Las investigadoras del CONICET Lara Bersten y Cecilia Graschinsky prepararon un trabajo sobre la compleja trama legal que envuelve a las tarifas eléctricas en nuestro país, y el laberinto al que llevaron decisiones políticas del actual gobierno. Creemos que esta versión resumida es útil para los lectores que quieren enterarse del tema. Y para los que participan en la batalla legal contra los tarifazos.
«La aplicación «gradual» de los incrementos eléctricos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un impacto cada vez más fuerte en el bolsillo de los usuarios y la escalada tarifaria parece no tener fin. El gobierno en su afán por sostener el marco regulatorio (heredado) de la Convertibilidad, diseñó una política energética que, entre devaluaciones y una inflación que no logran controlar, se convirtió en un laberinto sin salida.
La dolarización de tarifas y la indexación marcan una agenda eléctrica 2019 signada por la quita de subsidios al segmento de generación de energía eléctrica y las actualizaciones periódicas fijadas por cláusula gatillo a los segmentos transporte y distribución, pero que además arrastran y cargan sobre los usuarios, cautivos de las empresas, deudas con las distribuidoras que reactualizadas semestralmente abultan más y más las tarifas, trazando una compleja trama.
En el marco de la agenda comprometida con el FMI y luego de la devaluación del 42,8% sufrida en el último semestre, el gobierno definió una política de reducción de subsidios al segmento de la generación aún más agresiva. En diciembre de 2018 se publicó la Resolución N° 366 con el nuevo precio de la energía que deberá pagar toda la demanda entre febrero y abril de 2019, que trasladado a la tarifa representa un incremento del 28,0% en la factura residencial. Resta esperar la resolución de abril en la que se publicarán los nuevos precios a la generación, los que durante el invierno tienden a subir, producto de la importación de combustibles destinados a la generación térmica, por lo que todo indica que el aumento de abril en un contexto de reducción de subsidios, podría ser aún mayor.
Sumado a los incrementos en el precio de la generación que impacta a los usuarios de todo el país, aquellos que están bajo el área de concesión de Edenor y Edesur tienen su propia agenda de aumentos: con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) dispuesta por la gestión Aranguren se establecieron las tarifas para el quinquenio 2017-2022 sin embargo para disimular el impacto de las mismas se fijó un «sendero gradual de aumentos», en tres tramos: febrero y diciembre de 2017 y febrero de 2018.
Esta aplicación «gradual» consolidó una deuda por la diferencia de tarifas entre febrero de 2017 y febrero de 2018 de $6.343 millones con Edenor y de $4.226 millones con Edesur, a pagar en 48 cuotas. Trascurrido un año, con 12 cuotas abonadas, los montos actualizados de esta deuda ascienden a $5.850 millones y $3.573 millones respectivamente, a pagar en las 36 cuotas restantes.
Otro elemento que explica la escalada de las tarifas está marcado por el mecanismo de actualización semestral (en agosto y febrero) que contempla la evolución de los índices de precios de la economía, a partir del cual se fijó el aumento correspondiente a febrero de 2019, aplazado a marzo de 2019. Sin embargo el traspaso de este aumento, no es gratuito, sino que generó una nueva deuda con las empresas distribuidoras que asciende a $841 millones con Edenor y $611 millones con Edesur a pagarse en seis cuotas.
Recapitulando, a febrero de 2019 ya se encuentran publicados los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur que incorporan: 1) el aumento de la generación (febrero-abril), 2) la refinanciación de las «48 cuotas», (que ahora, por suerte, son 36), adeudadas por la «gradualidad» de la RTI; 3) el aumento por «actualización semestral» de febrero (que aplica en marzo), 4) la deuda por el traslado a marzo del incremento previsto para febrero. Pero esto no es todo, también se incorpora en el cuadro tarifario que entra en vigencia en marzo, otra deuda producto de la aplicación «parcial» de la actualización semestral de agosto de 2018. Según indican las resoluciones N° 26 y 27/2019 la actualización del segundo semestre del año pasado, se aplicó al 50% de lo que correspondía, por lo que esa diferencia generó una nueva deuda de $1.006 millones con Edenor y $751 millones con Edesur a pagarse también en seis cuotas.
Por tanto al 1 de marzo los cuadros tarifarios aplican un aumento del 43,1% respecto de enero del corriente año. Sumado a esto, durante 2019 se esperan nuevos incrementos en la generación y redeterminación de tarifas por cláusula gatillo (sujetas a la inflación), a las que se les agregan las «deudas de la gradualidad» contraídas con las empresas. Panorama complejo, si los hay, siempre y cuando no ocurra una nueva devaluación de la moneda que complique más el panorama. Por tanto, teniendo en cuenta que arranca el año electoral habrá que ver si el gobierno insiste con la agenda de ajuste fiscal pautada con elFMI o los vaivenes políticos modifican este cronograma el que de todos modos, seguramente, volverá recargado y en cómodas cuotas!»