Ayer se conoció un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) que da cuenta de que en Argentina uno de cada tres niños sufre hambre en la zona del Conurbano bonaerense. La carencia no solo apunta a los nutrientes esenciales para contemplar una buena alimentación y un apto desarrollo infantil. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, también existen dificultades notorias para el acceso al agua potable. Estas conclusiones fueron expuestas en el documento técnico titulado “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados”.
El trabajo determinó que la llamada Inseguridad Alimentaria Severa (IAS), padeció un notable aumento durante el transcurso del último periodo interanual, el cual se dio entre el 2017 y el 2018. Y se consignó que se alcanzaron los más altos niveles en la serie 2010-2018.
De acuerdo con lo elaborado por la UCA, la Inseguridad Alimentaria Total (IAT) es la variable que expresa la reducción de alimentos en la dieta en los últimos 12 meses a causa de dificultades económicas. Mientras que la ya mencionada IAS abarca a quienes experimentaron “hambre” por la falta de comida en el anterior año.
En ese marco, la IAT ascendió del 21,7% en el 2017 hasta el 29,3% en el 2018 a nivel nacional. Con respecto al Conurbano, este índice arribó al 35,8% luego de partir de una base ubicada en torno del 26,7%. En tanto la IAS subió del 9,6% al 13% en la totalidad de la Argentina, mientras que en la provincia de Buenos Aires llegó al 17,4% partiendo del 11,6% a 17,4% en 12 meses.
En lo que hace al déficit de acceso al agua de red, esta problemática abarca al 14% de los hogares de las zonas urbanas que componen la Argentina y al 18% de los niños, niñas y adolescentes. Esos niveles casi se duplican a la hora relevar a las casas y a los NNyA que habitan el postergado conurbano bonaerense, 27% y 32% respectivamente.
Este problema afecta de forma más contundente a los niños, niñas y adolescentes de los estratos sociales muy bajos (43,1%) y bajos (38,7%), quienes transcurren sus vidas en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%), aquellos que viven en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%).