La suba de tarifas de luz, gas y transporte que llevó y lleva adelante este Gobierno tenía un objetivo de, si se quiere, de «encuadramiento social»: eliminar la «energía barata» que -se consideraba, y todavía se considera en el oficialismo, que lleva a una mala asignación de recursos y desalienta la inversión. (La experiencia con las empresas eléctricas en los mismos Estados Unidos no acompaña esa conclusión. Pero eso ya es otra historia).
Porque también el Estado, que había resignado los ingresos de las retenciones, necesitaba que cayeran los subsidios que compensaban las tarifas baratas. Esa meta se venía cumpliendo hasta hace unos meses. Pero la devaluación cambió la situación y ya se gasta más en subsidios que en 2017. Y faltan cuatro meses para terminar el año; la cotización del dólar puede provocar aún más alteraciones.
En los primero ocho meses del año, las subvenciones a la energía y el transporte cruzaron los $ 157.600 millones, lo que representa un incremento de 16% con respecto a los $ 136.000 millones que se habían desembolsado por esos conceptos en el mismo período de 2017.
Es que la mayoría de los costos energéticos están en dólares y esa moneda se apreció un 100% contra el peso en lo que va del año. Por el lado del transporte, también se encarecieron los combustibles -el Estado subsidia una parte para los colectivos-, aunque los costos salariales continúan en pesos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF), el gasto por subsidios económicos ya está por arriba del realizado en 2017. Ese instituto nota que se incrementaron un 16% en valores nominales, aunque disminuyeron un 10,7% en términos reales, por la inflación interanual acumulada.
Por ejemplo, la secretaría de Energía ya consumió casi $ 100.000 millones, contra $ 84.000 millones que llevaba gastados en 2017. El ministerio de Transporte también se viene pasando en subsidios. En 2017, iba por los $ 52.000 millones y este año ya traspasó los $ 57.740 millones.