El corresponsal en Europa de Clarín, Idafe Martín, apunta hoy lo que puede llegar a ser, en estos días, un serio conflicto entre EE.UU. y Europa: Estados Unidos anunció que activa una norma que puede afectar a los intereses empresariales europeos en Cuba. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos aplicará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así a ciudadanos estadounidenses reclamar en tribunales de Estados Unidos indemnizaciones por las propiedades que les fueron confiscadas a partir de 1959.
Los tribunales estadounidenses podrían, cuando este entre en vigor el 2 de mayo, condenar a empresas europeas con intereses en Cuba a pagar indemnizaciones por haber invertido hace décadas en propiedades confiscadas tras la caída de Batista a ciudadanos estadounidenses. La Ley Helms-Burton se aprobó en 1996 pero ese Título III nunca entró en vigor.
Ningún gobierno estadounidense permitió que se aplicara esa norma. Lo haría ahora el de Donald Trump, abriendo un frente imprevisible contra los europeos porque podrían ser miles (la agencia Reuters calcula unas 200.000) las demandas contra empresas europeas que reciban los tribunales estadounidenses.
Las instituciones europeas salieron de inmediato a responder que Bruselas defenderá los intereses de las empresas del bloque con todos sus medios. Entre otras medidas, la Unión Europea, el primer inversor extranjero en Cuba, podría activar represalias hasta el punto de confiscar los activos en Europa de empresas estadounidenses por valor equivalente a los daños que sufran las empresas europeas en Cuba. Grupos españoles como Barceló, Iberostar, Meliá o NH controlan más de dos tercios de las habitaciones de hotel de propiedad extranjera en la isla.
La canciller de la U.E. Federica Mogherini y la comisaria de Comercio Cecilia Malmström firmaron un comunicado conjunto –al que se sumó Canadá- en el que aseguran que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton “tendrá un impacto importante en las legítimas actividades europeas y canadienses en Cuba” y que “la UE y Canadá consideran que la aplicación extraterritorial de medidas relacionadas con Cuba es contraria al derecho internacional”.
Así, los europeos y canadienses protegerán “los intereses de nuestras empresas en el marco de la OMC e impidiendo el reconocimiento o aplicación de sentencias judiciales extranjeras basadas en el Título III”. Si Washington no da marcha atrás, advierten las instituciones europeas, la situación podría degenerar en un alud de pleitos judiciales, sanciones a empresas europeas y confiscaciones de activos, también de empresas estadounidenses en Europa.
Mogherini y Malmström explican en su carta a Pompeo que si una empresa hotelera europea debe compensar a una estadounidense por sus actividades en Cuba por decisión de un tribunal estadounidense, esa empresa europea podría ir a los tribunales europeos para reclamar que la estadounidense le pague una compensación por la misma suma. Una tormenta de pleitos.
Bruselas mostró desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca que no le tiembla el pulso a la hora de responder a medidas estadounidenses en materia económica o comercial. A cada arancel los europeos respondieron con represalias equivalentes. Cuba puede ser el próximo terreno de batalla.
Este tema nos interesa a los suramericanos en sí mismo y también porque el centro de la cuestión nos toca muy de cerca: ¿hasta qué punto los EE.UU. están en condiciones de imponer sus leyes y sentencias judiciales al resto del mundo? No es un tema jurídico, sino de poder.