La estampida de la inflación de junio al 3,7% prendió luces de alerta en el Gobierno; a tal punto, que en el transcurso de la última semana se estuvieron analizando posibles alternativas si la evolución de los precios no muestra una desaceleración en julio y agosto, y se complica cumplir con las “bandas de consulta” que estableció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El tope máximo establecido es del 32%, y hoy las proyecciones prevén que, a diciembre, la inflación rondaría el 30% como mínimo. Para cumplir con esos objetivos, el promedio de la inflación mensual en el resto del año debería ser del 2,18% según estudios privados, pero para julio ya hay pronósticos del orden del 3%.
Por eso, entre las posibles medidas bajo análisis se encuentra convocar a los formadores de precios para un acuerdo que modere los aumentos, y también eventualmente diferir la suba pendiente de tarifas de luz y gas para septiembre y octubre.
En la última semana en el Gobierno se estuvo conversando sobre posibles variantes para asegurar el cumplimiento de la proyección de inflación. Por eso, según fuentes de Hacienda, una de las alternativas es convocar a los principales formadores de precios para “consensuar los incrementos, aunque sin que llegue a ser un control o un sistema coercitivo, como se hizo en el kirchnerismo”.
Otra de las posibilidades que se barajan, si la inflación no cede por lo menos el 1% en julio y otra cifra similar en agosto, es diferir el nivel de ajustes de tarifas que queda pendiente para este año, más precisamente, en octubre.