El periodista Nicolás Gandini señaló ayer en EconoJournal un dato clave, que había pasado desapercibido: «El Fondo Monetario Internacional corrigió la proyección de subsidios a la energía para el año que viene. En la cuarta revisión del acuerdo firmado a mediados de 2018, calcula que el Estado inyectará en el sector energético subvenciones por $ 220.900 millones durante 2020. Al tipo de cambio promedio ($58,30) que figura en el acuerdo de stan-by(SBA, por sus siglas en inglés), son unos US$ 3800 millones. Y representan 0,8 puntos del PBI, según figura en la página 32 del «staff report».
La cifra cuadruplica la proyección incluida en la tercera revisión que realizó el Fondo, publicada en marzo pasado, que contemplaba subsidios energéticos por 44.300 millones de pesos equivalentes a 0,2 puntos del PBI. Cuatro veces menos que la última auditoría.
¿Cómo evolucionaron los subsidios a la energía en los últimos años? A partir de la fuerte recomposición de las tarifas residenciales de gas y electricidad, el gobierno redujo el nivel de las subvenciones al sector energético, que en su gran mayoría se utilizaban para comprar combustibles para el parque de generación eléctrica y para cubrir el pico de consumo invernal de gas mediante la importación de LNG. A fines de 2015, los subsidios a la energía representaban más de 3 puntos del PBI. Y en diciembre de 2016, a fines del primer año de gestión de Mauricio Macri, llegaban a los 2,5 puntos. En ambos casos, muy por encima de los 0,8 proyectados para 2020.
¿A dónde se destinan los recursos que el Estado inyecta en el sector energético? En 2019, los subsidios a la energía alcanzarán los $ 237 mil millones, de acuerdo con la información presentada en la última revisión. Son unos US$ 5 mil millones. La mayor parte de esa cifra irán al sector de generación eléctrica, entre 2700 y 3000 millones de dólares. Unos US$ 1000 millones se inyectan en IEASA (ex Enarsa) para cubrir el desfasaje entre el precio del gas importado (que llega a los US$ 7 por MMBTU) y el valor de reventa a los hogares (US$ 4,60). Y el resto se destina a diversos programas de estímulo (resolución 46) o de subvenciones al consumo (Plan Hogar) de la Secretaría de Energía.
Lo más llamativo —y lo que más preocupa a los economistas y especialistas financieros que siguen de cerca las auditorías del Fondo— es que: casi la mitad de los subsidios que gasta el Estado en el sector eléctrico están destinados a cubrir el costo de los contratos de compra de energía (PPA’s, por sus siglas en inglés) firmados por este gobierno.
Se trata de contratos rubricados a 15 años y en moneda dura (dólares) bajo la órbita de la Secretaría de Energía como la resolución 21/2016 (construcción de centrales de rápido ingreso al sistema); 287/2017 (cierre de ciclos) y RenovAr, la iniciativa que lanzó el Ejecutivo para incentivar la instalación de centrales de generación renovables (fundamentalmente eólica). Son, en conjunto, unos 80 PPA’s que se licitaron, casi en su totalidad, durante la gestión de Juan José Arangurenal frente de Energía. A esos contratos hay que sumarle otros 20 que venían de los gobiernos kirchneristas (Foninvemem, resolución 220/2007 y Energía Plus). En total, son unos 100 contratos.
Lo más llamativo es que un alto porcentaje de las centrales térmicas instaladas desde 2016 a la fecha hoy no generan porque, a raíz de la recesión y el alza de tarifas, la demanda eléctrica no creció en los últimos cuatro años. Pese a eso, como incluyen una importante remuneración en concepto de potencia disponible, los contratos PPA firmados con Cammesa representan un costo significativo para el sistema. Unos 1200 millones de dólares por año, según coinciden distintos consultores que siguen de cerca las transacciones económicas mensuales de Cammesa.
De acuerdo con esos números, los PPA’s firmados bajo la órbita de la resolución 21/2016 y de la resolución 220/2007 aportan menos del 10% de la energía que demanda el sistema. Pero su costo real presenta casi un 25% del total de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista.
¿Por qué sucede eso? Porque el esquema de remuneración a los generadores previsto en la resolución 21/2016 se apoya más en el cargo fijo por potencia disponible que perciben los privados que en la energía que generan. En la práctica, eso significa que las empresas que firmaron PPA’s en la licitación de la resolución 21 terminan cobrando la mayor parte de su ingreso por más que las centrales no despachen. “Del total de nuestros ingresos, un 80/85% proviene de la remuneración fija que recibimos por potencia disponible”, reconoció el gerente general de una generadora. ¿A cuánto asciende esa remuneración? El pago por potencia promedio en los contratos de la R21 promedió los US$ 19.400 por megawatt mes (MW-mes) durante los primeros cuatro meses de 2019. Casi cuatro veces más que la remuneración que perciben las máquinas viejas encuadradas bajo el paraguas de la resolución 19, que cobraron 5.200 por US$/MW-mes. Por eso, el precio promedio del MW generado por las centrales térmicas nuevas ronda los US$ 220 por MW por hora (MWh), el triple que los 72 US$/MWh que perciben en promedio las centrales térmicas base.