En un tema que está tanto en los medios como el escándalo de corrupción en la obra pública que estalló en agosto en Argentina, es de esperar que también se hable de las empresas involucradas. Pero hay dos enfoques distintos y contradictorios.
Por un lado, se señala un hecho evidente: estas denuncias castigaron el valor de grandes compañías argentinas que cotizan en bolsa. Sus controlantes y los inversores en sus acciones perdieron dinero.
Desde el 31 de julio, un día antes de que estallara el escándalo hasta el viernes pasado al mediodía, 22 empresas del Merval perdieron US$ 8857 millones en capitalización bursátil. Eso representa una pérdida del 18% en comparación con el día anterior a las revelaciones.
La suma anterior no incluye a la petrolera Petrobras ni a la siderúrgica Tenaris debido a que, según los especialistas en temas financieros, están menos afectadas que el resto por el «riesgo argentino» y tienen una parte sustancial de sus negocios fuera del país. Eso alcanza incluso a la última de las empresas, que forma parte del Grupo Techint, cuyos ejecutivos declararon en la Justicia en el marco de la investigación y reconocieron haber entregado fondos a funcionarios del gobierno anterior.
En el «top five» de acciones perdedoras en los últimos días se encuentran las de Banco Macro (31,9%), Grupo Financiero Supervielle (30,1%), Transportadora de Gas del Norte (27%), Metrogas (26,4%) y Pampa Energía (25,5%).
Las entidades bancarias afirman que la caída de sus títulos se debe a la situación económica general y no al «cuaderno-gate». Y algunos analistas dicen que el impacto económico del escándalo habría sido menor si no existiera incertidumbre financiera.
Las empresas gasíferas, si bien no están aún en el centro de la polémica, forman parte de un sector que está bajo investigación. Metrogas y Transportadora de Gas del Norte (se encarga del transporte de gas en las zonas centro y norte del país) anotaron pérdidas por encima del 20% desde el último día de julio.
La construcción de gasoductos está bajo sospecha desde hace años en la Argentina. La saga inaugural de esas dudas comenzó con el caso Skanska, a mediados de la década pasada, y se renovó en los últimos días con la detención del empresario Carlos Mundín, presidente de BTU, una empresa que creció de la mano de esa clase de proyectos.
E incluso se sugiere que podrían iniciarse juicios a las empresas locales en los tribunales internacionales por responsabilidades eventuales, en caso que los directivos de las compañías sean encontrados culpables de haber obtenido ventajas ilícitas, «arrepentidos» o no.
En cambio, en otro medio se señala que las compañías cuyos directivos están indagados o se declararon «arrepentidos», tienen contratos activos con el Estado nacional, las provincias o alguna obra pública en ciernes.
Las compañías salpicadas por los cuadernos están presentes entre los consorcios ganadores de los PPP viales, gasoductos, programas de energía eléctrica y renovables, o concesiones. El Gobierno considera que, mientras no se demuestre la existencia de delitos en esos contratos, no hay razones para removerlos. Distingue entre empresarios «corruptos» de las empresas que encabezan, generadoras de empleo.
El arrepentido Gabriel Romero -que declaró haber pagado una coima de US$ 600.000 por un decreto- todavía conserva la concesión de la Hidrovía, pese a que el ministerio de Transporte y la legisladora Elisa «Lilita» Carrió vienen observando esa vía navegable, porque le endilgan encarecer el comercio exterior. También posee Ferrovías, que opera la línea de tren Belgrano Norte.
Aldo Roggio afirmó que ex funcionarios kirchneristas le pedían un 5% de los subsidios que cobraban sus empresas. En esa época, tenía injerencia en las líneas de trenes. Ahora, el empresario cordobés (que renunció a sus empresas) controla Metrovías, la concesionaria del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Se anotó para seguir en este negocio, que está a punto de licitarse. Aquí también se encarga de recolección de residuos en algunos barrios. En Córdoba, posee la concesión de Aguas Cordobesas.
Aunque desde el Gobierno buscan una forma de apartarla, Electroingeniería encabeza el grupo asignado para construir dos represas en Santa Cruz. La compañía posee el financiamiento chino. El Poder Ejecutivo busca una salida elegante para no ofuscar al gigante oriental. Jorge Neyra, de Electroingeniería, también es arrepentido.
Eduardo Eurnekian está en el consorcio que ganó dos PPP viales. Su sobrino, Hugo Eurnekian, fue a Comodoro Py a detallar «aportes de campaña». Corporación América, de esa familia, posee la concesión Aeropuertos Argentina 2000, que administra las estaciones aéreas del país. También postulante por el subte porteño, otra empresa de Eurnekian -Compañía General de Combustibles (CGC)– está inscripta en una disposición del ministerio de Energía que apuntaba a estimular la producción de gas «no convencional». Lo hace en la cuenca Austral y, de esa forma, es beneficiario de la resolución 46. Las empresas cobran un diferencial sobre el precio de mercado del gas por extraer gas no convencional.
Luis Betnaza, de Techint, también fue a Comodoro Py a dar su versión. Tuvo que negociar para salvar a los trabajadores de Sidor, la siderúrgica que le expropiaban en Venezuela, según manifestó. Tecpetrol, de ese holding, también está registrada en la resolución 46 del ministerio de Energía y percibe dinero por aumentar la producción de gas en el país. La compañía es experta en gasoductos, y tiene distintas obras de esa naturaleza en varias provincias. Algunas están en la provincia de Buenos Aires.
Armando Losón es otro de los «arrepentidos». Su holding Albanesi viene construyendo centrales eléctricas, cuyo principal cliente es Cammesa, la administradora estatal del sistema. Losón renunció a su puesto de director y «ninguna persona jurídica del grupo ha sido sometida a proceso», se excusa la compañía.
Cammesa convocó, en 2016, a una licitación de generación térmica para enfrentar los problemas de abastecimiento de electricidad. Uno de los jugadores no tradicionales que allí apareció fue MSU. Su titular, Manuel Santos Uribelarrea, admitió haber hecho pagos al ex secretario Roberto Baratta, porque fue «apretado». MSU desarrolló tres plantas de 150 MW de potencia cada una.
Alejandro Ivanissevich (360Energy) confesó que le pagó $ 500.000 a Baratta. Según su testimonio, fue una contribución a la campaña electoral. Su firma es una de las mayores jugadores en «energías renovables». No solo desarrolla múltiples proyectos asignados por la administración actual, sino que arrancó en los tiempos de Julio De Vido como ministro de Planificación.Isolux -donde lideraba el arrepentido Juan Carlos De Goycochea-participó junto con Iecsa -de Angelo Calcaterra, que está en la misma condición- de la finalización de dos centrales térmicas desarrolladas por la ex Enarsa. Esas centrales ya fueron puestas a la venta por Iecsa, la reemplazante de Enarsa. Los españoles además también son parte de la usina de Río Turbio.
En AgendAR opinamos que el efecto indiscutible de estas denuncias es que los bancos internacionales no estarán dispuestos a dar créditos a las empresas locales involucradas en una causa judicial de estas características. Y que los inversores extranjeros sólo tomarán en cuenta que en Argentina hay «un escándalo mayor de corrupción en la construcción», como lo describió recién la agencia Reuters, y lo verán como una razón más para no invertir aquí.