Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) continuaron con sus reclamos en la ruta a la espera de una reunión con las autoridades de ENSI, Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado, la administradora. Hoy, en realidad, la liquidadora «en cuotas».
La situación de los operarios de la planta de Arroyito, Neuquén sólo parece empeorar. La actividad se paró en mayo de 2017 y aseguran que este año sólo tienen garantizados los sueldos hasta marzo con la venta del último stock de reserva.
Los anuncios que rodean a la PIAP tampoco son positivos, la planta no volverá a operar durante 2019 y el subsecretario de Energía de la Navión, Julián Gadano, les confirmó a los trabajadores: la apuesta es encontrar a un inversor interesado en montar una planta de fertilizantes en el predio.
En medio de esto, la planta sigue perdiendo trabajadores porque algunos buscan otro trabajo y otros se abocan al sector de ENSI que brinda servicios petroleros. La oportunidad de que instale una central nuclear que adquiera el agua pesada se desvaneció y no aparecen posibles compradores.
Con este contexto, los trabajadores anunciaron que se reunirán con el directorio y el gerente de ENSI para luego hacer una asamblea en la que definirán los pasos a seguir.
Como AgendAR ya informó, al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP “tiene escala”: es la mayor unidad del mundo en su tipo.
Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento. Dato que se usa para «justificar» su cierre.