La negociación con el Fondo Monetario Internacional y el acceso de la Argentina como miembro de la OCDE, tienen un punto en común: la coincidencia entre el Gobierno y esos organismos en que ajustar los subsidios a las empresas públicas hasta llevarlos a cero es una parte central de la baja del déficit fiscal.
La mira está puesta en una treintena de empresas estatales que representan subsidios por 0,83% del PBI, después de un pico en 2014 del 1,5% del PBI en transferencias del Tesoro.
Para este año, se prevé que ese rojo baje al 0,4% del PBI, unos $ 60 mil millones, en línea con el ritmo que viene mostrando en los últimos años. El núcleo duro, sin embargo, son las empresas vinculadas a energía y transporte, que reciben el 70% de las transferencias.
La mayor empleadora es Operadora Ferroviaria SE (Sofse), con 23 mil empleados, seguida por YPF, con 19.200; el Banco Nación, con 18.300; el Correo Argentino con 16.689 y Aerolíneas Argenitnas, con 12.196 empleados. Los 0,83 puntos en subsidios a las empresas públicas representan hoy $ 120 mil millones en una política de “déficit cero” para las empresas estatales.
La Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, había anticipado –cuando la reelección de Mauricio Macri parecía tener el camino allanado– la idea de reestructurar el portfolio de empresas públicas terminado 2019. Pero ahora se habla de «reducir el déficit» antes de plantear privatizaciones.
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