipos de delitos relacionados con Internet. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto masivos, un típico intento de estafa, consiguen obtener miles de millones de dólares al año. Los sitios web de apuestas ilegales, muchos de los cuales roban a sus clientes, se han multiplicado. Y las nuevas tecnologías facilitan que se cometan muchos delitos tradicionales.
Los narcotraficantes utilizan bitcoins, una criptomoneda, para recibir pagos y mover el dinero. Gestionan sus asuntos con programas informáticos especializados en comunicaciones delictivas encriptadas. «No hay delincuencia organizada importante que no tenga un componente digital», afirma Nigel Leary, de la Agencia Nacional contra la Delincuencia británica (NCA).
Los narcotraficantes utilizan bitcoins
. Ese tipo de ataques antes eran burdos. El ransomware llegaba en correos electrónicos de spam y se dirigía a los ordenadores de personas corrientes. Las sumas exigidas solían ser pequeñas, para alentar el pago.
Pero en la actualidad, los hackers se centran en grandes organizaciones y exigen grandes rescates (véase el gráfico). El software malicioso (malware) se inyecta en sistemas informáticos específicos. Roba los datos antes de bloquearlos. A continuación, se pide un rescate para desbloquear los archivos o, cada más con más frecuencia, para impedir que se hagan públicos (las copias de seguridad de los datos importantes son ahora habituales). El pago casi siempre es en bitcoins. Según Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, la cantidad pagada en bitcoins en concepto de rescates aumentó el año pasado en un 311%, en comparación con 2019, y alcanzó los 350 millones de dólares. Las víctimas suelen ser empresas, pero cada vez más incluyen gobiernos y sus departamentos, incluida la propia policía. El 27 de abril, la policía de Washington (D. C.) hizo público un ciberataque con la amenazaba de exponer los nombres de sus informantes a las bandas organizadas.
El ransomware es «la mayor amenaza» procedente del mundo de la delincuencia organizada, según Alan Woodward, informático de la Universidad de Sussex que asesora a Europol, la agencia policial de la Unión Europea. El 29 de abril, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo calificó de «amenaza para la seguridad nacional». El daño es enorme.
El ransomware es la mayor amenaza procedente de la delincuencia organizada
Maersk, compañía naviera mundial, anotó 300 millones de dólares (250 millones de euros) en pérdidas relacionadas con un ataque de ransomware en 2017. Travelex, un operador de divisas británico, se hundió el año pasado, y su ruina llevó a la pérdida de 1.300 puestos de trabajo. Un ataque que derribó sus sistemas a finales de 2019 tuvo parte de culpa. A pesar del pago de 285 bitcoins (valorados en ese momento en unos 2 millones de euros), la empresa perdió unos 25 millones de libras ese trimestre (unos 30 millones de euros). La compañía atribuyó al ataque la mayor parte de esas pérdidas.
Los rescates pueden llegar a ser astronómicos: en marzo, un ataque contra el sistema escolar del condado de Broward, que cubre gran parte de Fort Lauderdale en Florida, exigió 40 millones de dólares en bitcoins. En los mensajes filtrados por los hackers, uno de los negociadores del distrito se mostraba incrédulo: «No es posible pensar que disponemos ni de cerca de esa suma».
La mayoría de los organismos gubernamentales no dispone de ella, pero las consecuencias de no pagar pueden ser igual de costosas. En el condado de Baltimore, en Maryland, las escuelas tuvieron que paralizar el año pasado la enseñanza online durante varios días después de que sus sistemas quedaran bloqueados por un ataque de ransomware. En 2019, un ataque contra la vecina ciudad de Baltimore costó a sus contribuyentes 18 millones de dólares (15 millones de euros). Durante la pandemia, también los hospitales se han visto afectados. Francia informó de 27 ataques a hospitales ocurridos el año pasado, como parte de un aumento general del 255% en los ataques de ransomware. En Alemania y Estados Unidos, se han retrasado tratamientos médicos por causa de los ataques.
Los delincuentes responsables de esos ataques forman un grupo heterogéneo. Muchos parecen tener su base en Rusia, otras partes de Europa del Este o China. En Rusia y Bielorrusia, los ciberdelincuentes prosperan porque el Estado los tolera siempre que sólo estafen a extranjeros. Al parecer, algunos tienen vínculos con los servicios de seguridad.
De todos modos, los ciberdelincuentes no parecen operar en grupos delictivos estrechamente organizados, como los cárteles de la droga o las mafias. Su fuerza reside en su descentralización. Las diferentes partes concretas de cada delito se proporcionan como servicio a los organizadores. Un grupo puede escribir y vender el software. Otros pueden introducirlo en los ordenadores de los objetivos. Otros, cobrar y blanquear el rescate. Y un puñado de cabecillas puede financiar toda la operación, y es posible que nunca lleguen a conocer los nombres o la ubicación de los demás implicados.
Los delitos como el robo de bancos solían ser artesanales, dice Leary, de la NCA. Los grandes golpes, como el robo de Brink’s-Mat en 1983, en el que se robaron 26 millones de libras de la época en oro, diamantes y dinero en efectivo de un almacén del aeropuerto de Heathrow, requerían un gran número de especialistas que se conocían y confiaban entre sí. Ahora la delincuencia a gran escala se está industrializando gracias a la tecnología. «Los obstáculos a la intrusión son bajísimos», afirma Leary.
La ciberdelincuencia opera en forma descentralizada
Eso se debe, en gran medida, a que se ha desarrollado toda una ciberinfraestructura que permite los ataques. La criptomoneda es la clave. A los delincuentes del ransomware les gusta utilizar bitcoin, dice Kemba Walden, abogado de la unidad de delitos digitales de Microsoft, porque es una moneda muy líquida y relativamente anónima. El destinatario final es anónimo a menos que sea posible relacionar la dirección virtual con una identidad en el mundo real. Los delincuentes pueden comerciar entre ellos con bitcoins. Convertir las ganancias en dinero real es arriesgado; en la mayoría de los países ricos, los intercambios de bitcoins aplican de modo estricto la obligatoriedad de «conocer al cliente». Pero no es algo imposible. Algunas Bolsas de países menos regulados aplican criterios más laxos. Además, las criptomonedas pueden ser «mezcladas», es decir, intercambiadas entre criptomonedas por blanqueadores de dinero, para ocultar su origen y ser vendidas luego en Bolsas bien reguladas. En Rusia y China «es dificilísimo» rastrear el dinero robado, dice Walden.
Otras innovaciones tecnológicas son también vitales. Las cajas de SIM, que permiten «suplantar» (ocultar el origen de) las llamadas telefónicas, se venden con fines legítimos (a empresas de márketing, por ejemplo). Sin embargo, también permiten a los delincuentes enviar spam o comunicarse sin revelar su ubicación. TOR, un software que anonimiza las conexiones a Internet haciendo rebotar los datos por todo el planeta, permite que prospere la «web oscura», donde se albergan foros en los que los delincuentes comercian anónimamente con sus productos. Los «alojamientos blindados» (granjas de servidores con un alto nivel de seguridad y privacidad) funcionan como puertos francos virtuales, donde pueden trasladarse los datos comprometedores en cualquier momento, siempre antes de que la policía pueda llegar hasta ellos.
¿Cuál es el futuro de esos delitos? A medida que ha crecido el ransomware, también lo ha hecho el sector que promete proteger a las empresas. Según Michael Levi, de la Universidad de Cardiff, la delincuencia está adquiriendo «cada vez más relevancia». Las organizaciones intentan reforzar sus defensas. Aunque muchas no quieren denunciar los intentos de piratería ni las estafas. Las fugas de datos no sólo son perjudiciales en sí mismas, sino que también son embarazosas. Los particulares rara vez piensan en denunciar los ciberdelitos a la policía. Los costos quizás se imputen indirectamente. Los bancos y las aseguradoras suelen compensar a los clientes de las pérdidas. La seguridad está mejorando, pero los delitos son cada vez más rentables.
La preocupación de las fuerzas del orden es que un mayor número de delincuentes más tradicionales se esté trasladando al ciberespacio, y viceversa. «Ahora la web oscura se utiliza para el comercio de productos básicos [bienes robados], el tráfico de drogas y las armas de fuego», dice Leary. En redadas llevadas a cabo en Bélgica durante el mes de marzo, la policía incautó 28 toneladas de cocaína, así como dinero en efectivo, armas, uniformes de policía y una cámara de tortura en el interior de un contenedor envío. Al parecer, los delincuentes utilizaban Sky ECC, una red telefónica cifrada vendida por una empresa canadiense. Los teléfonos estaban diseñados para ocultar la actividad delictiva, con encriptación de extremo a extremo, desaparición de mensajes y sin datos de GPS. Las suscripciones se pagaban en bitcoins. Eso les proporcionó un gran anonimato, al menos hasta que las fuerzas policiales europeas consiguieron inyectar su propio malware en los teléfonos para espiarlos.
Los gobiernos están empezando a tomarse más en serio la ciberdelincuencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha designado un equipo para hacer frente al ransomware. Los «Cinco Ojos» aliados (Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda) comparten ya información sobre el tema. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. En Gran Bretaña, sólo uno de cada 200 agentes de policía se dedica a combatir el fraude, a pesar de su enorme impacto, según las cifras reveladas gracias a la Ley de Libertad de Información y publicadas por el periódico The Times.
Y las oportunidades son cada vez mayores. En los últimos seis meses, el valor de los bitcoins en el mundo se ha disparado hasta superar los 800 millones de euros. Ese aumento de la liquidez facilita aún más la ocultación de los delitos. Y como dice Woodward: «¿Por qué va a entrar alguien en un banco con una escopeta recortada para robar 30.000 libras cuando, con algo de dinero para invertir, puede entrar en la web oscura y lanzar una campaña de ransomware con la que ganar millones?».
Entre los expositores estuvieron Javier Papa, subsecretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Economía; Joerg Husar, manager del Programa de América Latina en la Agencia Internacional de Energía; Alejandro Gesino, Instituto Fraunhofer IEE; Adriana Serquis, INN-CNEA-CONICET-Bariloche; Santiago Sacerdote, gerente general de Y-TEC / Consorcio H2.Ar; Ariel Pérez, gerente de Energías Renovables de Hychico; y Santiago Sajaroff, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables.
También participaron Carolina Vera, jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología; Daniel Pasquevich, director del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la CNEA; Norma Amadeo, directora del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energía; Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Carola Ramón, subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la Cancillería; y los embajadores de Alemania, Ulrich Sante; de Japón, Takahiro Nakamae; y de Corea del Sur, Jang Myung-soo.
Del debate final -“Diálogo y consensos para el desarrollo de la economía del Hidrógeno como políticas de Estado”- participaron la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba; y los diputados nacionales Omar Chafi Félix (titular de la Comisión de Energía y Combustibles), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Menna (Chubut).
Para acceder a la totalidad de las exposiciones, a partir del minuto 17 de un video preparado por el Consejo Económico y Social, cliquear aquí. 
“Esto no significa que cada espacio interior debe convertirse en una instalación de bioseguridad, pero un edificio debe diseñarse y operarse de acuerdo con su propósito y las actividades que se llevan a cabo allí, de modo que el riesgo de infecciones transmitidas por el aire se mantenga por debajo de un nivel aceptable”, aclara la investigadora.
Por su parte, José Luis Jiménez recuerda que un llamamiento similar sobre la importancia de la ventilación ya fue publicado en Science en 1945 por el profesor de Harvad William Wells: “Dos décadas más tarde, Wells consiguió demostrar que la tuberculosis se transmitía por el aire, rompiendo el dogma de que ninguna enfermedad se contagiaba así. Pero no fue escuchado, y las normas y sistemas de ventilación en casi todos los países siguen siendo insuficientes para prevenir infecciones, lo que ha ayudado mucho a propagar la pandemia de covid-19”.
Si bien aún no se ha realizado un análisis económico detallado, Morawska señala que las estimaciones “sugieren que las inversiones necesarias en sistemas de construcción podrían ser menos del 1 % del costo de construcción de un edificio estándar, y se puede obtener un ahorro mucho mayor al reducir los costes sociales de las infecciones”. 
La represa consiste en una construcción muy sencilla, un semicírculo de tierra. Las excavaciones permitieron entender que se compone de un estanque de al menos 370 metros cúbicos y un ducto de salida construido con piedras lajas. El marco de salida tiene una forma trapezoidal y el extremo final del ducto está construido como una pequeña cámara de aquietamiento, para controlar la velocidad de la salida del agua. La función de la cámara es frenar el agua cuando sale de la represa para evitar la erosión de los canales.
Las técnicas de construcción se basaron en aprovechar la pendiente natural del terreno para acumular el agua, luego hicieron un montículo de tierra para contener el agua, y el ducto de salida lo hicieron con piedras talladas y acomodadas.
Pero en la actualidad, los hackers se centran en grandes organizaciones y exigen grandes rescates (véase el gráfico). El software malicioso (malware) se inyecta en sistemas informáticos específicos. Roba los datos antes de bloquearlos. A continuación, se pide un rescate para desbloquear los archivos o, cada más con más frecuencia, para impedir que se hagan públicos (las copias de seguridad de los datos importantes son ahora habituales). El pago casi siempre es en bitcoins. Según Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, la cantidad pagada en bitcoins en concepto de rescates aumentó el año pasado en un 311%, en comparación con 2019, y alcanzó los 350 millones de dólares. Las víctimas suelen ser empresas, pero cada vez más incluyen gobiernos y sus departamentos, incluida la propia policía. El 27 de abril, la policía de Washington (D. C.) hizo público un ciberataque con la amenazaba de exponer los nombres de sus informantes a las bandas organizadas.
El ransomware es «la mayor amenaza» procedente del mundo de la delincuencia organizada, según Alan Woodward, informático de la Universidad de Sussex que asesora a Europol, la agencia policial de la Unión Europea. El 29 de abril, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo calificó de «amenaza para la seguridad nacional». El daño es enorme.