El gobierno nacional y los de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires acordaron ayer en forma sorpresiva -aunque estaba previsto en el Presupuesto Nacional- trasladar la jurisdicción de las distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur. Hasta ahora estaban controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Desde hoy pasan a depender de un nuevo organismo que todavía no está creado, que estará administrado por representantes de ambas jurisdicciones.
Esta medida forma parte de la política de «deficit cero» del gobierno del presidente Macri. Recuerda a las medidas que tomó en la década del ´90 el ministro Cavallo, al transferir a las provincias las escuelas, que hasta entonces eran nacionales. Creemos que será igualmente ineficaz para disminuir el déficit fiscal: los gastos y los subsidios igual se tendrán que pagar, aunque pasen a figurar en distintos presupuestos.
Legalmente, la situación es distinta: el resto de las distribuidoras de luz del país ya están reguladas por los gobiernos provinciales, que son los que autorizan los aumentos de tarifas. Es por eso que el precio del servicio de la electricidad varía según cada provincia.
Ayer se suscribió el acuerdo de transferencia del servicio de distribución de energía eléctrica a las jurisdicciones gobernadas por Vidal y por Rodríguez Larreta. Edenor y Edesur operan en el área metropolitana (AMBA). Además de la ciudad autónoma, son responsables de la distribución de la luz en 20 y 12 municipios del conurbano, respectivamente. Las distribuidoras y las cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires ya están reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial.
Para las empresas, este acuerdo debe verse como un primer paso: «Primero se deberán negociar las deudas de aproximadamente $ 2000 millones que el Estado Nacional tiene con cada distribuidora». La deuda que reclaman se debe a los subsidios por la tarifa social -que desde este año la Provincia y la Ciudad afrontan con recursos propios- y por el Acuerdo Marco, que es el consumo de electricidad que tienen los asentamientos con medidores comunitarios y que financia cada municipio. «Este es un consumo registrado que nosotros pagamos y que el Gobierno nos debe desde 2014», indicaron en Edesur. «Además, hay otro tema que se debe resolver que tiene que ver con las obras que los municipios tendrían que haber hecho y no hicieron. Lo mejor que se puede hacer es que se transfiera la regulación una vez que estén los temas pendientes resueltos».
Tal vez como símbolo, también hoy la tarifa de luz aumenta 14%. Acumula 43% de incremento en el año.