En el marco de la política de austeridad y con el objetivo de reducir el déficit fiscal, los ministro de Modernización y Hacienda, Nicolás Dujovne, presentaron medidas para el control y la reducción de gastos estales.
MEDIDAS
• No habrá ingresos al Estado durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad.
• Los convenios por Asistencias Técnica quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales.
• Se analizará todo tipo de bonificación/premio vigente para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario.
• Los ministerios rendirán el gasto de servicios extraordinarios de 2018 y deberán reducirlos en un 30% para el resto del ejercicio. Estos servicios son horas extra, comidas y viáticos.
• Se prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente. Se debe prever la disminución del 30% de este tipo de gastos.
• Se relevarán los vehículos de uso oficial de funcionarios y flotas operativas. Además, quedan suspendidos los procesos de adquisición hasta que termine la finalización del relevamiento.
• Los vehículos oficiales podrán únicamente estar a disposición del traslado de funcionarios con rango superior a secretario.
• Se revisarán las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados. Las modificaciones de las nuevas estructuras implicarán un ahorro presupuestario mayor al 25% en el conjunto de organismos.
• Las empresas públicas informarán su planificación en gasto de personal para el año 2019 en un plazo de 90 días.
• Se reducirá en un 15% los fondos destinados a las empresas públicas con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019.
Estas medidas, en la práctica, harán una diferencia pequeña en el déficit fiscal del Estado argentino, y casi nula en el déficit de cuenta corriente. Su efecto, si se comunican con eficacia, sería electoral: en la medida que una parte numerosa de la población las vea como una reducción de los «privilegios de los políticos».
Pero la parte fundamental, e inquietante, del desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado son los intereses de la deuda pública.