Cuestionan el apuro del gobierno por la Ley de Semillas

El apuro del Gobierno nacional por sancionar de manera definitiva la Ley de Semillas -apoyo unánime del bloque de Cambiemos al dictamen, y quieren aprobarla el miércoles 21- hizo que buena parte de los referentes del agro que participaron de la elaboración del proyecto no fueran tenidos en cuenta.

En AgendAR analizamos el tema en profundidad en La Ley de Semillas y los productores argentinos y señalamos la oposición hasta de los dirigentes históricos de la Mesa de Enlace que enfrentaron la Resolución 125 en 2008.

Ahora, los empresarios nucleados en la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) -compuesta por más de 80 firmas que proveen el 90% de la semilla sembrada de soja, maíz, girasol y trigo- aún ahora se encuentran estudiando el proyecto «por falta de tiempo». «Ya tenemos un grupo de técnicos analizando el dictamen porque, si se invalida la libertad de las empresas y los productores de celebrar contratos privados, desde ya estamos en contra», comentó un importante empresario del sector semillero.

Otra entidad que cuestionó el dictamen del proyecto de Ley de Semillas fue Federación Agraria: «No están dadas las condiciones porque aún falta espacio para el consenso», manifestó la Comisión de Semillas de FAA por medio de un comunicado. «Esperamos contar con tiempos de debate adecuados y acuerdos en beneficio de los pequeños y medianos productores».

La FAA pone el acento sobre el uso propio gratuito de la semilla. «Necesitamos más diálogo, fortalecer el Instituto de Semillas (INASE) como instrumento para promover la producción y comercialización de semillas y asegurarnos a los productores identidad, calidad y seguridad jurídica».

En CAME afirmaron que causa preocupación que el proyecto se concentra en los cultivos tradicionales en detrimento de las economías regionales. «Hay que evaluar la situación del sector con un enfoque integral»

Lo que está claro por estas horas es que, en términos políticos, los mayores interesados en sancionar la Ley de Semillas son el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y su jefe de Gabinete, Santiago Del Solar.

En términos económicos, EL beneficiario fundamental es BAYER (ex Monsanto) que con la ley, como está redactada, puede conseguir el Estado argentino sea el cobrador de sus regalías sobre todas los granos de plantas que alguna vez hayan salido de una semilla intervenida por Monsanto, aunque el agricultor las haya cultivado por sí mismo en sus propios campos.

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