Llamamos a la sesión en Diputados y a las movilizaciones en la calle que veremos hoy «una batalla política», porque ese es el aspecto fundamental. El gobierno necesita la aprobación en Diputados del Presupuesto 2019, para mostrarla ante el Fondo Monetario Internacional. Porque dentro de dos días, el viernes 26, su Directorio debe convalidar la 2° versión del acuerdo que firmó la Argentina. Mostrar que, a pesar de no tener una mayoría propia, y del deterioro que registran las encuestas, puede sumar los votos necesarios negociando desde el Ejecutivo.
Y la oposición, que hoy se expresará durante largas horas con los discursos y los votos de diputados de los distintos bloques del peronismo y de otras fuerzas y la presencia ante el Congreso de manifestantes, necesita mostrar que puede mantenerse cohesionada, disputar la iniciativa a un oficialismo que, en general, la conservó hasta ahora, y «doblarle el brazo» en un tema que aparece decisivo: el aval legislativo a un presupuesto donde los servicios de pago de intereses de deuda alcanzan los 750 mil millones de pesos, y -por ejemplo- la compensación a las petroleras, casi $ 71 mil millones, insume 2,24 veces más que lo que representaría cumplir con la alimentación de todos los niños indigentes -se calcula que en el país hay 1 millón 300 mil- que insumiría $ 31.318 millones.
Pero la «pulseada» por el poder político no es el único aspecto. Aunque las cifras de este presupuesto, como la del anterior, terminen siendo «dibujos» sin conexión con la realidad -¿quién puede garantizar el nivel de inflación y el tipo de cambio en el año próximo?- lo que se empezará a ver hoy en Diputados son los cambios que el gobierno necesitó hacer para conseguir el apoyo de algunos gobernadores o evitar el embate de algunos sectores económicos o sociales influyentes. Se cumplan o no las previsiones del Presupuesto, estos son fondos que salen del fisco o que no entrarán.
Entre las concesiones menores que el oficialismo tuvo que hacer hasta ahora, se sumaron $ 500 millones a la partida destinada a Cultura, otros $ 500 millones para el Conicet y $ 400 millones para el INTA.
Para que no se dispare a $ 40 promedio el boleto de colectivo en ciudades del interior, ante la quita de subsidios al transporte, se negoció un fondo compensador de $ 6.500 millones; $ 5.000 millones serán transferidos de manera automática y $ 1.500 millones quedarán en la órbita del Ministerio de Transporte para “emergencias”.
Las cooperativas y mutuales afectadas a actividades financieras y de seguros al final no pagarán Ganancias, pero aquellas “grandes” de más de $ 50 millones de capital (unas 100 sobre 1.400) tributarán una “contribución especial sobre el capital”.
Un punto que podría resolverse en el recinto es dejar finalmente exentos a los inmuebles rurales (campos, unidades productivas rurales) del Impuesto a los Bienes Personales en el que primero se los incluyó, y hasta ahora se les fijó una alícuota de 0,25% a cuenta de Ganancias. Dejar de lado esta nueva presión tributaria al campo dependerá de una negociación “con los gobernadores”, decían en el oficialismo.
Otros puntos que despertaban suspicacias fueron dejados de lado. En el artículo 8, se acotan las facultades del jefe de Gabinete a reasignar partidas a gastos de capital (no gastos corrientes); y se eliminó el polémico artículo 53 que reformaba la ley de Administración Financiera para permitir reestructuraciones de deuda pública “acorde a las condiciones del mercado”.
En cuanto a las retenciones a las exportaciones de soja, se rebajó el techo del 33% al 30%. Actualmente, la alícuota es de 18% y, sobre el saldo de precio, se aplican $ 4 por dólar. Con el dólar entre 38 y 40 pesos, esto redunda en una alícuota total que ronda entre 29% y 30%.
Junto al Presupuesto se pondrán a votación los tres proyectos “complementarios”: el nuevo Consenso Fiscal, que demora la baja de impuestos y así les permite a las provincias «compensar” los recortes que sufrirán; los cambios a Bienes Personales; y la suspensión del ajuste por inflación en los balances de las empresas, que evitará que el fisco deje de recaudar $ 100 mil millones por Ganancias.
El oficialismo considera que llega al recinto con la negociación cerrada. Pero hay demasiados puntos en el aire. Uno de los mayores ajustes de este Presupuesto, por ejemplo, está en las obras públicas, con una baja “real” del 30%. Pero, al mismo tiempo, el titular de la comisión, Luciano Laspina, asegura que “se terminarán todas las obras que están empezadas” (?). Y, por supuesto, aún si se consigue la media sanción en Diputados, todavía falta el Senado.