Reproducimos la nota de hoy de Carlos Burgueño, que demostró en el pasado tener buena información, y agregamos un párrafo sobre las consecuencias de esta apuesta de Mme. Lagarde y sus interlocutores.
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El acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional es concreto. El Ejecutivo puede utilizar algo menos de u$s 9.000 millones correspondientes a los disponibles de Tesorería. Este dinero podrá ser administrado con topes de hasta u$s 250 millones por día, hasta que la moneda llegue a la cotización de $51,45. En teoría este programa deberá prosperar y sostenerse hasta las elecciones del 27 de octubre. Pero si no se logra el objetivo, el Gobierno ya tiene la habilitación gestual para reabrir las negociaciones y ampliar el monto y plazos. Todo dependerá de la marcha política del Gobierno antes del acto electoral, y de qué tan cerca esté el Ministerio de Hacienda de cumplir con las pautas pactadas con el organismo que dirige Christine Lagarde.
Algo quedó claro en las negociaciones que se mantuvieron con el organismo: el FMI apoyará en todo lo que esté a su alcance la continuidad de Mauricio Macri como Presidente. Los aproximadamente u$s 9.000 millones, provienen en su mayoría del disponible en las cuentas del Tesoro desde la época de Luis Caputo y un saldo de unos u$s 1.000 millones que el país acumuló en los últimos dos meses del superávit comercial.
Estos dólares son los que el FMI autorizó para utilizar para ejecutar política cambiaria restrictiva, luego del abandono de la zona de no intervención.
La nueva etapa del stand by inaugurada esta semana que se anunció el lunes será definitivamente aprobada en la próxima reunión del board del organismo, programada para junio y donde se evaluarán los números de la Argentina que durante este mes estarán recabando en Buenos Aires el italiano Roberto Cardarelli y el resto del equipo que tiene a su cargo el caso argentino. El economista del FMI vendrá al país en pocos días, para su segundo periplo local del año.
El Gobierno confía en que en esta oportunidad sea más indulgente que lo duro que resultó su informe final, elaborado a partir de los datos recogidos en su visita de febrero. El paper que luego entregó a los integrantes del directorio (que igualmente aprobaron el crédito de 10.870 millones correspondientes al primer desembolso del año) incluía la palabra “decepción” en cuanto a los éxitos del Gobierno en la lucha contra la inflación y hasta avanzaba en recomendaciones políticamente utópicas de aceptar para el macrismo: eliminar las exenciones del IVA a los alimentos y la eliminación del monotributo.
Supone el Gobierno que los datos que se le mostrarán a Cardarelli serán ahora mucho mejores que los que se expusieron en Buenos Aires en febrero pasado. Ahora, confían en Hacienda, la inflación mostrará un nivel alto pero en una baja real (se espera 3% en mayo y algo menos en junio), la recaudación presenta un nivel de incremento similar al alza de precios (en mayo y junio sería incluso superior) y, lo más importante, el superávit fiscal acumulado para el primer trimestre del año llegó a los $ 10.347 millones contra los $ 31.000 millones de déficit del mismo período de 2018. Además el saldo de la balanza comercial, que está arrojando un superávit de algo más de u$s 1.000 millones por año (aunque sea fruto de la demolición de las importaciones y un nivel bajo de exportaciones), se podrá mostrar como la generación de dólares genuinos.
Si la estrategia resulta, y los visitantes del FMI quedan conformes en la segunda revisión del año, se supone que no habrá problemas para que cerca del 14 de junio (cuando se reúna el board), se aprueben los números y el segundo desembolso del año por unos u$s 5.400 millones queden liberados. Si esto sucede, el Gobierno tendrá manos libres para garantizar que al menos hasta fin de año todos los vencimientos de deuda tienen fondos garantizados para su pago. Aún si el Gobierno debiera utilizar la totalidad de los casi u$s9.000 millones negociados con el FMI para sostener el dólar al menos hasta octubre».
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Hay en esta descripción un aire de «Lleguemos a octubre y después vemos». Pero no es ese el punto que debe preocuparnos más. Es que con la obsesión con el precio del dólar -un factor importante, pero más un síntoma que una causa- el gobierno parece haberse olvidad de la recesión -volvió a aumentar la tasa de referencia a un absurdo 74%, que significa «corriente abajo» intereses cercanos al 100%. Y por la inflación, que pese a esa recesión, a la «emisión cero» sigue en niveles más altos que en cualquier otro país que no esté cayendo en un abismo.
El consumo sigue cayendo, las pymes cierran y las empresas grandes paralizan sus plantas, los distribuidores y los mayoristas dudan sobre cuál será el precio cuando deban reponer su stock, la cadena de pagos se está deshilvanando… Se puede decir que éste no es el cuadro de todas las actividades. Pero cada mes se hace cierto de más.
Se están tomando medidas que estos funcionarios, si estuvieran en la oposición llamarían demagógicas: congelamiento de tarifas de Edenor y de Edesur (hasta octubre), un seguro para los tenedores de créditos UVA, créditos impagables a los beneficiarios de la AUH… No alcanzan a dar soluciones y sí a crear nuevos desequilibrios.
Esos 9 mil millones de dólares se van a ir, como se fueron los que puso en juego Caputo. Y no habrán servido para enfrentar estos problemas.
Sin duda se va a llegar a octubre. Como todos los años, vendrá después de septiembre. La pregunta es cómo se va a llegar.
A. B. F.