La carrera de obstáculos en que se ha convertido la aprobación de la directiva de derechos de autor europea supera una nueva valla. Las negociaciones a tres bandas entre Comisión Europea, Parlamento y Estados miembros terminaron después de tres días de discusiones -y meses de debates previos-, con un acuerdo que permite seguir adelante con la aprobación de una polémica ley.
El texto recoge el derecho de los dueños de los contenidos a recibir una remuneración justa por el uso de sus obras en la Red, y obliga a plataformas como YouTube a conseguir licencias de los creadores o, en su ausencia, a usar medidas para controlar previamente el material que los usuarios comparten.
La normativa enfrenta a creadores, editores de prensa y empresas culturales con catedráticos, activistas y gigantes como Google y Facebook. Todavía no se ha dicho la última palabra. El documento deberá ser votado en el Parlamento Europeo y refrendado por los veintiocho estados.
Los dos bandos, aparentemente irreconciliables, chocan en un debate tan ideológico como económico que ha movilizado a los lobbies y más de dos años después de su inicio ha derivado en emocional y bronco: no han faltado amenazas de muerte, augurios apocalípticos sobre el fin de la libertad en Internet y toneladas de spam en los correos electrónicos de los eurodiputados.
Varios de ellos reconocen que es el asunto más polémico y duro que el Parlamento haya tratado en años.
Los furiosos encontronazos discurren sobre todo en torno a dos artículos, el 11 y el 13. El argumento central de los partidarios de modificar la anquilosada directiva europea, concebida en 2001, cuando los móviles no eran inteligentes y nadie los consultaba cada 10 minutos, es que las tecnológicas ganan una ingente cantidad de dinero en publicidad dando acceso a obras creativas de terceros, y esos ingresos no se comparten con sus autores como deben. Enfrente, sus críticos alertan de la muerte de Internet tal y como se conoce hasta ahora y la legalización de la censura preventiva.
Los autodenominados defensores de los creadores son favorables a que agregadores de noticias como Google News paguen a periódicos y revistas si reproducen fragmentos de publicaciones de sus medios: para ello, el artículo 11 otorga a los editores de prensa un derecho a conceder licencias a estas plataformas por usar sus obras. Las compañías informativas ven en la norma una fuente de ingresos adicional en medio de la crisis del sector. «Es un paso enorme para los creativos europeos y para proteger la calidad del periodismo independiente», ha celebrado el eurodiputado popular Axel Voss, ponente de la iniciativa.
Google responde que la imposición puede acabar siendo contraproducente para los medios: según un estudio publicado por la multinacional americana la semana pasada, el tráfico de las webs de noticias caería un 45% de salir adelante la norma. Google News amenaza incluso con dejar Europa, como ya hizo con España tras la aprobación de una norma parecida. El texto, eso sí, solo afecta a agregadores de noticias y fragmentos de artículos: el enlace está a salvo, así como los usuarios que quieran compartir contenidos.
Pero sobre todo las miradas se han centrado en el artículo 13. Dicho apartado recoge que los portales que almacenan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (como YouTube) se responsabilicen de lo que los internautas suban. Por ahora se les consideraba puertos seguros: es decir, solo están obligadas a un control a posteriori, cuando se les advierte de una violación del copyright. La directiva pretende forzar estos portales a negociar con los creadores y, si finalmente no hay acuerdo, por lo menos a realizar el «máximo esfuerzo» y tomar medidas antipiratería.
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Los críticos sin embargo creen que eso se traduce en filtros previos que multiplicarían la censura y el poder de estas plataformas, castigando a los internautas, además de suponer un costo que solo los colosos como YouTube pueden asumir. Aunque la propia norma impone «mecanismos de reclamación y reparación» eficaces para las eventuales quejas de los usuarios y que una «revisión humana» se encargue de resolver las controversias.
Quedarán excluidos aquellos portales con menos de tres años de actividad, ingresos inferiores a 10 millones y que no alcancen los cinco millones de usuarios. La norma contempla también excepciones explícitas para la enseñanza online, la investigación, enciclopedias, entidades dedicadas a la preservación del patrimonio cultural y usos como la sátira (lo que protegería GiFs o memes).