Si se aprueba el proyecto de Presupuesto 2019 presentado este lunes, una parte de los trabajadores en relación de dependencia y de los jubilados pagarán más impuesto a las Ganancias.
Es que en el proyecto el Gobierno insiste en eliminar exenciones en el impuesto aprobadas en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto.
“Es decir, se generaliza la sujeción al impuesto para cualquier concepto que perciban los empleados en relación de dependencia de empresas públicas y privadas como así también los jubilados y pensionados”, explica el especialista Marcelo D. Rodriguez.
La propuesta del Gobierno se aplica a conceptos percibidos como gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.
El proyecto establece, además, que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Seguridad social o regímenes provinciales o municipales análogos.
“Resulta evidente que de aprobarse este artículo, más allá de que sea oportuna su inclusión a la luz del Principio de Igualdad, consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, lo concreto es que se estaría generando un incremento en la carga fiscal sobre las personas humanas, de la cuarta categoría del impuesto, tanto para los asalariados como para quienes perciben haberes previsionales”.
El impacto es muy difícil de calcular aun para los tributaristas, por la dificultad en establecer la cantidad de afectados. Hay muchos convenios que tienen exenciones particulares. Fuentes de Hacienda estimaron que podría significar un plus de 25.000 millones anuales en la recaudación.