Tal como refleja el sitio especializada en noticias del mundo automotor, Argentina Auto Blog, Uber está dando los primeros pasos para cambiar la estrategia que hasta ahora usaba de «fait acomplit» (hechos consumados, pasando por encima de las regulaciones locales): en las últimas horas intimó a todos sus choferes para que obtengan un registro profesional y contraten un seguro de remises, para poder seguir operando con la app.
Quienes no cumplan con esta exigencia en el plazo de 90 días, serán desactivados de la aplicación y ya no podrán recibir pedidos de viajes.
Esta intimación fue enviada durante el fin de semana a los choferes. Y, además, la compañía envió un comunicado oficial, donde si bien no habla de esta intimación, sí anticipa su intención de regularizar su operación en la Argentina.
La diferencia dialéctica es clave: Uber Argentina siempre sostuvo que su operación no era ilegal. Hasta ahora la empresa norteamericana sólo admitía la falta de un marco regulatorio para funcionar. Los sindicatos de taxistas y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cambio, combatieron y denunciaron la ilegalidad de Uber.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta actuó multando y decomisando autos que operaban con Uber. Los sindicatos de taxistas fueron más violentos: atacaron a choferes y destrozaron sus autos. Las bandas de taxistas delincuentes llegaron al punto de romper vehículos de particulares, sólo ante la sospecha de que trabajaban para Uber. El gobierno porteño nunca condenó este accionar.
A pesar de las dificultades, hoy Uber tiene 35 mil choferes activos que transportan a dos millones de pasajeros, tan sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
La polémica en Argentina por la llegada de Uber no fue un caso aislado. En varias ciudades, la compañía repitió siempre la misma modalidad: comenzar a operar y generar polémica, para recién después sentarse a negociar un permiso con las autoridades locales.