Un nuevo estudio sobre detección de temperatura en el lugar de trabajo por parte de las empresas encontró que esta medida no es efectiva para detectar trabajadores con COVID-19 y no se recomienda. Solo identificó uno de cada 40 casos.
Se trata de un trabajo publicado en el Journal of occupational and environmental medicine y reproducido en Intramed. El estudio buscó determinar si la detección de temperatura es útil para detectar y reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.
Y para eso se realizó una encuesta para determinar si la detección de temperatura identificó exitosamente a los trabajadores con COVID-19 entre una muestra de conveniencia de directores médicos de corporaciones multinacionales en una amplia gama de industrias.
Resultados:
Más de 15 millones de proyecciones fueron realizadas por 14 empresas.
Se identificaron menos de 700 episodios de fiebre.
De estos, solo se detectaron alrededor de 53 casos de COVID-19.
Alrededor de 2000 trabajadores con COVID-19 diagnosticado estaban en el lugar de trabajo y no se detectaron mediante el control de temperatura.
Conclusiones:
Se identificó un caso de COVID-19 mediante la detección de aproximadamente cada 40 casos que se pasaron por alto. Por lo tanto El control de temperatura en el lugar de trabajo no fue efectivo para detectar trabajadores con COVID-19 y no se recomienda.
El robót utiliza un sistema informático inteligente de 12 cámaras que revisan el suelo y apuntan a las malezas con un láser de dióxido de carbono.
La compañía estadounicense «Carbon Robotics» es un fabricante especializada en servicios tecnológicos para el agro. Y ahora que acaba de presentar el prototipo Autonomous Weeder, un vehículo autónomo, capaz de eliminar malezas usando un laser, en lugar de aplicando agroquímicos.
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De esta forma, el robot logra implementar un sistema de control de plagas y malezas, mientras evita el uso de pesticidas, modalidad que puede contaminar el agua y afectar la salud y que está siendo cuestionada desde el punto de vista ambiental.
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La agricultura argentina, que debe enfrentar en muchos mercados el cuestionamiento al uso intensivo de agroquímicos, podría examinar este nuevo desarrollo.
En aquellos campos donde no se utilizan pesticidas, la eliminación manual de malezas es una tarea engorrosa en un sector donde la mano de obra es escasa. Mientras un humano puede revisar media hectárea por día, los creadores de Autonomous Weeder aseguran que, en el mismo lapso, su robot puede procesar y eliminar malezas en unas 8 hectáreas en un campo de cultivo de cebollas.
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Con un aspecto de un enorme cubo con ruedas, el vehículo autónomo de Carbon Robotics no requiere de un operario que lo supervise, puede trabajar tanto de día como de noche y está equipado con 12 cámaras que escanean el suelo. Mediante un sistema de inteligencia artificial, identifica las malezas y las elimina con un potente láser de dióxido de carbono, sin afectar los cultivos.
Con un costo estimado de cientos de miles de dólares, los creadores del Autonomous Weeder destacan que el equipo compensa su alto precio en dos o tres años de uso. Aunque no brindó detalles sobre el precio exacto del robot desmalezador, Carbon Robotics dijo que su inventario de equipos ya está vendido de forma completa para este año.
El gobierno de Estados Unidos informó que está trabajando para lograr que las farmacéuticas que han desarrollado una vacuna contra el coronavirus la distribuyan por todo el mundo a precio de costo con el objetivo de acabar con la pandemia.
“El resultado final es que creemos que las compañías farmacéuticas deberían suministrar (la vacuna) a precio de costo para todo el mundo para que no haya barreras a ser vacunado”, aseveró Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, durante una entrevista con la cadena local ABC.
El funcionario norteamericano aseguró asimismo que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, está llevando a cabo “conversaciones intensivas” con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para superar el problema de acceso a la vacuna y apuntó que debería haber un “camino a seguir en los próximos días”.
Las declaraciones de Sullivan se producen poco después de que un grupo de 10 demócratas, encabezados por el representante del ala más progresista, el senador Bernie Sanders, haya pedido que se le exija a las farmacéuticas que cedan temporalmente las patentes de las vacunas de coronavirus para que los países que lo necesiten puedan desarrollar su propio suero.
Esta suspensión temporal de las patentes de las vacunas ha sido propuesta por India y Sudáfrica ante la OMC, dos de los países que más sufren el impacto del coronavirus.
“Les urgimos a apoyar la adopción de esta exención temporal, con la que se asegurará la respuesta más efectiva y eficiente a una pandemia global que se ve solo una vez en la vida”, apunta la carta de los demócratas dirigida a Biden.
Observación de AgendAR:
Estos gestos -que durante la Guerra Fría se englobaban bajo el nombre de «la lucha por ganar corazones y mentes» son bienvenidos, en que contribuyen a moderar el actual manoteo de vacunas, que deja sin protección a los países más pobres, y complica a países medianos como el nuestro. No es nuestra intención desvalorizarlos.
Pero sería mucho más eficaz, en lo inmediato, que EE.UU. repartiese -o pusiese a la venta- su actual sobrante de vacunas.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación invita al webinar en el que hoy, martes 4 de mayo, de 9 a 12 hs, especialistas de Argentina y Brasil intercambiarán, en vivo, avances sobre temas críticos en la lucha contra el COVID-19: secuenciación, inmunología, vacunas e inmunoterapias.Para seguir al webinar, entrar al canal de Youtube del Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de Brasil:https://youtube.com/channel/UCjuL_xtE7NpxtkWbYc89DFA
El asma es una enfermedad muy frecuente en Argentina, que afecta casi al 6% de los adultos. En medio de la pandemia por SARS-CoV2 resultó motivo de preocupación el potencial riesgo que podrían tener las personas con esta enfermedad.
El asma es una condición que predispone a sufrir enfermedades virales y que presenta empeoramientos desencadenados por infecciones virales, por lo que, al principio de la pandemia, se consideró al asma como factor de riesgo para contraer COVID-19.
Un estudio realizado en nuestro país, en el que participaron investigadores del Hospital Universitario Austral, relevó los registros de 207.079 casos ingresados en el sistema nacional de registro y encontró que el asma no se asociaba a mayor riesgo de evolución adversa de COVID-19, definida como internación en terapia intensiva o mortalidad.
Una revisión sistemática de la literatura médica, que incluyó 57 estudios publicados con 587.280 pacientes, encontró que un 7,46% de las personas con COVID-19 presentaban asma como enfermedad comórbida. También se encontró de forma similar al estudio nacional, que el asma no significaba mayor riesgo de infección, internación o mortalidad por la infección por coronavirus.
Algunos estudios, sin embargo, encontraron que personas con asma grave que requieren tomar corticoides por vía oral, podrían tener mayor riesgo de enfermedad severa. Es difícil interpretar estos estudios, ya que este riesgo podría ser causado por edad avanzada u otras enfermedades presentes, como la obesidad o la diabetes.
Parte de la explicación de este fenómeno, es que el nuevo coronavirus se une a las células humanas a través de una estructura molecular que se llama receptor y se encuentra en la superficie de las células. Esa unión es específica, como la de una llave a la cerradura, y permite que el virus invada la célula y se multiplique en su interior. El receptor específico al que se une el nuevo virus se llama ACE-2, que es la abreviatura de Enzima Convertidora de la Angiotensina. Ese receptor se encuentra en muchas células del cuerpo, en particular en la superficie de las células del tejido pulmonar, que se llama epitelio. En un estudio, se apreció que las personas asmáticas tratadas con corticoides inhalados tienen menos expresión de receptores ACE-2 en el tejido pulmonar, por lo que el virus tiene menos posibilidades de invadir las células.
Sintomas del asma y el Coronavirus
Como los síntomas de asma se superponen con los de la infección por SARS-CoV2, es prudente que todo ataque de asma sea evaluado adecuadamente, para evitar demoras en el diagnóstico y el tratamiento de posibles cuadros de contagio. Además, todas las recomendaciones locales e internacionales coinciden en priorizar a las personas con enfermedades respiratorias en la vacunación contra COVID-19. Las personas asmáticas -aun aquellas que utilizan medicamentos biológicos basados en anticuerpos monoclonales- no presentan contraindicación para vacunarse.
LA CUARENTENA DEL 2020 BENEFICIÓ A LAS PERSONAS ASMÁTICAS
Un estudio británico encontró que durante el periodo de aislamiento social disminuyó el número de ataques agudos de asma incluso durante los meses invernales. La causa más inmediata es la disminución de las infecciones virales. Esto ha llevado a que algunos investigadores postulen que sería beneficioso para las personas con enfermedades respiratorias sostener las medidas de protección (barbijo, distanciamiento social y lavado frecuente de manos), más allá del final de la pandemia.
Por Dr. Alejandro Videla
Profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y médico del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral.
En abril hubo un récord en liquidación de dólares por los agroexportadores. El sector liquidó u$s 3.031,4 millones, duplicando lo ingresado en abril del año pasado. Es la mayor marca para ese mes desde hace al menos 7 años. En los primeros cuatro meses del año el ingreso de divisas por ese concepto alcanzó a u$s 9.755,4 millones.
La liquidación exacta del sector agroexportador en abril fue de u$s 3.031.403.008, un 98,85% más que en el mismo mes de 2020. La información fue suministrada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.
Este boom de liquidaciones guarda relación directa con los precios internacionales de commodities más altos de los últimos nueve años. La tonelada de soja cerró el viernes en el Mercado de Chicago a u$s 578,17, un aumento del 19,48% en lo que va de 2021 y del 48,94% en el último semestre.
El informe de CIARA-CEC agrega que «la cosecha gruesa local, salvo situaciones específicas, se realiza normalmente y a buen ritmo, con el contratiempo del bajo nivel de caudal del río Paraná, en Santa Fe, fundamental para la exportación del 80% de granos y derivados oleaginosos industrializados».
Por el salto del precio de la soja, ingresarán u$s 7122 millones por retenciones
Para resaltar la importancia del sector en la generación de divisas genuinas, CIARA y CEC destacaron que «el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC».
El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que según el informe «tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%».
El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).
Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.
Las entidades citaron en su comunicado un informe del Ministerio de Trabajo, en el que indica que «solo el complejo soja, que representó el 27% de las exportaciones totales de la Argentina del año pasado, constituye el 16% (344.865 puestos) del empleo generado en 2017 por todas las cadenas agroindustriales».
Observación de AgendAR:
Para analizar estos números, debe tenerse en cuenta que este aumento del 100% en las liquidaciones, no parte de una base «achicada» por la pandemia y la cuarentena rígida de los primeros meses. Las actividades agrarias, y el transporte de los granos, fueron consideradas esenciales desde el primer momento, y no se interrumpieros (aunque hubo algunos inconvenientes por el cierre de fronteras interprovinciales).
Por eso, el aumento de la recaudación fiscal que se registra en los últimos meses tiene que ver con las retenciones. El IVA no tuvo un incremento significativo, porque el consumo todavía no se recupera con fuerza.
YPF eligió al menos cuatro clusters conformados por áreas secundarias en distintas provincias para ponerlos en venta o asociarse con otras firmas. Quiere desinvertir en esos yacimientos para concentrarse en el desarrollo de otros, más rentables, fundamentalmente en Vaca Muerta. Ya firmó acuerdos de confidenciales con varias petroleras independientes y también con empresas de servicios que podrían re-convertirse en operadoras.
La empresa petrolera controlada por el Estado puso en marcha en abril un proceso de desinversión en yacimientos maduros o áreas secundarias en distintas cuencas del país. El CEO de la empresa, Sergio Affronti, había adelantado la medida durante la presentación de resultados a fines del año pasado.
La concepción estratégica detrás de esta medida es invertir de manera más eficiente el capita-l limitado por la situación general del país y de la empresa- en proyectos con una tasa de retorno que se estima más competitiva, como los que lidera la petrolera en Vaca Muerta.
YPF opera 98 bloques hidrocarburíferos en todo el país, de los cuales unos 60 producen menos de 200 metros cúbicos diarios (m3/día) de petróleo, según estadísticas del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) de febrero. El área de Proyectos Especiales, que dirige Fernando Giliberto,seleccionó algunos de esos de campos y conformó al menos cuatro clusters de áreas en distintas provincias del país.
Fuentes privadas dicen que YPF firmó acuerdos de confidencialidad con al menos cinco empresas interesadas en operar esos bloques. En la lista figuran petroleras independientes como President Energy, una pequeña petrolera británica que controla ocho áreas en la cuenca Neuquina y otras tres en la cuenca Noroeste; y algunas empresas de servicios que ya están a cargo de la operación y el mantenimiento de yacimientos petroleros, y están interesadas en dar un paso más y asumir la operación de esos bloques.
“Se contemplan distintas formas de asociación. Desde contratos tradicionales de farm-in y farm-out hasta esquemas de franquicia o asociaciones por producción incremental. El proceso recién está en una primera etapa”
El argumento central es que YPF maneja costos de OPEX (operación y mantenimiento) y overhead (estructura) que, en muchos casos, encarecen tanto la explotación de esas áreas que la tornan en anti-económica. La estructura de YPF sería demasiado costosa para garantizar rentabilidad en la operación de campos maduros.
En la Argentina son pocas las petroleras independientes están tienen ese plan de negocios. En Entre 2004 y 2011 llegaron varias compañías norteamericanas —fundamentalmente canadienses— que lograron generar valor con ese tipo de apuestas. Petroandina Resources, por caso, adquirió un campo secundario de YPF en Mendoza —el área CNQ7—, que en 2004 producía menos de 100 m3/día, y la llevó a producir más de 4000 m3/día en apenas cuatro años.
Hay ejemplos -dice la publicación especializada EconoJournal- de que la fórmula puede ser redituable para el país. La empresa local Capsa, por caso, se metió en silencio en el top five de mayores productores de crudo con una oferta de unos 3000 m3/día en Chubut y Neuquén.
Las próximas semanas serán claves para saber el proceso de venta de activos de YPF se robustece. No es la primera vez que la compañía encara una iniciativa de este tipo. En ocasiones anteriores, la desinversión en áreas marginales —una medida consensuada por la mayor parte de la industria, incluso por gobernaciones provinciales— terminó frustrándose porque no recibió el visto bueno de la política a nivel nacional y también por cierta resistencia interna del área de Upstream de la petrolera, que siempre es renuente a ceder la operación de activos.
Esta vez, existen incentivos diferentes: YPF necesita concentrar sus esfuerzos en proyectos más rentables. Su caja no permite seguir cubriendo operaciones en campos convencionales que no aportan valor para una estructura tan grande como la de la compañía. Con escasas chances de conseguir financiamiento internacional, la asociación con empresas más chicas en las que pueda delegar el desarrollo de áreas secundarias es motivo de consulta recurrente por inversores internacionales.
El crecimiento del empleo precarizado en la «economía de plataformas» hace necesario repensar las instituciones de protección social y adecuarlas a las características del mercado laboral actual.
Un 16% de la fuerza laboral en las principales ciudades de América Latina y el Caribe está enrolado como trabajadores activos o potenciales de una plataforma, una modalidad que se ha potenciado a partir de la pandemia de coronavirus, y que plantea nuevos desafíos.
Es que estos arreglos laborales suponen por una parte una oportunidad, pero también presentan riesgos: una mayor volatilidad en los ingresos y el posible deterioro de las condiciones de empleo, sobre todo en el acceso a la protección social. Lo más probable es que los nuevos trabajadores digitales sean cuentapropistas, en lugar de empleados formales.
Así lo resalta la Encuesta CAF (ECAF) 2019 realizada en el marco del último Reporte de Economía y Desarrollo, que muestra que el 9,4% de los trabajadores de 11 de las principales ciudades de la región declaraba haber prestado un servicio por intermedio de una plataforma en el último mes, mientras que el 6,7% estaba registrado como proveedor en una plataforma, aunque sin actividad.
De esta manera, se evidencia que alrededor del 16% de la fuerza laboral puede catalogarse como trabajador de plataforma activo o potencial. Las ciudades donde este total es mayor son Ciudad de Panamá (23%), Bogotá (20%) y Quito (19%), según el estudio.
Según la ECAF, del total de trabajadores con actividades de plataforma en el último mes, el 60% son autoempleados, el 27% son asalariados y el 10% son empleadores, mientras que el restante 3% se completa con trabajadores familiares sin remuneración, miembros de cooperativas y empleados domésticos.
La ECAF también evidencia que -en promedio para todas las categorías ocupacionales- el empleo en plataforma constituye una actividad principal en el 41% de los casos.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, es probable que la incidencia de los empleos de plataforma sea aún mayor a los valores captados por la ECAF en 2019, especialmente entre los autoempleados.
Las condiciones laborales de este tipo de empleo juegan un rol especial debido a que en algunas ocasiones los horarios de trabajo suelen ser prolongados e imprevisibles. La mitad de los trabajadores de plataformas digitales ganan menos de dos dólares por hora, revela un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT). Entre los desafíos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de plataformas también está la regularidad del trabajo y de los ingresos, la libertad de asociación y de negociación colectiva, entre otros.
Señala la CAF que las plataformas digitales llegaron para quedarse y suman oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes; mientras que a las empresas les permiten acceder a una base de trabajadores amplia, flexible y con calificaciones diversas, además de ampliar su base de clientes.
Según publica el medio mexicano El Economista, si se considera, por ejemplo, la fuerza de trabajo de plataformas de comercio electrónico, streaming, redes sociales o buscadores en línea, de cada 10 trabajadores seis son hombres y cuatro son mujeres, también citando cifras de la OIT.
Pero si se pone el foco en las plataformas dedicadas al «delivery» —como Rappi y Glovo, entre otras—, las mujeres representan apenas el 8% del total, en tanto que en las plataformas de transporte como Uber y Cabify la proporción de mujeres no llega ni al 5 por ciento.
La OIT alertó en un estudio la precariedad del empleo y las violaciones a los derechos laborales dentro de las plataformas digitales, especialmente las de la industria del transporte y las entregas.
Las organizaciones internacionales como la OIT, la Cepal y la OCDE vienen presionando para la creación de un sistema homologado de regulación en plataformas digitales, ante el crecimiento y la expansión de éstas.
En nuestro país ¿cómo estamos?
Hace casi dos años publicamos un informe exhaustivo La economía de las plataformas en Argentina. Ahí decíamos «Las plataformas digitales están cambiando la fisonomía del trabajo local. Lo están precarizando, ayudadas por la crisis, el desempleo…» La pandemia ha acentuado el problema.
La transmisión del coronavirus a través de los aerosoles, pequeñas gotas que emitimos con tan sólo respirar y que pueden quedar flotando en el aire, fue incorporada con claridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una demanda de especialistas de todo el mundo que desde hace meses sostienen que se trata de la principal vía de contagio.
La actualización, que se realizó el 30 de abril -por el momento sólo está disponible en la página en inglés, aquí– señala que «sabemos que la enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga entre las personas de diferentes formas».
Entre estas formas, la OMS describió: «El virus se puede propagar desde la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas varían desde gotitas respiratorias más grandes hasta aerosoles más pequeños».
Hace justo una semana, en AgendAR publicamos Cómo nos contagiamos el coronavirus. Y por qué la Organización Mundial de la Salud demora en aceptarlo. Ahí está explicada en detalle la transmisión atmosférica del virus, y también la resistencia de la OMS. Sólo añadimos que las burocracias internacionales en general son muy lentas en aceptar los hechos que contradicen sus teorías favoritas. No sólo en medicina.
El manual del neoliberalismo para pobres definió al Estado como “elefantiásico” y formateó el sentido común para que “industria”, “industrialización” o “políticas industriales” sonaran como anacronismos. Por default, las periferias entregaron los “sectores estratégicos” al mercado –eufemismo de grupos concentrados nacionales y extranjeros–, y nociones como “capacidades autónomas” o “autonomía tecnológica” se disolvieron como humo. La pregunta prohibida para nuestros neoliberales de cabotaje es: ¿qué cosa es un país sin Estado, ni industria, ni sectores estratégicos, ni capacidades autónomas?
Desde 2007, las sucesivas crisis globales –financiera, climática, sanitaria– abrieron una brecha para una rehabilitación (ambigua) del rol del Estado y, desde hace un par de años, la noción de “políticas industriales” comenzó a figurar en documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una novedad de esta reivindicación culposa fue la eclosión de la noción de mission-oriented policies (“proyectos orientados por misión”, POMs), inspirada en hitos como el Proyecto Manhattan o la Misión Apolo, hoy destacados como gestas de supremacía tecnológica con resonancias de destino manifiesto.
La economista Mariana Mazzucato (2018), con rango de gurú de la perspectiva neoschumpeteriana, explica que la noción de POMs se enfoca en el abordaje de desafíos amplios –ambientales, demográficos, económicos o sociales–, con un compromiso de largo plazo de “gobiernos y organismos trasnacionales”. De hecho, estos desafíos proporcionan “una dirección estratégica para las políticas de financiamiento y los esfuerzos de innovación”.
El título de su libro reciente es elocuente: Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Economía por misión: Una guía disparo-a-la-Luna para cambiar la economía, Penguin, 2021), donde la Misión Apolo, en clave de arenga épica de enorme eficacia comunicacional, se presenta como analogía para organizar una economía y definir sus metas.
Las ediciones del best seller de la economista Mariana Mazzucato.
Hoy sabemos que las nociones de moda en las economías centrales suelen funcionar como caballos de Troya en las periferias. La noción de “políticas orientadas por misión” no es una excepción y está siendo asimilada en América Latina de forma acelerada, sin contexto, sin historia, sin mediaciones. Si vamos a asimilar esta noción en la Argentina, es necesario hacer un trabajo de resignificación que considere las especificidades del país y la región.
La geopolítica determina la economía
En la Argentina, igual que en Brasil o México, se pueden identificar trayectorias de evolución de sectores estratégicos que podrían ser caracterizadas como políticas orientadas por misión a la medida de países de la semiperiferia latinoamericana. Incluso, en nuestro país podemos incluir en la lista de casos “exitosos” de POMs los desarrollos nuclear, satelital, de radares o la trayectoria 2006-2015 de la empresa ARSAT. Apuestas semejantes con grandes costos de inversión pública, pero que no lograron sus objetivos, se impulsaron en aeronáutica, semiconductores y TICs, automotriz o hidrocarburos.
Que la Argentina hoy no exporte aviones, electrónica de consumo, automóviles nacionales o con alto porcentaje de componentes nacionales, y que todas las máquinas y equipamientos para extraer petróleo y gas sean importados, se explica por las dictaduras que asolaron nuestro país hasta diciembre de 1983 y por gobiernos como los de Carlos Menem y Mauricio Macri.
Es importante notar que el conjunto –los casos exitosos y no exitosos– aporta enormes aprendizajes, pero por ahora no logra mover la aguja de la economía ni transformar el perfil productivo.
Un caso intermedio, que tal vez no pueda encuadrarse en las POMs, es el impulso de capacidades para producción de medicamentos. Derivó en una industria nacional competitiva, pero que importa los principios activos porque invierte poco en investigación y desarrollo; y en un sector público de investigación y desarrollo y producción de medicamentos desconectado del sector privado. Otro caso que merece un tratamiento separado es el desarrollo de semillas y tecnologías para el agro.
Es decir, si vamos a hablar de POMs en la Argentina es fundamental calibrar esta noción al contexto de alta inestabilidad política, económica e institucional y a las reglas de juego adversas (asimétricas, injustas) que definen el lugar geopolítico asignado a la región. Por ejemplo, los acuerdos de protección de propiedad intelectual (TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o el laberinto de regulaciones que favorecen a los matones del barrio en comercio internacional, o el proteccionismo oculto en medidas paraarancelarias de las economías centrales, entre otros factores.
Dicho breve: en América Latina una geopolítica despiadada modula (determina) la economía. El lawfare es una de sus manifestaciones actuales.
Autonomía, no frontera
En la presentación de Mazzucato (2018), impecable, heterodoxa y progresista para las economías centrales, las POMs “pueden definirse como políticas públicas sistémicas que se basan en el conocimiento de frontera para alcanzar objetivos específicos”. “El Estado lidera y las empresas lo siguen”, a diferencia del “enfoque tradicional en el que el Estado es, en el mejor de los casos, un reparador de las fallas de mercado”.
Pero en la Argentina, los “casos exitosos” que se asemejan a POMs no tuvieron como meta el “conocimiento de frontera”. Lo que tienen en común es haber impulsado senderos de aprendizaje (institucional, empresarial, organizacional) en sectores definidos como estratégicos, con acumulación incremental de capacidades y aumento de la complejidad: encadenamientos productivos, densidad creciente de interconexiones, formación intensiva de recursos humanos. Estos senderos de aprendizaje se orientaron a la acumulación y diversificación de capacidades autónomas. Autonomía, no frontera. La frontera es una consecuencia de la autonomía.
Así, las funciones que Mazzucato le asigna al Estado emprendedor deben ser reformuladas para que sean eficaces en la neutralización de los obstáculos específicos de la semiperiferia latinoamericana:
Una política exterior decidida de apoyo a sectores estratégicos y metas propuestas en las POMs, que van a contramano del lugar asignado a la Argentina en el ajedrez hegemónico: productor-exportador primario y consumidor-importador de alto valor agregado.
Frente al segmento de grandes empresas con capacidad de inversión en investigación y desarrollo, el liderazgo del Estado debe transformar culturas empresariales de aversión al riesgo, cortoplacismo, tendencia a la financierización y fuga. Esta meta supone alta legitimidad política y capacidades para disciplinar a estos segmentos concentrados de la economía que se benefician con el subdesarrollo.
Con el objetivo de transformar las dinámicas de la inversión extranjera en sectores dinámicos, extractivos o en infraestructura, el Estado debe ser capaz de negociar procesos de transferencia de tecnología y de apertura a la integración del entramado productivo local.
¿Cómo abrir la ventana?
El capitalismo post-revolución industrial se estructura alrededor de revoluciones tecnológicas que “rejuvenecen” la economía con nuevos ciclos de innovaciones que se extienden alrededor de 50 años. Hoy estaríamos en los inicios de una nueva revolución tecnológica que combina la transición energética hacia las energías renovables con las tecnologías digitales.
Un lugar común es pensar que las revoluciones tecnológicas abren a los países de la región “ventanas de oportunidad”. La historia enseña lo contrario: las revoluciones tecnológicas tienden a restringir sus opciones. Se los necesita como escala de mercado, como consumidores de los nuevos productos. Es decir, la ventana de oportunidad no viene dada, se construye, es una opción geopolítica.
Hoy la transición energética hacia las energías renovables y la movilidad sustentable pueden transformarse en una ventana de oportunidad si la Argentina es capaz de blindar sus objetivos estratégicos, disciplinar algunos segmentos empresarios concentrados y dar un salto cualitativo en las capacidades de coordinación de políticas públicas y de asociatividad público-privada.
A partir de esta reformulación de qué cosa define un Estado inteligente en la Argentina, las políticas orientadas por misión pueden ser un vector adecuado para impulsar algunos de los grandes desafíos de un proyecto de país democrático, con equilibrio territorial, inclusión real, creciente equidad y ampliación de derechos.
