El Gobierno está esforzándose para poder anunciar en los próximos días un fideicomiso diseñado para que no se derrumbe el programa de Participación Público Privada (PPP) y su ambicioso plan de obra pública. Aunque esté obligado a tener más participación pública y menos privada.
El PPP, como lo había ideado el gobierno Macri, consistía en que las empresas que ganaran las licitaciones de obras públicas iban a conseguir préstamos de los bancos para hacerlas -con la garantía del gobierno, a partir de los términos de la licitación. El Estado iba a empezar a pagar recién cuando las obras estuvieran en marcha.
La iniciativa del fideicomiso -muy conversada en el oficialismo y en los medios desde hace un par de semanas- se origina porque el escándalo de las denuncias y confesiones de sobornos en la obra pública hizo que los bancos -especialmente los internacionales- cerraran el financiamiento a las empresas involucradas. Y a las demás también, por las dudas.
Eso puso en riesgo la puesta en marcha de las obras en los seis corredores viales que se adjudicaron y que demandarían inversiones del sector privado por cerca de US$ 5.500 millones. Porque las constructoras adjudicatarias armaron sus ofertas basándose en financiamiento internacional. Y desde que aparecieron las denuncias, quedaron en el ojo de la tormenta.
Entonces, sería este fideicomiso -en realidad, el Estado- quien tomaría fondos prestados de aquellos bancos extranjeros que iban a financiar los proyectos adjudicados a las constructoras hoy bajo sospecha. Es decir, los bancos tendrían como deudor al fideicomiso y no a las constructoras. Luego, el fideicomiso gira los fondos a las empresas, tomando garantías adicionales a las que las constructoras entregaron cuando les adjudicaron los proyectos. Este instrumento tiene prevista una duración de 30 años, contados a partir de la fecha de la celebración del contrato.
Hasta ahora, las empresas involucradas en la causa de los «cuadernos»: José Cartellone, Vial Agro y Corporación América, son las que firmaron contratos para construir los corredores viales A, C, E y F, por 3.535 millones de dólares.
Pero el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich -el funcionario que ayer puso la cara para el anuncio- aseguró que por el momento las empresas que están siendo investigadas en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por presuntas coimas en la obra pública seguirán al frente de las obras que tienen adjudicadas y que hasta tanto no haya una definición judicial podrán seguir presentándose a licitaciones.
De hecho, Dietrich hizo hincapié en que «hay que diferenciar a las empresas de las personas». Es decir: las compañías investigadas seguirán operando, más allá de la investigación judicial.
Sobre este aspecto -todo el tema nos parece demasiado prematuro, y demasiado politizado, para abrir juicio. Sobre el concepto PPP, ya AgendAR opinó en su momento. Pero la solución que ha encontrado el gobierno frente al problema nos fuerza a preguntarnos: Si una mayoría de los economistas considera que la emisión es, al menos, uno de los factores que alimenta la inflación ¿por qué endeudarse no la alimentaría? En ambos casos, se vuelcan fondos a la circulación.