Olvídense del eslogan «Pobreza Cero», del debate sobre el aborto y hasta del Metrobús en el AMBA. El factor al que la gestión Macri (petrolera si las hay) apuesta su lugar en la historia es la explotación del gigantesco yacimiento de Vaca Muerta.
El problema es que ese desarrollo -en esta etapa- necesita de subsidios. El gobierno los está proporcionando -cree que destruyen la cultura del trabajo cuando se dan a los pobres y a las pymes, mas nunca cuando lo reciben las petroleras- pero la situación fiscal hace que ya no puedan garantizarse en el futuro. Y las protestas que levantó la desafortunada decisión de Iguacel de cobrar en cuotas a los usuarios la devaluación, y que obligó al gobierno a retroceder, aumentó las dudas de las compañías petroleras.
Eso, al menos, es lo que se desprende de esta investigación del periodista Nicolás Gandini para Perfil, que compartimos:
«El affaire de las cuotas para pagar el desfasaje de costos de las petroleras por la devaluación fue la gota que rebalsó el vaso en el horizonte de las empresas que tienen comprometidas inversiones en Vaca Muerta, la joya energética con la que la Casa Rosada quiere marcar un antes y un después en su gestión.
Es que por ése y diversos motivos más, las principales compañías del ramo podrían frenar inversiones por hasta US$ 1.200 millones, en un contexto de caída en la facturación por US$ 3 mil millones el año que viene.
Así surge de sondeos entre las compañías y los funcionarios del Gobierno que negocian distintas líneas de financiación y determinan la remuneración por el fluido que producen.
Por un lado, como había aumentado la oferta de gas de Vaca Muerta, el Gobierno decidió reducir la remuneración que se paga por el gas para industrias y hogares de 4,50 dólares por millón de BTU a cerca de 3,30; lo que implica para las petroleras una merma en su recaudación de unos US$ 450 a 500 millones menos el año que viene.
Pero al mismo tiempo, para abaratar la generación eléctrica, lo que en julio se pagaba a US$ 5,20 dólares por millón de BTU empezó a pagarse a entre US$ 3,50 y US$ 4, lo que también supondrá una merma en los ingresos para las empresas de otros US$ 550 millones en 2019. Por eso las principales empresas, desde YPF a Total, Pan American Energy o Pampa Energía, ya piensan en reducir desembolsos hasta en un 50%.
Además, hay una deuda acumulada del Plan Gas de 2017 por 1.600 millones de dólares (solo para YPF son US$ 840 millones). Estaba previsto pagarlo con deuda a emitirse según el artículo 56 del Presupuesto, pero ahora quedó bajo la lupa del Fondo Monetario, y hay dudas de si se pagará. En ese caso, también son fondos para inversión.
Y sobre eso están los $ 17 mil millones, que se iban a pagar los usuarios en 24 cuotas y ahora lo hará el Estado pero con un año de gracia. Son otros US$ 400 millones en duda, que también las empresas contemplaban y no se sabe si lo tendrán. Todo esto sin contar que hay US$ 3.800 millones de inversiones a la espera de que aprueben un subsidio en Hacienda por US$ 1.200 millones, que no tiene el visto bueno aún».