En el marco del «año más difícil para la industria desde 2002” para la industria, como dijo al hacer el balance del 2018, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, junto al presidente de la Unión Industrial bonaerense (UIPBA), Martín Rappallini, y el de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zúrzolo, presentaron al ministro de Producción, Dante Sica, un plan de acción para, decimos nosotros, empezar a desarrollar un plan industrial. Con un fuerte sesgo bonaerense, que suponemos se debe a quienes tomaron la iniciativa.
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Se trata de una serie de propuestas para superar el contexto negativo por el que atraviesa la actividad económica, a partir de un trabajo de coordinación entre las instituciones. Rappallini y Zúrzolo destacaron que la provincia de Buenos Aires concentra el 42% de la actividad industrial, con una generación del 40% del empleo sectorial del país, gracias a más de 26 mil establecimientos instalados, lo que convierte al territorio en clave para el desarrollo social.
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Advirtieron también que la disminución de los puestos de trabajo » por la caída de la actividad que se reflejó en los últimos años provocó que el 80% de las bajas se haya trasladado a la desocupación o a la subocupación, con un consecuente costo para el Estado. Y para la sociedad, también agregamos.
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Las propuestas tienen como eje vertebral una sinergia entre el sector público y el privado en el trabajo territorial. En esa idea, se pone nen marcha una representación unificada entre UIPBA y ADIBA bajo el paraguas de la UIA. Para generar divisas genuinas para el país, se pidió una política de ataque comercial, que potencie a las empresas exportadoras e impulse a salir al mundo a aquellas fábricas que tienen potencialidades de ganar nuevos mercados.
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Entre las propuestas específicas están la eliminación de las retenciones para los productos manufacturados, que deberá complementarse con una suba de los aranceles a las importaciones. Más la disponibilidad de los datos del comercio exterior para diseñar una estrategia de competitividad local.
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También se reclama una aceleración en la ejecución y el destino de fondos para el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), junto con la generación de mecanismos legales para aumentar la formalidad, la implementación del Mínimo No Imponible de $ 12.000 para 2019, y la importancia de eliminar las multas que generan litigiosidad laboral. En todos los casos, se destacó la necesidad de poner en marcha una mesa de diálogo con los sindicatos del sector.
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Los industriales también señalaron la necesidad de reponer las líneas de financiamiento para la producción (LICIP) con tasas subsidiadas a partir de la obligatoriedad de los bancos a prestar un porcentaje de los depósitos para desarrollos fabriles; como también pidieron reglamentar la factura de crédito electrónica en todos los sectores.