Litio: los pueblos originarios disputan por el uso de los salares

Ante el avance de nuevas exploraciones en busca de litio en las Salinas Grandes, comunidades originarias de Jujuy se movilizaron en defensa del territorio y el acceso al agua, que se ve afectado por este tipo de minería. Reclaman que se detengan las exploraciones, que se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada, y que se apliquen protocolos avalados por la Constitución y por organismos internacionales.

“La minería de litio genera una problemática porque es un mineral que sirve para avalar una transición energética necesaria, representa una mezcla entre el gran potencial de las energías renovables y una sociedad más limpia frente a muchas catástrofes civilizatorias que hemos tenido desde el antropoceno en adelante”, dijo Melisa Argento, autora de uno de los capítulos del libro “Geopolítica del Litio”, junto con su colega Florencia Puente, y advirtió que “el problema es que este mineral está ubicado en territorios que tienen otras lógicas y formas de vida, y sobre todo, una autonomía territorial avalada por los derechos nacionales, internacionales e incluso provinciales, aunque todavía no existe una lógica democrática en la que estas comunidades tengan voz y voto”.

Prueba de ello fueron las movilizaciones y reclamos que realizaron más de 20 comunidades originarias de Salinas Grandes, en Jujuy, en defensa de su territorio, tras advertir que una empresa estaba realizando trabajos de exploración en busca de litio en la cuenca de la Laguna Guayatayoc, de los cuales no habían sido informados. “Preguntábamos por todos lados pero no había información certera para llegar al lugar, así que decidimos ir al territorio y verificar. De hecho, pensábamos que eran Ekeko y Luis Losi –dos empresas que ya están realizando exploraciones en otras partes de la Puna jujeña–, pero cuando llegamos al territorio no era ninguna de las dos”, dijo Clemente Flores, representante de una de comunidades que llegaron a principios de febrero hasta el lugar en el que la empresa AIS Resources estaba realizando trabajos de exploración, en un sector de esa Laguna llamado Pozo Dulce (ubicado sobre la ruta provincial 79, a 30 kilómetros del cruce con la ruta provincial 52).

“Pudimos hablar con los trabajadores, nos dijeron que la empresa que estaba ahí era tercerizada, que los contrataron exclusivamente para hacer el pozo y que no sabían nada de lo que había pasado con las comunidades ni quién había dado el permiso para los trabajos”, dijo Flores y afirmó que entonces les entregaron una nota destinada a los responsables de la compañía, en la que les solicitaban la interrupción de los trabajos iniciados, puesto que no se había cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Días más tarde, las comunidades se alegraron al ver que las máquinas se habían retirado de Pozo Dulce y compartieron la buena noticia. La empresa, por su parte, también celebró, casi en el mismo momento, que había concluido la excavación del pozo. En su página web, en inglés, publicaron que el 7 de febrero (día en que las comunidades se acercaron a otro cruce de rutas interprovinciales para difundir sus preocupaciones entre los conductores que pasaran por el lugar) tomarían muestras de salmuera a 400 metros de profundidad, para determinar durante el fin de semana su porosidad y permeabilidad.

Unos días después, el 11 de febrero, la empresa anunció que los resultados de las muestras analizadas eran “excelentes” y que, en lo que queda del mes, esperan obtener los permisos correspondientes para continuar las excavaciones en el área. Y aunque ese sector de la cuenca de la laguna haya recuperado la tranquilidad, al menos por el momento, el conflicto territorial frente al desarrollo minero dista de haber sido resuelto.

De hecho, continúa abierto otro reclamo más amplio que presentaron las comunidades en la Casa de Gobierno de Jujuy, también la semana pasada, en el que le exigen al gobernador Gerardo Morales que retire las autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región. También que anule el llamado a licitación para el desarrollo de proyectos mineros en el territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y que cumpla con su compromiso asumido hace más de tres años, de firmar el decreto de aplicación del protocolo de Kachi Yupi (Huellas de la sal), que se terminó de redactar en 2015 y establece pautas consensuadas por las comunidades intervinientes –tras años de trabajo conjunto– sobre cómo debería ser el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Se trata del único protocolo en el país que es vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado y los particulares, de acuerdo con la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “No le estamos diciendo nada malo o en contra –al gobernador–, son cosas que él mismo prometió y no cumplió”, se lamentó Flores y advirtió que, cuando llegaron a Pozo Dulce, vieron un terraplén de alrededor de tres kilómetros de extensión y un metro de altura, a cuyos lados habían hecho zanjas y pozos: “Estaban como un kilómetro adentro de la laguna, ahí estaba la plataforma y ahí están perforando”, recordó el poblador que se dedica a la cría de llamas, al igual que lo hicieron sus antepasados.

“El problema es que se está avanzando sin tener estudios hidrogeológicos serios sobre cómo funciona esa cuenca y se podrían autorizar proyectos que generen una presión tan grande en el sistema hídrico que pueden modificarlo por completo”, dijo Pia Maschegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y explicó que la laguna es la parte exterior de un mar cerrado subterráneo, que forma parte de una cuenca cerrada, es decir, que es un sistema de agua subterránea que aflora por el agua de la laguna o no, dependiendo de los momentos de lluvia.

La minería de litio es una minería de agua (según estimaciones del grupo de estudios de Geopolítica del litio, por ejemplo, en Bolivia consumirían aproximadamente 225 millones de litros de agua por año bajo un parámetro de eficiencia y 612 millones de litros bajo uno de no eficiencia). “Al ser una cuenca cerrada, tiene ingreso de agua por deshielo y precipitaciones, que son muy escasas, y un sistema natural de evaporación por la temperatura y otras cuestiones geológicas y climáticas, que generan un equilibrio que hay que respetar. De lo contrario, se genera un estrés hídrico que puede impactar en las fuentes de agua dulce. Las vegas y las lagunas que los pobladores usan para su vida pueden terminar secándose o salinizándose”, ejemplificó Marchegiani.

“Si se secan los ojos de agua, que son los que los pobladores usan para darle de beber a los animales y que hasta el momento ningún estudio hidrográfico puede dar cuenta de que no se van a secar, o si la minería en salar termina provocando las enfermedades nuevas de los animales que los pobladores ya pueden ver sin poder explicar a qué responden, atenta contra una forma de vida que está ahí y el riesgo último es un nuevo etnocidio, la muerte de una identidad”, dijo Argento, politóloga e integrante del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (IEALC/UBA Sociales).

Según el informe de la Subsecretaría de Minas de la Nación presentado en el “VII Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica”, la Argentina contiene el 13% de las reservas de litio a nivel mundial y una capacidad de producción que en el año 2017 alcanzaba los 30,4 KT/LCE (carbonato de litio equivalente).

Jujuy aloja el 36% de las reservas de este mineral en el país, con un total estimado de 18,9 millones de toneladas de LCE. Para su extracción funcionan al menos seis proyectos litíferos, con una capacidad máxima de producción proyectada de 105.000 toneladas para el año 2022. (Vanina Lombardi / Agencia TSS )