Hace mucho tiempo que el personal le viene informando a Emilio Perina, titular del AGN, de las deficiencias en la conservación de los documentos que se guardan allí. Pero, entre el ajuste y la falta de interés, una gran cantidad de material irrecuperable se perdió para siempre.
El martes de la gran lluvia, el edificio de la calle Alem sufrió el castigo de la tormenta y la inundación de sus dependencias. Los trabajadores habían entrado al depósito y vieron que la Historia se estaba dando una ducha sobre varios incunables: Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (desde el año 1947 al 2015), expedientes del Juzgado del Crimen de Primera Instancia de la Capital, Libros de la Propiedad Inmueble, Protocolos Notariales, Cédulas del Censos Económico y Social, Órdenes del Día de la Policía de la Capital y Decretos del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Sin respuesta de las autoridades, fue parte del personal el que puso a resguardo el patrimonio público. Entre todos corrieron documentos y cajas, abandonaron sus puestos para armarse de trapos de piso y secadores, se jugaron el pellejo coqueteando con el peligro de electrocutarse en contacto con las paredes húmedas y descascaradas.
La Junta de Delegados de ATE denunció que se dañaron unas 700 unidades de conservación. Relevamientos preliminares afirman que entre el material rescatado se encuentran todas las actuaciones del juicio a Simón Radowitzky, el anarquista que ultimó al jefe de policía Ramón Falcón en noviembre de 1909.
La importancia de catalogar y facilitar decretos presidenciales no requiere demasiada explicación. Su recopilación tiene valor en sí misma pero además resulta insustituible para, entre otros, aquellos ciudadanos que fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo durante las dictaduras militares. Es el propio Archivo el que reconoce que los expedientes del Juzgado del Crimen porteño (la mayoría, de fines del siglo XIX y principios del XX) aportan información para “estudiar la situación de género y minoridad, incluidos los maltratos y abusos; la inmigración; los cambios que experimentó la medicina y la criminalística; los delitos políticos y los cometidos por los funcionarios públicos y por la policía; los conflictos con la Iglesia; y el rol de la prensa y de la opinión pública”.
El viernes anterior, 8 de marzo, los delegados ya habían informado a Perina que la situación del depósito era insostenible. Denunciaron que el lugar se llovía “como consecuencia de la falta de mantenimiento en los techos y de la falta de limpieza de los desagües exteriores”. Las autoridades solo aportaron varios trozos de plástico para cubrir las cajas. Y descansaron en su fe en el pronóstico metereológico. Unas 96 horas después el cielo no perdonó. La entidad gremial agregó que “desde julio de 2016 el Archivo General de la Nación no cuenta con empleados de mantenimiento ni maestranza”. Los trabajadores recordaron que durante el verano hubo varias jornadas en las que no anduvo el aire acondicionado en los lugares de resguardo, poniendo en riesgo documentos que, por su antigüedad, requieren condiciones climáticas específicas.
El Archivo anunció por twitter que las instalaciones afectadas estarán cerradas hasta por diez días. Se perjudicarán investigadores y público en general, muchos de los cuales suelen venir desde el interior del país a resolver sus consultas. Y no se podrá recuperar lo destruido.