A mediados de junio Dante Sica asumió como ministro de Producción de la Nación y una de las primeras audiencias que mantuvo con el sector privado fue con las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Las autoridades del empresariado mercantil le acercaron al ministro un documento con propuestas y reclamos para disminuir los costos que enfrenta la actividad: “Disminuir el ´Costo Argentino´, eje de este trabajo, es una prioridad ineludible para alcanzar la competitividad de nuestra economía”, dice el informe presentado.
En AgendAR destacamos este planteo de la CAC porque -al contrario de lo que es habitual- no incluye el tema habitual de la «flexibilización laboral», que se traduce en la práctica en aspirar a una menor carga de salarios. ¿Hay empresarios argentinos que están empezando a ver, como el primer Ford, que el trabajador también es un cliente de sus productos?
El documento de la CAC está estructurado en tres bloques temáticos:
- El primero está referido a la “Normativa y simplificación del comercio y los servicios”.
- El segundo se centra en “Medios electrónicos de pago”.
- El tercero se enfoca en “Comercio exterior”.
Allí se incluyen peticiones como la armonización de regulaciones provinciales y municipales. Además, en el punto sobre Ingresos Brutos se critica que “el Consenso Fiscal contempla un incremento en la alícuota de IIBB de forma exclusiva para el sector Comercio y Servicios en contraposición con la reducción que comenzó a aplicarse en otros sectores.
También hay un punto sobre el financiamiento de empresas con deudas con el fisco donde se propone “un plan de facilidades por única vez con un plazo extendido de amortización, no menor a 90 meses, tasa de interés equivalente a la tasa pasiva de mercado y régimen de planes de facilidades para obligaciones corrientes”.
Se pide por una “rápida aprobación de las modificaciones normativas que permitan la aplicación de la factura electrónica”. Entre otras demandas, incluyeron “una legislación nacional que contemple la regulación del comercio en complejos no convencionales”, en pos de atacar la venta ilegal.
Finalmente el acceso a financiamiento es otro reclamo que se lleva varias líneas en el documento. Piden “alentar a las instituciones financieras que destinen cartera crediticia para las Pymes”. En ese sentido, los empresarios apuntaron a que “sería importante desgravar la operatoria para estimular a que las instituciones financieras destinen el 50% o más de su cartera crediticia a proyectos productivos de la industria, comercio y servicios encarados por empresas Pymes”.
Los empresarios cordobeses agregaron sus problemas específicos. El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Darío Brasca, reclamó puntos concretos. Ante funcionarios provinciales y municipales, Darío Brasca afirmó: “El federalismo es una cuestión ausente en el país. Soportamos impuestos con porcentajes más allá de toda lógica. El Consenso Fiscal supone una discriminación hacia el Comercio que no puede explicarse”. Y remarcó que la carga tributaria total que enfrentan las empresas del sector se mueve entre el 31% y el 39%. Un panorama que se recrudece en el interior, donde los costos impositivos, de servicios y de transporte son mayores que en Capital Federal.