El Gobierno puso en la discusión con las provincias del nuevo presupuesto 2019, la propuesta de un nuevo cálculo del aumento a las jubilaciones. Se trata de la propuesta más audaz que les pudieron sugerir los funcionarios nacionales a las provincias, en las rondas de conversación que ocuparon el centro de la actividad en una semana sin reuniones de coordinación, ni grandes gabinetes.
La propuesta avanza en un formato que desindexe las jubilaciones y las desenganche de la inflación, algo que quedó contenido en la última reforma del sistema previsional, la que produjo una fórmula de actualización que sumaba a esa indexación a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
En las conversaciones sobre una nueva fórmula, también son desacoplados de la actualización por inflación. Los delegados de las provincias escucharon esa posibilidad como la que más efectos puede tener en la reducción del gasto de la Nación. Los que representan a distritos de la oposición son más que escépticos sobre el trámite que tendría, en el Congreso, una nueva reforma previsional a la baja.
La mayoría admite entender que un sistema previsional que se actualiza por inflación es una indexación fatal de buena parte del gasto nacional, pero también reconocen que ningún partido ni dirigente —oficialista u opositor— querrá levantar la mano para una ley que repita el debate de la última reforma, que se logró por un acuerdo entre el oficialismo y el llamado peronismo racional.
Esta reforma, además, mueve toda una relojería institucional que compromete fallos de la Justicia. ¿Y si hubiera un DNU? Siempre en el nivel informal de las conversaciones de la última semana, en ese caso el oficialismo pagaría todo el costo, y la oposición racional podría ayudar mirando para otro lado. Para el Gobierno pagar el costo de una reforma así es un detalle menor después de echarse en brazos del FMI. Lo hizo por necesidad extrema de gobernabilidad, la misma que lo movió a ofrecer este camino de manera informal.