El Dr. César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado, y experto en Atlántico Sur y Pesca, ha publicado otras veces en AgendAR -por ejemplo, aquí y aquí– sobre temas de su especialidad. En esta ocasión hace una denuncia con nombres sobre las responsabilidades de la lamentable situación de la actividad pesquera en Argentina, y creemos que su trayectoria obliga a tomar conocimiento.
«EL GOBIERNO FEDERAL DEBE DEJAR DE DEPREDAR LOS RECURSOS ORIGINARIOS DE LAS PROVINCIAS
La incapacidad o propensión del Subsecretario de Pesca Juan Bosch es francamente lamentable y, las políticas que baja “el técnico” Oscar Fortunato al Consejo Federal Pesquero, en representación del Poder Ejecutivo, dejan de manifiesto el desprecio que el gobierno federal tiene respecto a la administración de la explotación pesquera, en relación a las Provincias, las verdaderas dueñas del recurso.
El subsecretario ha dicho que, habría que renovar o reconstruirse 170 buques pesqueros, sobre un total de 500 más que deberían seguir igual camino, y no ha hecho gestión alguna para que el gobierno federal genere las herramientas financieras que hagan viables estas operaciones sin enajenar el recurso pesquero del Estado.
Además de ello, los puertos están inoperables o son insuficientes para las necesidades operativas de la flota pesquera; los buques extranjeros diezman la Z.E.E., Zona Económica Exclusiva Argentina, y las especies que migran desde esta a Alta Mar; en Montevideo, está a punto radicarse un puerto de capitales chinos que dará asiento a los buques ilegales que pescan en el Atlántico Sur, entre ellos los que pescan en Malvinas y, el gobierno federal nada ha hecho al respecto.
Además, los costos operativos de la actividad se incrementan con las devaluaciones de la moneda; las empresas radicadas en el país deben competir con las flotas extranjeras subsidiadas; y el consumo interno de productos pesqueros es de los más bajos del mundo.
En esta gestión se habrían efectuado unas 150 reformulaciones de buques -en estos días serían unas siete- que promueven la desaparición de las pequeñas embarcaciones y la concentración en pocas manos de la pesca, a las que el proyecto Pinedo-DNU pretende -además- asignarles un 10% de aumento de captura sobre especies no excedentarias, sin opinión del INIDEP y, sin quedar sujetas a una restricción individual en el caso de disminución de la Captura Máxima Permisible.
Jamás, este funcionario, en su calidad de presidente del CFP, Consejo Federal Pesquero, ha tratado en este Cuerpo, el referido DNU 145/19; ni tampoco las licitaciones de explotación -sin estudios previos ambientales- de petróleo offshore, que podrían poner en peligro el medio marino y la explotación pesquera que sostiene todos los pueblos del litoral marítimo; ni ha sentado su posición en la OMC respecto a los subsidios pesqueros y, tampoco las políticas que afectan al sector, llevadas a cabo por la Cancillería, respecto a la investigación conjunta de los recursos pesqueros con el Reino Unido, la ampliación de los vuelos aéreos a, y desde Malvinas, que facilitarán la estrategia y la logística pesquera del archipiélago.
Pero a todo ello se agrega, lo que Karina Fernández de la Revista Puerto el pasado 22 de mayo respecto a la “temporada de langostino en el Norte” nos informa y nos colma el vaso: “dos informes del INIDEP revelan un manejo irresponsable del recurso y de su fauna acompañante, la merluza hubbsi.
Se aumentó un 74% el esfuerzo en un área reproductiva de langostino, se detectó un 52% de hembras maduras y se advirtió sobre los efectos negativos. La Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal tuvieron oculta información biológica relevante. Cuando comenzaron a operar los barcos en aguas nacionales, al norte de la Veda de Merluza, se supo a partir de los datos de un observador que había un 59% de pesca acompañante (bycatch) de merluza hubbsi; pero no se ordenó el cierre del área ni el desplazamiento de la flota para evitar la depredación. El stock norte de merluza se encuentra en riesgo desde hace más de 20 años.
Por otra parte, desde el INIDEP giraron a las autoridades un informe del Programa Langostino advirtiendo que “el adelanto de las actividades de pesca comercial en aguas nacionales al norte del paralelo 42º S observado durante la presente temporada, puede tener implicaciones negativas sobre el potencial reproductivo. Las acciones de las autoridades no son solo otra muestra del manejo irresponsable de la pesquería de langostino sino también de la de merluza, que no logra llegar a los valores mínimos de referencia, habiendo sido una importante pesquería, fuente de ingresos de miles de familias durante décadas.
El manejo irresponsable que implica no observar las recomendaciones biológicas suma otra pésima propaganda para el sector, que por estas horas libra batallas en varios frentes.
Esto se llama depredación desde lo más alto de la administración de la pesca y, la palabra «depredación» ya está tan usada, que algún día habrá de ocurrir lo de la fábula de Esopo del pastorcito mentiroso, porque las autoridades le han perdido el respeto, pero, la depredación, rompe la interacción en el ecosistema y además de producir un desequilibrio en la naturaleza, el siguiente paso será romper la sustentabilidad biológica y económica del caladero y, como consecuencia de ello, quitarle rentabilidad a las empresas y empobrecer a la gente.
Este MODELO DEPREDADOR, CONCENTRADO Y CENTRALIZADO, que se apropia del recurso, quiebra la armonía del ecosistema y el equilibrio entre los actores ESTÁ AGOTADO y, cuando el administrador (el subsecretario y presidente del CFP) admite, tolera o genera depredación, incumple con sus obligaciones, atenta contra el interés general y el medio ambiente. Ya es grave, pero más aún (si puede serlo más), cuando se mal administra un recurso que no le ha sido delegado, como lo son, los recursos originarios de las Provincias, empobreciendo las economías regionales, sus pueblos, sus empresas, los trabajadores y sus familias.
Un NUEVO MODELO se debe gestar, que devuelva a sus orígenes los recursos, que haga sustentable la actividad para el conjunto de los actores y de mayor certeza al futuro de las inversiones, el bienestar de las familias trabajadoras y los proveedores del sector».