La líder del GEN, Margarita Stolbizer, solicitó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la suspensión de los contratos relacionados con empresas involucradas en la causa por el presunto pago coimas en obras públicas.
«Además de promover las investigaciones necesarias en las sedes administrativas y judiciales, corresponder también suspender los contratos, adjudicaciones, licitaciones y cuantas decisiones administrativas correspondan y que se hubieran tomado con relación a las empresas involucradas en el pago de coimas», señaló Stolbizer.
«Hasta tanto no se resuelvan las investigaciones judiciales relacionadas con el «esquema» de corrupción y sobornos, deben evitarse adjudicar nuevas obras públicas a las empresas involucradas, a fin de garantizar la transparencia en los procesos de adjudicación», añadió la dirigente en carta enviada a Frigerio.
Dada la envergadura de las empresas imputadas por el juez Bonadío, y el dato que varias de ellas tienen contratos vigentes con el gobierno actual, la pretensión de la ex diputada tiene pocas posibilidades de ser escuchada, al menos en un primer momento. Pero, dada la repercusión mediática del caso, introduce un elemento de incertidumbre en los cálculos empresarios.