El Gobierno mantiene datos y números de importaciones en secreto

Según un artículo publicado por el diario BAE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) no prevé modificar el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes, donde existen 5.011 productos “confidenciales”.

Fuentes oficiales revelaron que se mantendrá el secreto estadístico y “la protección de datos individuales a 5.011 posiciones arancelarias secretas, de los cuales 419 corresponden a la industria de alimentos y bebidas”.

Aunque desde la UIA recordaron ayer que fue el propio ministro de Producción, Dante Sica, quien garantizó la normalización de los datos, en el Gobierno fueron tajantes. “Ya se ha vuelto a publicar la información con el anterior formato pero apartando aquellos productos que se consideran que violan el secreto estadístico, ya sea por el producto o el país, agrupándolos bajo la posición 99999999”, informaron las fuentes oficiales.

La llamada Información Agregada de Comercio Exterior contiene posiciones arancelarias, el peso neto en kilos de importaciones y exportaciones, el precio máximo y mínimo en dólares por producto; y el valor global de las operaciones. Pero se dejó de difundir el detalle completo (12 dígitos del nomenclador) y esto impide la detección de casos de dumping o competencia desleal.

En la web del Indec se indica que “como es de conocimiento, se ha llevado a cabo una revisión de las estadísticas sobre los flujos de las exportaciones e importaciones de bienes, debido a que la Administración Federal Ingresos Públicos ha dejado de publicar en su sistema SIM en línea”.

Según el Indec, hay tres tipos de vulneración de la confidencialidad: a nivel de producto, país o producto/país. Lo que no resulta claro es dónde existe la violación del secreto estadístico que impide detectar casos de dumping.

Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recortó el fondo conformado con un porcentaje de la recaudación impositiva destinado a reforzar el salario de sus empleados, en medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.

La decisión fue tomada por Cuccioli, y afectará a unos 23.300 empleados del organismo, incluidos los de la Aduana, que ya prevén poner en marcha un plan de lucha.