Es una posibilidad real y cercana: el transporte fluvial en el Delta del Tigre está al borde de la crisis. Embarcaciones de hasta 100 años, demoras, boletos caros, un ruido ensordecedor y una actividad que, por error o desidia, no está subsidiada.
Así, las lanchas colectivas corren riesgo de desaparecer y dejar a miles de personas sin opciones para moverse por las islas.
Las empresas que las operan están en crisis: sólo reciben subsidio por una parte del gasoil, y desde hace dos años la Provincia las obligó a congelar la tarifa, que hoy es de $ 25 el boleto mínimo. Por la inflación, sus dueños afirman que no pueden cubrir los costos y que están al borde de la quiebra.
Adelantaron horarios argumentando que no tenían personal para cubrir los últimos servicios nocturnos. Mientras tanto, los choferes de esas lanchas ya hicieron paros en reclamo de aumento y mejores condiciones laborales.
Vivir en el Delta no es fácil para sus 15.000 habitantes. Ir de visita, como hacen unas 4.000 personas por mes, tampoco. Las quejas por el servicio son constantes. Barcos viejos e inseguros, falta de control del uso de salvavidas y problemas de horarios son sólo algunos de los motivos.
“Tenés que salir al muelle de madrugada para estar temprano en Tigre. A veces se adelanta o se atrasa, y la gente se muere de frío esperando en el muelle. Hay lanchas que funcionan con diez bombas sacando agua constantemente porque si no se van a pique”, cuenta Diego Renicoli, quien vive en el Delta desde hace más de dos décadas. Junto con Eugenia Fernández Romero y otros residentes formaron el grupo vecinal Unidad Isleña. “Es como si viajáramos en un colectivo de los años 40, en asientos de madera y con un ruido ensordecedor. Hay algunas lanchas que tienen más de cien años”, describe Fernández Romero.
Cuando se piensa en un viaje por las islas, la imagen de los pasajeros apretados como en un colectivo o subte parece lejana. Pero en el Delta también se ve, en horarios pico en días hábiles y también los fines de semana. “Muchos isleños vamos a trabajar al continente (sic) y los lunes no podemos subir a las lanchas de las 6 o las 7 porque vienen repletas de turistas que se quedaron el domingo a dormir. Entonces tenemos que pagar una lancha taxi, mucho más cara”, lamenta Cecilia Sheppard, que lleva vividos en las islas 34 de sus 36 años.
Pese a las deficiencias en el servicio, el boleto sale caro. A diferencia del de colectivo, que cuesta entre $ 10 y $ 11,75, el de una lancha colectiva para los isleños va de $25 a $ 90 y, para no residentes, de $ 70 a $ 190. La tarifa es la misma que en junio de 2016. “Cuando quisieron aumentarla, hicimos una manifestación cerrando el río. Gracias a eso y a las gestiones de Unidad Isleña, la congelaron”, explica Fernández Romero.
Cuando comenzaron los subsidios a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), en 2004, se incluyeron los terrestres pero se dejó afuera los fluviales. Es por eso que la única subvención que reciben las empresas de lanchas colectivas es por el gasoil. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación indican que pagan mensualmente el 60% del valor del combustible. Para medir los kilómetros, instalaron máquinas de la tarjeta SUBE en las embarcaciones, que contienen un GPS. Con todo, ese sistema aún no está habilitado para que los pasajeros paguen porque, dicen las mismas fuentes, hay problemas de señal en las islas.
- Las empresas con lanchas colectivas son cinco: Interisleña, Delta, Jilguero y El León, que parten desde la Estación Fluvial de Tigre; y Pfluger, con muelle en el Puerto de Escobar. Al ofrecer un servicio público, tienen horario fijo, tarifa regulada y son pasibles de ser subvencionadas.
La falta de subsidio no impacta sólo en el precio del boleto, sino también en el salario de quienes conducen las lanchas. “Hay empresas que están cerca de declararse en crisis preventiva y algunas convocadas, a un paso de la quiebra. En lo que va del año no tuvimos ninguna compensación tarifaria, y eso nos complica cumplir con la paritaria”, explica Cristian Ramaro, de Interisleña, la compañía que concentra la mayoría de los viajes. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en tanto, piden un aumento del 25% y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. “No se respetan muchos puntos. Uno de los más importantes es que los trabajadores deberían tener nueve francos por mes, pero les dan ocho”, sostiene el secretario de la seccional gremial de San Fernando, Hernán De Corte.
La otra pata del problema, la falta de renovación de la flota, se basa para los empresarios en dos factores: tiempo y dinero. “No podemos renovar unidades. Hoy una lancha con un motor nuevo de menor consumo de aluminio está a 800.000 dólares y no tenemos acceso a crédito”, precisa Ramaro. Desde Jilguero, Fernando Buiatti aporta otro motivo para el nulo recambio de la flota, más allá de la carencia del subsidio. “Hacer estas lanchas de 80 pasajeros demora de dos a tres años, porque no hay muchos astilleros”.