El congelamiento de los precios de los combustibles por 90 días es, aunque sea por un plazo muy corto, la medida que deja más evidente la derrota de la política de precios de la energía que Macri planteó desde el primer día y sostuvo contra viento y marea.
También nos parece importante reproducir esta noticia porque muestra los problemas que tendrá un futuro gobierno para revertir esa política. Esperemos que la nueva esté mejor pensada.
«El Gobierno dispuso el congelamientos de precios por 90 días en la cadena de producción de combustibles, lo que generó la advertencia de las provincias petroleras de Neuquén y Río Negro de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y de algunas empresas de reducir sus inversiones. Los gremios petroleros plantean que afecta a «la única actividad, junto al campo», que se encuentra «en pleno desarrollo y trae inversiones al país».
Como consecuencia de «la abrupta variación reciente del tipo de cambio y el contexto económico y social imperante»; a través del decreto 566/2019, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional congeló los precios de los combustibles por 90 días, pese a no alcanzar un acuerdo con los empresarios del sector de producción y comercialización de hidrocarburos.
La norma estableció que las entregas de petróleo crudo deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, por lo que se deberá aplicar un tipo de cambio de 45,19 pesos por dólar -cuya cotización fue de $ 58,12 este viernes- y un precio del Brent de US$ 59 el barril. Nafta y gasoil deberán mantener sus precios en surtidores.
A poco de oficializarse el anuncio que Macri realizó el miércoles, como parte de un paquete de medidas para aliviar el efecto de la devaluación, las provincias de Neuquén y Río Negro alertaron sobre el perjuicio que la medida representará a sus ingresos y que plantearán la inconstitucionalidad de la norma ante la Justicia.
El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, confirmó que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado “para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden”.
Fuentes de la gobernación señalaron que el recurso en estudio es el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia ante la Corte Suprema de Justicia, En tanto, Monteiro remarcó la necesidad de «trabajar una propuesta consensuada para implementar la medida”.
En la misma línea, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la necesidad de establecer medidas de alivio pero entendió que «este costo no debe ser pagado solamente por las provincias ya que con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte».
El gobierno provincial estimó que en los tres meses que durará la medida «Río Negro sufrirá un impacto negativo de más de $612 millones» por lo que Weretilneck no descartó que la provincia recurrirá a la Justicia Federal para evitar las consecuencias económicas.
Por su parte, el descontento de las empresas petroleras fue reflejado por el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, quien alertó que «con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción de Vaca Muerta», la principal formación de petróleo y gas no convencional (también conocido como gas shale) de la Argentina y una de las principales a nivel mundial, y aseguró que la decisión oficial tiene un «tiene un impacto brutal» en esa formación.
Remy, virtual vocero de las principales empresas productoras privadas, sostuvo que si bien «la industria entendía la necesidad de que alguna medida debía ser tomada», con el congelamiento «no se puede seguir perforando a pérdida» y puntualizó que ello puede afectar también a los trabajadores del sector.
También a raíz de la oficialización de la medida, YPF comunicó los alcances de la medida a sus accionistas, tarea a cargo del CEO de la empresa Daniel González, quien estimó que la medida representará un impacto negativo de hasta US$ 120 millones mensuales, por lo que anticipó un recorte en sus planes de gastos de capital de la misma magnitud.
El tema fue motivo también del pronunciamiento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que pidió se suspenda la entrada en vigencia del DNU y reclamó que se convoque a toda la cadena de valor de hidrocarburos para a buscar «un adecuado equilibrio».
Por su lado, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, advirtió que el congelamiento del precio de los combustibles anunciado por Macri es «una puñalada artera, un tiro de gracia» que «provocará que la actividad de Vaca Muerta desaparezca».
«Estamos muy tristes porque lo que se ha anunciado no es más que un tiro de gracia que provocará que la actividad que desarrollamos en Vaca Muerta desaparezca», aunque «Neuquén no va a permitir una intervención en el desarrollo hidrocarburífero», señaló Pereyra, según un comunicado difundido por la organización sindical que encabeza.
En el marco del desarrollo de la séptima Mesa de Vaca Muerta, el también senador nacional del Movimiento Popular Neuquino explicó que con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional «se está interviniendo directamente sobre la actividad del no convencional».
«Esto es una puñalada artera a la actividad hidrocarburífera. Antes de tomar estas decisiones, el Ejecutivo debería de haber consultado a todos los actores, quienes teníamos mucho para aportar. Es algo que generará conflictos con los 25.000 trabajadores del petróleo que hay en Neuquén».
El dirigente observó que se interviene sobre «la única actividad, junto al campo», que se encuentra «en pleno desarrollo y trae inversiones al país». Pereyra reclamó que Macri convoque «rápidamente a una mesa de diálogo entre los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, sindicatos y el Poder Ejecutivo».