«Con su bicicleta como fiel compañera Juan recorre a diario Buenos Aires como delivery de Rappi. Gasista matriculado, Roberto cumple con la atención de sus clientes de siempre y suma nuevos con los servicios de plomería que ofrece por Iguanafix. Jorgelina reacomoda sus horarios de estudio en la facultad para completar los servicios de diseño y desarrollo de páginas web que publica en Workana. Después de trabajar ocho horas en un comercio de Once, Ernesto se sube a Renault 2010 para extender su jornada laboral otras cuatro horas como chofer de Uber«.
Todos son ejemplos de la emergencia de nuevas formas de trabajo de la mano del desarrollo de la denominada “economía de plataformas”, quizás el cambio más relevante ocurrido en el mundo laboral en los últimos años. En la Argentina, en el contexto de recesión de la economía, deterioro del empleo y aumento de la informalidad laboral, el fenómeno registra un crecimiento explosivo y ahonda la preocupación por la ausencia de un marco normativo que regule las nuevas formas de trabajo que imponen las plataformas digitales.
El temor de fondo es evidente: la precarización de las condiciones laborales. Pero el vacío de regulaciones sobre el empleo en las plataformas no es solo un problema de nuestro país. En un exhaustivo informe difundido en septiembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió sobre la total inexistencia de normativas estatales sobre la materia. Por el contrario, son las propias plataformas las que establecen las condiciones de trabajo. La OIT caracteriza al trabajo en las plataformas digitales por “remuneraciones inferiores al salario mínimo, flujos impredecibles de ingresos y la ausencia de protecciones laborales como en una relación de trabajo típica”.
La difuminación de la relación de dependencia y, por lo tanto, de la figura del empleador, constituye el eje central del debate acerca del empleo en la economía digital. En la Argentina se trata de un debate incipiente y motorizado especialmente por colectivos de trabajadores que, en proceso de sindicalización, reclaman regulaciones concretas sobre la actividad.
En AgendAR informamos en octubre 2018 que trabajadores de aplicaciones se presentaron en la Secretaría de Trabajo para inscribir formalmente a la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que sería el primer sindicato de plataformas digitales de América. En la Secretaría dicen que la discusión se concentra en determinar la existencia o no de una relación de dependencia entre los trabajadores y las plataformas que funcionan como “intermediarios” y en la definición de las condiciones laborales mínimas dentro de la actividad.
Ninguna de esas cuestiones está zanjada: “Se está analizando el escenario, pero no hay decisiones concretas”, señalan. Hasta ahora la intervención de las autoridades laborales nacionales se ha reducido a la implementación de procedimientos de fiscalización. En los últimos meses los inspectores de la Secretaría de Trabajo fiscalizaron a más de 4.700 trabajadores de tres aplicaciones dedicadas a tareas de delivery digital (Glovo, Rappi y PedidosYa) para evaluar la situación del sector. Las conclusiones de esos procedimientos y la continuidad de las fiscalizaciones servirán para determinar los pasos de acción, según indicaron en el Gobierno. “También la intención es que todas las empresas se pongan a la par para evitar casos de competencia desleal”, señalaron. La expectativa oficial también apunta a algún pronunciamiento de la Justicia respecto de las múltiples causas iniciadas para establecer el grado de dependencia laboral entre los actores del mercado de trabajo dentro de las plataformas. Por ahora los jueces hacen silencio.