La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), expresó su preocupación y reafirmó la necesidad de revisar los actos administrativos nacionales y provinciales que impiden el sostenimiento del alcance universal de los servicios públicos esenciales.
COOPERAR es una entidad que nuclea a setenta entidades que representan en total cerca de cinco mil cooperativas de servicios públicos, consumo, educación, salud, turismo, ahorro y crédito, producción y vivienda. Sigue su declaración:
Desde enero de 2016, el precio mayorista de la energía aumentó 977 %.
La política de reducción de subsidios e incremento de tarifas de los servicios públicos esenciales mejoró la solvencia económica de las empresas de generación y transporte de energía eléctrica pero, al mismo tiempo, afectó la capacidad de pago de los ciudadanos, incluyendo aquellos asociados a las cooperativas, encargadas de la distribución del recurso en más de 600 localidades de todo el país.
Sobre ese diagnóstico giraron los análisis compartidos durante la última reunión del Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el último viernes, con una alta participación de las federaciones que agrupan a estas cooperativas en distintas provincias y regiones.
«Los actuales incrementos de la energía eléctrica provienen de decisiones del Gobierno Nacional y los aumentos en los gastos de distribución surgen en general de resoluciones de los gobiernos provinciales, ajenas al sistema de administración democrática de las cooperativas», manifiesta el comunicado girado a las 74 federaciones asociadas luego de la reunión.
Cooperar propone que se revisen las decisiones tomadas sobre las tarifas de los servicios públicos esenciales, que de modo alguno pueden ser la causa del empobrecimiento de la población, y mucho menos de exclusión.
“Las políticas públicas tarifarias de los distintos poderes de los Estados Provinciales y Nacional deben estar conducidas por la íntima convicción de que su concreción será un aporte a la sociedad, en pos de alcanzar el objetivo del cumplimiento de los derechos de acceso y mantenimiento de los servicios públicos esenciales de todas las personas”, se afirma.
El documento repasa también las gestiones encaradas con funcionarios nacionales y provinciales para que el impacto de los cambios tarifarios en los territorios sea abordado desde la prudencia y el compromiso social.