El Gobierno sumó ayer miércoles un nuevo capítulo a su saga de contra marchas, dice el diario Ámbito. Y en el plano político, tiene razón. La Casa Rosada decidió no trasladar a la tarifa de gas la compensación a empresas por la devaluación y le puso fin a una medida que había despertado críticas furiosas en la mayoría de la sociedad.
Todo empezó con una resolución de la Secretaría de Energía que obligaba a los clientes a pagar 24 cuotas en sumas mensuales de entre $90 y $100, para cubrir la deuda contraída por las distribuidoras con las petroleras por la depreciación del peso. En las últimas horas el Gobierno había defendido a capa y espada la medida, con declaraciones del secretario Iguacel que levantaron la presión. Y el presidente Macri llegó a decir «Aquello que te regalan, a la larga te va a costar más».
Pero la presión popular, y de los sectores políticos que vieron la oportunidad de unirse, lo obligó a dar marcha atrás.
El encargado de oficiar de nexo entre la oposición y la Casa Rosada fue el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien anunció a los senadores la decisión de Balcarce 50 de desactivar el programa. De esta manera, el costo lo asumirá directamente el Estado, que se pagaría en 30 cuotas ajustadas por interés desde octubre del año próximo.
¿Hay una diferencia? En el plano político, sí, como ya dijimos. El gobierno demostró que no puede imponer su voluntad en un tema sensible, aunque el Presidente saliera a «poner la cara». Para los usuarios, hay una diferencia en que ese costo estará repartido en forma distinta, según la carga impositiva.
Pero el aspecto central de esta política ha sido la decisión de dolarizar las tarifas, y esa se tomó desde el primer día de la gestión Macri. Las petroleras -que proveen de gas a las distribuidoras- siguen con las espaldas cubiertas. Aunque hay bastantes ejemplos en el mundo que un alza de tarifas no resulta necesariamente en un aumento de la provisión de energía.