Exenciones: promover la minería y que los jueces no paguen Ganancias cuesta $ 14 mil millones al año

La lectura del proyecto de ley de Presupuesto es monótona. Muchos números, muchas páginas. Pero vale la pena. Ahí está estimado que en el 2019 las exenciones impositivas que favorecen a los jueces y a las mineras le cuestan al Estado -a todos nosotros, en los impuestos que se pagan o los servicios que no se reciben- $ 13.758 millones, una cifra similar al recorte que tendrá la inversión en infraestructura energética.

Así se desprende del proyecto enviado el lunes al Congreso, que prevé «gastos tributarios» por casi $ 430.000 millones, más de lo que se ahorrará el oficialismo por el ajuste en los gastos primarios, calculado en $358.039 millones.

En esa partida, incluida en el Presupuesto todos los años, se hace una proyección de los ingresos tributarios que el Ejecutivo cede por diversos regímenes impositivos o de promoción industrial, como alícuotas diferenciales de IVA para ciertos productos de necesidad básica, o cuestiones estratégicas como la promoción en Tierra del Fuego.

Un punto sobre el que se viene debatiendo desde hace años es el beneficio de los jueces, que no pagan impuesto a las Ganancias a pesar de gozar de los salarios más altos del país. Por esta vía, en 2019 se escaparán de las arcas públicas $9.854 millones.

Otro aspecto controvertido es de la «promoción de la actividad minera» estipulado en la ley 24.196 de 1993. El Estado dejará de recaudar $ 3.904 millones en concepto de exenciones de derechos de importación ($2.179 millones), beneficios diversos en Ganancias ($933 millones) y estabilidad fiscal ($791 millones).

Si se suman estos dos conceptos, la cifra es un poco menor al recorte nominal que tendrá la partida de inversiones en energía, que pasará de $ 22.290 este año a $ 7.320 millones en 2019, un 67% menos, siempre según el proyecto de Presupuesto.