La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la ANSeS había fijado en su resolución 140/95.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, votaron a favor de ratificar el índice ISBIC a partir del caso testigo del jubilado Lucio Orlando Blanco. Por su parte, Elena Highton de Nolasco firmó un fallo propio, mientras que el Presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.
La sentencia tiene impacto directo e inmediato sobre otros 11.766 jubilados cuyos reclamos estaban en condiciones similares a las de Blanco, por cuanto la ANSeS deberá resolver esos expedientes de acuerdo a los nuevos parámetros. Pero además, sentará jurisprudencia sobre las decenas de miles de juicios que están en trámite en las restantes instancias del Poder Judicial.
El costo fiscal -a la ANSES- de esta sentencia se estima entre $70.000 y $90.000 millones, pero comenzarían a impactar de manera incipiente en el 2020 y recién de lleno en el 2021. Como compensación a los jubilados, es tardía en relación al perjuicio inmediato que AgendAR detalló aquí.
Pero es una indicación muy clara que la Corte Suprema, en su actual composición, no respaldará en forma automática las políticas del gobierno Macri.