El gobierno avanza en un proyecto para regular el cierre de minas

La minería en gran escala ha empezado a ser importante en Argentina desde hace relativamente poco tiempo: finales del siglo XX. Pero ya despertó críticas y reacciones negativas. En el plano de la economía, por la mínima carga impositiva en comparación con el monto de las explotaciones y la falta de controles. Y en el del medio ambiente, por el gigantesco consumo de agua y los residuos tóxicos que necesariamente produce.

Esto último termina siendo la factura más pesada que deben levantar los gobiernos que la autorizan. No tanto por los ambientalistas que cuestionan desde las grandes urbes lejanas; son los pobladores locales -seguramente menos- pero que se juegan su forma de vida. Y que dicen que las mineras se llevan el mineral y les dejan después un paisaje destruido y envenenado. Es un problema grave en todos los países mineros.

Abriendo el paraguas, el gobierno confía en lograr en los próximos meses los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley que prevea el cierre de las minas cuando finaliza la explotación. Para eso vienen trabajando con referentes del sector y diseñando los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos.

«Necesitamos contar con una herramienta regulatoria de gestión para llevar adelante la etapa de todo proyecto minero que es el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de vista sus aspectos financieros», resumió la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez.

En estos días se avanzó en las discusiones sobre las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas. Sánchez señaló también que la finalidad es: «Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente».

La funcionaria agregó: «Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.

Desde hace tiempo Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El 10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia de esta actividad, incluso en materia económica: «El cierre de minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros. Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del monitoreo y control post operaciones».

El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).