RÍO DE JANEIRO.- El portal The Intercept-Brasil -que cuenta entre sus fundadores al periodista Glenn Greenwald, quien en 2013 reveló las filtraciones obtenidas por Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos estadounidenses- denuncia que varios fiscales actuaron en forma deliberada y en coordinación con el juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, para perjudicar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelarlo por corrupción, e impedir que el Partido de los Trabajadores vuelva al poder.
Según los chats privados -que intercambiaron Moro y los fiscales por Telegram- publicados por el portal, en octubre pasado los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales, en las que Jair Bolsonaro ganó. The Intercept indica que Moro y el principal fiscal, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación, acción prohibida por la Constitución y el Código Penal brasileño.
Otras conversaciones mostrarían que Dallagnol estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un departamento, que le habría sido entregado por una constructora a cambio de contratos en la estatal Petrobras. Dallagnol, que considera a Lula como el «cerebro» de una organización criminal para aferrarse al poder, muestra después satisfacción por la publicación de artículos de prensa que mencionaban una posible vinculación del exmandatario con ese departamento en el litoral del estado de San Pablo.
Los archivos publicados por el portal también revelan que Moro sugería fuentes, orden de las operaciones e intervenía para coordinar los procesos que después iba a juzgar. «Las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el actual ministro se entrometió en el trabajo del Ministerio Público», declara The Intercept, que añade que Moro sugirió cambiar el orden de fases, dio consejos y pistas, y adelantó al menos una decisión.
Lula, condenado a una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una «persecución judicial» para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores, vuelva al poder.
Según The Intercept, lo publicado es «apenas el inicio» de una serie de revelaciones entregadas por una «fuente anónima» sobre los principales responsables de la Operación Lava Jato, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de Brasil que investigó un esquema de lavado de dinero y sobornos a partir de contratos firmados por la petrolera estatal Petrobras por valor de miles de millones de dólares.
Por su parte, los fiscales de Lava Jato dijeron que «no van a doblegarse a la invasión inmoral e ilegal, a la extorsión y a la tentativa de exponer y perturbar sus vidas personales y profesionales». El Partido de los Trabajadores exigió «la inmediata libertad» de Lula y, junto a otras fuerzas opositoras, la renuncia del ex juez y actual ministro Moro y su enjuiciamiento junto a los fiscales del caso.
Más allá de lo que suceda en adelante -que dependerá, seguramente, más de la política que de los argumentos jurídicos- ya hay un hecho irreversible: este escándalo tiene en los medios internacionales una repercusión sólo comparable a la del Lava Jato.