El denominado escándalo de los cuadernos no sólo trajo problemas judiciales para los empresarios involucrados. Las empresas mencionadas quedaron bajo la lupa de las calificadoras de riesgo, porque podrían ingresar en un círculo vicioso donde esta situación les haga insostenible los próximos vencimientos de deuda. Lo que anticipa perspectivas negativas y hasta un posible default. Tal es el caso de Electroingeniería y Albanesi, según advirtió ayer Moody’s.
La calificadora Moody’s Investors Service dijo en un comunicado «Las investigaciones de sobornos condujeron al arresto de altos ejecutivos argentinos, entre ellos de Electroingeniería SA y Albanesi SA. Ambas tienen ahora crédito negativo porque muestran un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias. El proceso también podría debilitar la liquidez de ambas compañías al aumentar su riesgo de refinanciamiento. El caso aún se encuentra en una etapa inicial y puede convertirse en un asunto más amplio, que abarca múltiples empresas de diversos sectores».
Esta situación complica especialmente a Electroingeniería que ya mostraba dificultades financieras e incluso el año pasado demoró el pago de una Obligación Negociable (ON) por $ 400 millones.
Con respecto a la otra firma investigada que está calificada por Moody’s, señalan que la liquidez de Albanesi es adecuada en la actualidad, pero la compañía enfrenta vencimientos de deuda a corto plazo que pueden necesitar ser refinanciados.
Éstos son sólo dos casos del impacto que el «Lava Jato» que se dio comienzo a nivel local tiene sobre las corporaciones locales. Pero no sólo sobre ellas.
Porque Electroingeniería es parte de la UTE (Unión transitoria de empresas) Represas Patagonia, que ganó la licitación para construir las centrales hidroeléctricas santacruceñas Cóndor Cliff y La Barrancosa, asociada con la poderosa China Gezhouba Group Corp.(CGGC), interesada a su vez en otros proyectos en Argentina.
Macri siempre mostró aversión por el ambicioso proyecto de esas represas, Cóndor Cliff y La Barrancosa (antes Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). Ni bien asumió, pensó en dar de baja el proyecto, pero como el contrato binacional incluye una cláusula de «default cruzado» con otras obras con inversión china, como por ejemplo el Belgrano Cargas, no se animó. En cambio, modificó las condiciones de construcción, acotó la capacidad instalada, dio de baja pequeñas obras complementarias, impuso nuevos requisitos exigibles a los contratistas. Ahora, con el presidente del socio local Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, en la cárcel, el emprendimiento parece dudoso.
En Gezhouba no piensan así. Frente a preguntas periodísticas dijeron: «No recibimos ninguna notificación del Gobierno argentino a través de canales oficiales sobre una suspensión de las obras. Los trabajos en Santa Cruz están avanzando con normalidad, así que seguiremos adelante. No hay razones para pensar en una suspensión o postergación».
Ahora, si la dupla Bonadío-Stornelli acusa a la empresa de sobornos para haber ganado esa licitación, es dudoso que los empresarios chinos vean con ecuanimidad ese posible desarrollo.