El gobierno nacional y los de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires habían acordado trasladar la jurisdicción de las distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur. Hasta entonces estaban controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Pasan a depender de un nuevo organismo que todavía no está creado, que estará administrado por representantes de ambas jurisdicciones.
Para lograr el nuevo estatus legal, quedan pendientes algunos asuntos sin resolver. «El Gobierno está trabajando en un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015 por el congelamiento de las tarifas», dijeron en la secretaría de Energía.
Como no sorprenderá a nadie, el arreglo incluirá un perdón de las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. En este esquema, Edesur debería pagarle $ 4.000 millones para el Estado nacional, según fuentes oficiales. «El acuerdo no tendría costos para el Estado nacional», ya que las multas que no se cobran no se consideran «costos».
La medida forma parte de la política de «deficit cero» del gobierno del presidente Macri. Recuerda a las medidas que tomó en la década del ´90 el ministro Cavallo, al transferir a las provincias las escuelas, que hasta entonces eran nacionales. Creemos que será igualmente ineficaz para disminuir el déficit fiscal: los gastos y los subsidios igual se tendrán que pagar, aunque pasen a figurar en distintos presupuestos.
Legalmente, la situación es distinta: el resto de las distribuidoras de luz del país ya están reguladas por los gobiernos provinciales, que son los que autorizan los aumentos de tarifas. Es por eso que el precio del servicio de la electricidad varía según cada provincia.