El artículo 53 del proyecto de ley del Presupuesto que el Poder Ejecutivo presentó ayer en el Congreso para su aprobación dice:
«Sustitúyese el Artículo 65 de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones por el siguiente:
“El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los Artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero.
De constituirse con motivo de la realización de estas operaciones un incremento de la deuda pública, se deberá afectar la autorización de endeudamiento prevista para el ejercicio respectivo«.
¿Qué es lo que cambia, en realidad? Si se aprueba, la ley dirá que Argentina puede reestructurar su deuda “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”, en lugar de como decía antes “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
Nadie puede dudar que el gobierno de Macri es «acreedor-friendly». Pero los dueños de los capitales saben que los gobiernos pasan y las deudas quedan. Uno se pregunta si éste es el momento oportuno para despertar esa inquietud en inversores y especuladores.