El periodista Carlos Burgueño vuelve a lanzar una «bomba» exclusiva. Hace pocos días, como registró AgendAR, informó que el gobierno Macri se había comprometido ante China a comprar, llave en mano, la central nuclear Hualong-1. También dijimos que no habíamos podido confirmar ese compromiso en la comunidad nuclear ni en la Cancillería (lo que no quiere decir que no exista).
Hace poquísimas horas informa de una demanda contra Loma Negra, el principal productor de cemento de la Argentina, ante la famosa corte del 2° distrito de Nueva York (donde nuestro país litigó y perdió las demandas de los fondos buitres).
Y esta vez podemos confirmar la noticia: los servicios de cable para los inversores ya están alertando a sus suscriptores sobre la demanda presentada.
Resumimos la nota de Burgueño :
«A un año y un mes de su debut en la Bolsa de Nueva York, la cementera Loma Negra fue demandada en EE.UU. por haber hecho perder dinero a inversores, «al haber participado en hechos de corrupción en la Argentina».
De prosperar la acusación, crearía una jurisprudencia amenazadora contra las compañías que cotizan en Wall Street y que también están involucradas en los casos locales de corrupción. La causa, la segunda que sufre Loma Negra en Wall Street durante 2018, aparece iniciada por un grupo de tenedores de sus acciones, en su mayoría ciudadanos norteamericanos con dinero en fondos de inversión, encabezados por un Eugenio Carmona. Presentaron una demanda colectiva, pidiendo un juicio por jurados, reclamando por la posible participación de la empresa “en actos de corrupción” y por haber “inflado” la IPO (Initial Public Offer), la oferta pública en la que se lanzaron las acciones de la cementera por primera vez en Wall Street en noviembre del año pasado.
Demandan además a los bancos que intervinieron, por haber presentado tanto la situación de Loma Negra como la de Argentina con una ponderación muy superior a la real.
Las argumentaciones contra Loma Negra presentadas ante los tribunales son durísimas. En un primer párrafo se habla de “sobornos pagados durante la administración Kirchner para obtener contratos en la obra pública de Argentina, incluyendo la construcción de la planta de tratamiento de aguas del Bicentenario en la Provincia de Buenos Aires”. La mención hace referencia a la planta depuradora de líquidos cloacales “Del Bicentenario” ubicada en Berazategui, inaugurada en 2014 y definida por el gobierno anterior por la obra de saneamiento más importante de la Argentina y una de las mayores del mundo. Según la presentación, sufrió un “daño reputacional” y un “impacto adverso en los negocios” por los “casos de corrupción en marcha”, en referencia a la causa Cuadernos.
Menciona la presentación judicial que la presencia de Loma Negra en las acusaciones de corrupción provocará que la compañía quede excluida de futuros contratos de obras públicas.
Dentro de los riesgos financieros, también se menciona que la política del gobierno de Mauricio Macri de severo ajuste fiscal impulsado por la crisis económica, genero retrasos en los pagos a los contratistas de las obras públicas (¿se están adelantando?) lo que afectaría a todo el mercado de la construcción civil, incluyendo a Loma Negra.
Esta presentación se suma a una anterior en julio, donde otros tenedores de acciones, en plena crisis financiera y antes del estallido de la causa de los “cuadernos”, reclamaban ante los mismos tribunales de EE.UU. por no haber anticipado las consecuencias de la crisis financiera en las acciones. Y que durante la presentación de la IPO no se advirtió desde los bancos colocadores (J.P.Morgan y Alaria) sobre la endeblez de la situación fiscal del país y de la cercanía que las cuentas públicas argentinas tenían de un eventual default».
En nuestra opinión, esa primera demanda tiene toda la apariencia de abogados «carancheros» y aspirantes a buitres apostando a conseguir un beneficio de una crisis financiera. Esta segunda demanda… también. Pero el altísimo ruido mediático en torno a las denuncias de corrupción, empresarios detenidos y «arrepentidos», le da, quizás, algo más de sustancia en la mirada de jueces estadounidenses que no conocen, ni les interesa, la trama local.
Por ahora, la única conclusión que puede sacarse es que los jueces argentinos, y los operadores judiciales, deberían prestar más atención a las consecuencias posibles de sus actos.