El presidente Mauricio Macri declaró ayer que el fallo que en Entre Ríos establece las distancias mínimas a las escuelas para fumigar con agroquímicos es «irresponsable» porque «pone en riesgo más del veinte por ciento de la capacidad productiva agroindustrial de la provincia».
El gobernador Gustavo Bordet emitió en enero un decreto que permitía fumigar a 100 metros de una escuela pero a fines de marzo un fallo judicial hizo lugar a una medida de amparo y declaro inconstitucional ese decreto, por lo que el gobierno provincial apeló la medida.
El amparo fue presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas.
La justicia ratificó que las fumigaciones aéreas no pueden realizarse a menos de tres mil metros, mientras que las terrestres deben ser como máximo a mil metros de las escuelas.
Además, no puede fumigarse en horario de clases a cualquier distancia y deben tenerse en cuenta todas las normas reglamentarias, en especial las referidas a la prohibición de no utilizar productos con dosis superiores a las recomendadas y de no fumigar cuando el viento supere la velocidad de 12/15 kilómetros por hora.
Habrá que dar aviso previo fehaciente a los vecinos con 48 horas de antelación; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, a los fines de que realice los controles.
Macri aseguró que se trata de “un fallo absurdo que no se basa en ningún rigor científico” y advirtió que “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
En enero de 2018, una maestra de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre denunció a un productor en Entre Ríos al que acusó de haber hecho una fumigación que afectó a la escuela en la que trabaja y a viviendas de la zona. “Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la docente.
En abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú prohibió la aplicación, expendio, transporte, almacenamiento, comercialización y venta de glifosato en el municipio, a instancias de un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo local que incluye a todos los productos que contengan esa sustancia y que no admite «ninguna excepción».
