A través de la resolución 366/18, que fija los nuevos precios de referencia de la energía para el período entre el 1 de febrero y el 30 de abril, la secretaría de Energía derogó la resolución 1091/17 que fijaba precios diferenciados para los beneficiarios de la tarifa social.
La decisión ya estaba en el presupuesto 2019 y en el Consenso Fiscal firmado con las provincias. Lo que aún no queda claro es cuántos de los 4,1 millones de beneficiarios de la tarifa social serán efectivamente absorbidos por cada una de las jurisdicciones provinciales y de CABA.
Cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a incrementar el precio mayorista de la energía eléctrica a partir de febrero de 2016, estableció precios diferencias para los beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Esa misma política se ratificó también a través de la resolución 1091/17 y sus modificatorias. Sin embargo, cuando a comienzos de septiembre del año pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el proyecto de Presupuesto 2019 dejó en claro la intención oficial de reducir los subsidios económicos y adelantó que para lograrlo continuarían con los incrementos tarifarios de luz y dejarían de subsidiar la tarifa social eléctrica, la cual debería quedar a cargo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información que hemos recibido en AgendAR, la mayoría de las provincias cuestionarán esta decisión.