Según reveló el medio iProfesional, unos siete mil técnicos y profesionales que prestan servicios para el Estado argentino a través de contratos con las Universidades nacionales terminarán sus vínculos laborales el 29 de diciembre y no se prorrogarán.
Como este es un mecanismo que se viene usando en la administración pública desde hace casi diez años para no contratar personal en relación de dependencia, los tribunales laborales podrían recibir miles de demandas por reclamos de empleo «en negro».
Vale recordar que el Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, y que los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales quedarán sin efecto a partir de fin de este año y ya no podrá utilizarse esta forma para contratar servicios técnicos.
Si los contratados a través de estas instituciones deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso. Se estima que el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri como presidente, había poco más de 15.000 contratados por esta modalidad.