Un objetivo clave del Gobierno es que el «escándalo de los cuadernos» no desbarate una de sus iniciativas más ambiciosas: la puesta en marcha de las obras en los seis corredores viales que acaba de adjudicar, proyectos que demandarán inversiones del sector privado por cerca de 5.500 millones de dólares bajo la modalidad Programas de Propiedad Público Privada (PPP).
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Ocurre que desde que aparecieron los cuadernos, las empresas constructoras vinculadas a la obra pública quedaron en el ojo de la tormenta. Y representantes de algunas de ellas (o de sus controlantes) ya se han presentado ante la Justicia para declarar en calidad de arrepentidos.
Un punto clave de los PPP es que las constructoras adjudicatarias armaron sus ofertas basándose en que su financiamiento provendrá, en la mayoría de los casos, de bancos internacionales. Tienen un año para perfeccionar las líneas crediticias que necesitan para financiar sus proyectos, por montos que van de los 700 a los 1.000 millones de dólares.
Porque la variante fundamental que planteó el Gobierno con los PPP es que las obras las financian los privados, y los fondos públicos recién aparecen cuando el proyecto en cuestión está concluido y operativo.
En estos días, y tras la difusión de los cuadernos, de los nombres y empresas que allí se mencionan, y sobre todo de las declaraciones de los arrepentidos Carlos Wagner y José Chediack (ex presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción), el Gobierno tomó nota de que la banca extranjera decidió dar un paso al costado, y tachó de su lista de posibles proyectos a financiar el rubro “obras de infraestructura en la Argentina”. No pondrán plata, al menos en las condiciones que habían pactado con los constructores adjudicatarios.
Esta decisión es la que encendió las alarmas y puso al Gobierno a trabajar en alternativas para que las licitaciones no vuelvan a fojas cero.
“Estamos trabajando para que los PPP puedan seguir, avanzaremos donde haya alguna cuestión jurídica que deba ser subsanada para poder continuar con los proyectos, la experiencia de Brasil y Perú en casos similares, es que se puede seguir adelante, hay que generar algunos cambios para poder continuar con los proyectos, y estamos generando los mecanismos para que el financiamiento no esté en riesgo” dijo el ministro Nicolás Dujovne, sin entrar en detalles.
Lo que se pudo establecer es que el Gobierno avanza en la idea de armar un fideicomiso, que administraría el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad presidida por el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Este fideicomiso sería el que tomaría fondos prestados de aquellos bancos extranjeros que originalmente acompañarían los proyectos adjudicados a las constructoras hoy bajo sospecha. Es decir, los bancos tendrían como cliente deudor al fideicomiso y no a las constructoras.
Luego, el fideicomiso, tomando garantías adicionales a las que las constructoras entregaron cuando les adjudicaron los proyectos, girarían los fondos a las empresas para que estás puedan avanzar con las obras.
El fideicomiso otorgaría financiamiento en condiciones similares a las que los bancos venían negociando con las empresas previo al surgimiento del riesgo judicial por el tema cuadernos. Los financiamientos ofrecidos tendrían contragarantías de las empresas, de la misma manera en la que los bancos las necesitan. Sólo que el financiamiento ya no estaría trabado por un eventual impacto en su reputación que afecte a las empresas debido a la causa judicial.