En el proyecto de ley del Presupuesto 2019 el Poder Ejecutivo propuso, sin explicaciones previas, flexibilizar las condiciones para reestructurar la deuda pública. Con la historia reciente argentina, era inevitable que se levantaran sospechas de otro megacanje.
En concreto, el gobierno quiere modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (Ley Nº 24.156) y sus modificaciones para que en su nuevo texto se lea: «El PODER EJECUTIVO podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero«.
La redacción actual dice que el Poder Ejecutivo podrá realizar estas operaciones de reestructuración solo «en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales«.
Esta reforma fue diseñada por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. En el Ministerio de Hacienda consideran que los requisitos que establece la ley corresponden a un tiempo (año 1993) en que los préstamos de deuda externa se concentraban en un puñado de bancos. Afirman que hoy la deuda está en su mayor parte en bonos que cotizan en los mercados y se someten a todas su regulaciones.
Por eso, dicen, la ley actual conspira contra una más eficiente administración del Portfolio de deuda argentina, limitando las opciones de la Secretaría de Finanzas. «Con esta ley de Administración Financiera, algo bueno como sería canjear deuda en dólares por deuda en pesos no lo podés hacer porque aumentarías la tasa de interés, pero si podés dolarizar deuda en pesos», explican en Hacienda.
Si quisiéramos agregar «switch auctions» como tiene Nueva Zelanda en su programa de Letes, para canjear las de cuatro meses por unas de seis meses, tampoco se puede hacer.
La ley, aclaran, sólo se aplica a nivel nacional. Por eso, estados subnacionales como la Ciudad de Buenos Aires pudieron pesificar buena parte de su deuda externa, como hizo Rodríguez Larreta, una decisión que en la Argentina nadie puede dudar que siempre es prudente.
El hecho es que la deuda crece exponencialmente. Es inevitable, con las tasas que el Banco Central, y el Tesoro, se han comprometido a pagar. Son muchos los economistas que dicen -la mayoría en privado- que tarde o temprano será necesario reestructurarla.