Ante un tema que refleja, tal vez con mayor claridad que ningún otro, las limitaciones de una política industrial como se practicó en nuestro país, compartimos el informe de Damián Kantor. Y reiteramos la necesidad que la Argentina elabore un proyecto industrial actualizado. Apoyado en las experiencias exitosas, que las hubo.
«Con fecha de vencimiento en 2023, el régimen promocional de Tierra del Fuego es el eje de un fuerte debate sobre los costos y beneficios de prorrogar, modificar o clausurar el polo industrial donde se ensamblan productos electrónicos (celulares, TV y aires, entre otros), bajo una estructura de subsidios y privilegios. En la discusión participan empresas, funcionarios provinciales y nacionales, en la que se mezclan negocios, intereses comerciales y también políticos.
La industria fueguina concentra críticas y apoyos desde sus inicios, en 1972. Establecido por la ley 19.640, el régimen fue extendido, modificado, ampliado y limitado a lo largo de los años. Hoy, a 4 años de caducar, fabricantes y empresarios reclaman extender los beneficios fiscales (la producción no tributa IVA, Ganancias ni derechos a la importación) 20 años, mínimo. Argumentan que la actividad derrama sobre la economía de la isla, el empleo y que aporta el 38% de la recaudación provincial.
Sus opositores machacan sobre el costo fiscal de sostener el régimen ($44.000 millones anuales, según figura en el último Presupuesto) y los altos precios de los productos, que pagan los consumidores de todo el país. Dentro del propio Gobierno hay diferencias de opiniones. Entre los más tolerantes al régimen (las palomas) están el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Producción, Dante Sica, considerado “un amigo de los industriales”, según la definición de Rubén Cherñajovsky, presidente del grupo fueguino Newsan. Entre los más críticos (los halcones) se encuentran el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el vice de esa cartera, Miguel Braun.
Aunque Tierra del Fuego no sea prioritario en la agenda oficial, industriales y funcionarios reconocen que ya hay conversaciones. “Las empresas necesitan tener un horizonte más amplio para concretar inversiones. La expectativa es que se pueda abrir una negociación, porque se necesitan adecuaciones, como sumar nuevos productos”, opina Fabio Rozenblum, CEO de Mirgor, que fabrica TV y celulares para Samsung.
Federico Hellemeyer, presidente de la AFARTE (la cámara sectorial) añade que todas las empresas pretenden la extensión de la promoción, “tal como hizo Brasil con Manaos”, el polo industrial “espejo” de Tierra del Fuego, que fue prorrogado hasta 2073. Hellemeyer advierte que si la Argentina no hace lo mismo, “le entregaríamos el mercado a Brasil, que puede ingresar productos al país sin aranceles como socio del Mercosur”.
“El problema no es Brasil sino China. Sin la promoción fueguina se podría importar directamente más barato. La visión del Gobierno es que el régimen tiene un elevado costo fiscal y como resultado de eso, el impacto es negativo porque dificulta el acceso a la tecnología, porque los celulares cuestan más caro de lo que deberían costar”, dijo al Económico un alto funcionario de Hacienda. Sin embargo, aclaró es “la política oficial” es ir hacia un escenario de mayor competencia,en forma gradual, pero subrayó que “la opinión del Ministerio de Hacienda es avanzar más rápido”.
Más contemplativo, un funcionario del área de Sica señala la encrucijada del polo industrial fueguino. “Hay una población que vive de esto y debemos hallar algún esquema para que pueda continuar con algunos beneficios, en una ruta de mayor competencia”, dijo. “Pero hay un alto consenso en que hay que empezar a reducir el régimen y evitar que crezca”.
- El régimen promocional de Tierra del Fuego se encamina a cumplir 50 años.
Concebido para poblar una isla que en 1972 tenía apenas 7.000 habitantes, el Area Especial Aduanera se extendió más allá del plan original, apuntalado con estímulos fiscales. Según la Ley de Presupuesto, en 2018 el Estado dejaría de recaudar $43.992 millones, una estimación que representan los aranceles tributados si se importaran los mismos productos que se ensamblan en el país.
El monto es significativamente mayor al esfuerzo fiscal que representan otras actividades estratégicas, como la ley de “Promoción para la investigación y desarrollo científico” ($150 millones), la educación técnica ($740 millones) y la ley del software($2.580 millones). De todos modos, los fabricantes y desde el mismo Gobierno advierten que las cifras del costo fiscal de la isla están inflados. “No es un número real y el costo fiscal del régimen no es lo que más nos preocupa. Las estimaciones de la Ley de Presupuesto son erradas, debe estar en torno a la mitad”, estimó un estrecho colaborador de Sica.
Sobre el costo de los electrónicos producidos localmente, el CEO de Newsan, Luis Galli, fue enfático: “Hay que acabar con ese mito. No es verdad que la electrónica es cara. Un mismo producto, si se lo compara con lo que vale en otros países de la región, es más barato”, dijo. Y añadió: “Incluso si se compara con los precios de otros bienes de la economía, como autos y textiles, resultan mucho más baratos”.
Tierra del Fuego es una encrucijada de difícil salida. El principal interrogante es el futuro de Río Grande y sus 75.000 habitantes, cuya supervivencia depende exclusivamente del régimen promocional. En una geografía áspera y hostil, con ráfagas de viento incesantes y sin los atractivos turísticos de su hermana mayor, Ushuaia, se construyó esa ciudad artificial a partir de la radicación de diversas industrias, principalmente del rubro electrónico.
Concebido inicialmente para poblar la provincia más austral del país, la promoción industrial se encamina a cumplir 50 años de vida, mucho más que el plan original.
La lejanía de Tierra del Fuego con los mayores centros de consumo encarecen los costos de producción. Al menos ése el argumento que planten los industriales cuando se habla de los altos precios de los productos electrónicos. “Más allá del llamado costo argentino, está la logística. Son 3.000 kilómetros de ida y vuelta para que los productos se pongan a la venta. Esos costos estrafalarios se trasladan a todos los consumidores”, explica un analista del sector.
Más allá de estos dilemas, el consultor especializado Enrique Carrier sostiene que la salida correcta sería esperar el vencimiento del plazo del régimen. “Hay 4 años para preparar la transición y la crisis, en parte, se encargó de depurar el régimen”.