Argentina es el país sudamericano que registró el mayor aumento de los servicios públicos comparados con el salario mínimo en los últimos tres años, de acuerdo con un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV).
Según el estudio elaborado por esa casa de estudios, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6% del salario, a una del 23,5%. Así, la Argentina pasó al 3° lugar en el «ranking» de ocho países de la región, sólo por detrás de Venezuela y Chile.
El informe señala que con la liberación de las tarifas, se registró una «notable transferencia de recursos», y el ahorro para el erario público que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, por ejemplo los menores ingresos por la baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Asimismo, indica que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1.491% en energía eléctrica y de casi 1.000% en el servicio de agua potable. Mientras que en materia de transporte, hubo ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes.
Es evidente que, más allá de la alta inflación, lo que hay es un cambio fundamental de criterio en cuanto a los servicios públicos. De ser considerados como un subsidio a la población, y también a las empresas que dan empleo -en su mayoría pymes-, porque una parte «invisible» de los salarios era este subsidio que proporcionaba el Estado, se pasa a un nuevo criterio.
Los precios de los servicios deben servir como un dato regulador del consumo, y proporcionar un incentivo a las empresas para mejorar sus servicios. Esa, al menos, es la teoría esgrimida por el gobierno. Pero hasta ahora, la realidad muestra que los servicios no han mejorado. No se ve ni siquiera el tipo de mejoras, por incorporación de tecnología, que se vieron en las comunicaciones telefónicas cuando a principios de los ’90 la compañía estatal de teléfonos ENTEL fue privatizada.